El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigó al juez federal Luis Armando Jerezano Treviño, y revisó más de 22 amparos que resolvió durante el periodo 2006-2011, algunos relacionados con casinos, en los que encontró irregularidades en sus fallos; pero también indagó su situación financiera-patrimonial y la de su círculo cercano, en la que se detectaron anomalías.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, se le inició un proceso administrativo que puede derivar en su destitución, y en caso de existir delitos se dará vista al Ministerio Público.

Juan Carlos Cruz Razo, magistrado presidente de la Comisión de Vigilancia del CJF, en entrevista con El Universal  informó el alcance de la investigación en torno al juzgador —suspendido desde septiembre de 2011—, en la que se verificaron los expedientes judiciales que tuvo a su cargo. En ese proceso también participaron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en busca de evidencias sobre su actuación.

El mismo procedimiento, reveló, se está siguiendo con un total de 18 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, suspendidos actualmente. Destacan dos magistrados y siete juzgadores federales, entre los que están Ricardo Hiram Barbosa Alanís, un juzgador de Nuevo León, con posibles nexos con Jerezano Treviño, en la emisión de resoluciones en favor de casinos del norte del país, cuyo caso se dictaminará en los próximos días.

Ayer ese diario informó que Jerezano Treviño es investigado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por lavado de dinero por un monto superior al millón y medio de dólares, como presunto producto de un pago del crimen organizado, pero aunque este caso no forma parte de los 22 amparos que revisó el CJF, ante la información publicada Cruz Razo anunció que también se procederá a investigar ese expediente que data de octubre de 2006.

Sobre la posible implicación del crimen organizado, dijo que “eso es algo que no podemos nosotros anticipar, ustedes mencionan que puede estar vinculado. Yo no puedo decirlo en estos momentos, porque no lo hemos juzgado en definitiva que esto no esté ajeno al crimen organizado, puede haber otras vinculaciones”.

El magistrado expuso que “la gran mayoría de servidores públicos son personas honestas que trabajan todos los días con el mayor ánimo, estos casos que nos traicionan y que salen, pues ni modo, tenemos que ventilarlos, no es nada agradable tener que hablar de esto para nosotros, porque es una vergüenza, pero necesitamos echarlos fuera del Poder Judicial”.

Detalló que al juez Jerezano Treviño el CJF lo indagó “derivado de su actuación jurisdiccional en asuntos más vinculados con casinos. Es una investigación muy amplia, comprende pues más de 22 juicios de amparo, es una labor de análisis de las determinaciones judiciales que tomó este servidor público en su momento, que redunda en el inicio hoy día de un procedimiento formal, al advertir que pudieran existir conductas que pudieran implicar una responsabilidad, se le va a llamar a cuentas ante el Consejo”.

Dejó en claro que se le respetará al juzgador su derecho de defensa, para que aporte pruebas, durante el proceso que se le inició el 23 de enero pasado, aunque hasta el momento no se le ha localizado para ser notificado, pero tampoco se le puede considerar prófugo cuando no existe resolución judicial alguna en su contra, hasta este momento.

Cruz Razo admitió que en este caso de Jerezano Treviño, “a la par de que encontramos elementos en su actuación jurisdiccional, encontramos también elementos sobre los que lo llamaremos a cuentas para decirle cuál es su situación, no sólo del servidor público, sino que abarca también a sus dependientes económicos”, a partir de la información que entregó la CNBV, así como las autoridades de Hacienda.

Aunque reconoció que este tipo de investigación que incluyó al círculo cercano del juez, “es un proceso lento”, ya que precisamente el CJF depende de la información que se le entregue sobre la situación financiera y patrimonial de los servidores públicos.

Las anomalías en los 18 casos que se indagan van desde posibles actos de corrupción, errores en los fallos o maltrato a subalternos, y se incluye a los magistrados Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Rafael Zamudio Arias; así como los jueces Álvaro Tovilla León, Francisco Martín Hernández Zaragoza, Juan Carlos Ríos Díaz, Pedro Cruz Ramírez y Araceli Trinidad Delgado. Además de nueve de sus colaboradores.

Hoy aprobarán diputados nuevo Código Penal

Los diversos códigos penales de las entidades del país serán unificados a partir hoy, cuando el pleno de la Cámara de Diputados discuta y apruebe esta nueva disposición que en esencia plantea abrir las audiencias penales, a fin de que puedan ser presenciadas tanto por las partes como por el público en general.

“La nueva legislación nacional prevé que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción, lo cual garantizará la transparencia del procedimiento”, señaló al diario 24 Horas el diputado del PRI Manuel Añorve Baños.

Explicó que esta modificación Constitucional prevé evitar los reiterados actos de corrupción que se presenten en cualquier etapa del proceso penal, tanto en las entidades como a nivel federal.

A partir de este miércoles, con la expedición del nuevo Código “se podrán declarar nulas todas las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales; reglamentar los actos de investigación como cateos, intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información, órdenes de aprehensión, detenciones, toma de muestras sin el consentimiento del imputado”.

También “el registro de la investigación, encubrimiento de la investigación, inspecciones corporales, entrevistas a testigos e imputado e identificación de sospechosos, así como incorporar mecanismos alternativos de resolución de controversias como la mediación o la conciliación”, señaló el también vicepresidente de la fracción del tricolor.

Por separado, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que la expedición de este nuevo ordenamiento será una herramienta eficaz para llevar a los delincuentes ante la justicia de manera pronta, certera y expedita.

Enfatizó que el Congreso de la Unión cumple con lo establecido en la reforma constitucional de 2008, donde se dio un plazo de ocho años para transitar a un nuevo modelo de justicia.

Indicó que una vez que se apruebe este Código, su entrada en vigor será gradual en todo el país, teniendo como fecha límite hasta el 2016 para concluir la unificación; “este proceso de modernización ya está en marcha, ante los enormes retos de violencia que sufren algunas regiones de nuestro país”, afirmó.

Ayer se cumplió con la declaratoria de publicidad de la minuta emanada el Senado de la República.