Hubo trato diferenciado, ambigüedad e incongruencia en los criterios de fiscalización aplicados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012, sostuvo el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN).

Durante la Decimaséptima Sesión Ordinaria en el Congreso del Estado, los diez legisladores panistas votaron en contra del dictamen de la Cuenta Pública 2012 por encontrar serias irregularidades como parte del análisis realizado al informe de resultados.

Julen Rementería del Puerto, coordinador de la fracción azul, dijo que entregaron al titular del ORFIS y a la Comisión Permanente de Vigilancia un documento de 443 páginas, donde se destacan las observaciones hechas por la fracción panista a las 1,020 auditorías, de las cuales 793 fueron financieras presupuestales y 227 técnicas de obras públicas.

El diputado reprochó en tribuna que el informe de resultados les fue entregado casi ocho días después de lo estipulado por la normatividad, documento que -dijo- posee una interpretación juarista: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.

Rementería del Puerto remarcó que debe existir daño patrimonial por arriba de los 409 millones de pesos que asegura  ORFIS, porque sus criterios de fiscalización son relativos -aplican para unos y para otros no- con algunos ayuntamientos, dependencias y fideicomisos que no lograron la justificación de sus gastos.

Precisó que dicho trato selectivo sucedió también con los entes fiscalizados que erogaron cantidades sin contar con el convenio correspondiente de las dependencias del gobierno estatal o federal, o bien con aquellos que no hicieron las cotizaciones convenientes de precios y calidad de productos y servicios.

El GLPAN a través de su coordinador, informó que se detectaron adquisiciones por adjudicación directa cuando no era el caso, así como entrega de anticipos para obras de administración directa no estipulados en contrato, o bien entrega de anticipos para obras que no fueron concluidas.

El ex alcalde de Veracruz indicó que se detectaron procesos de licitación efectuados de manera irregular, pago de obras inexistentes o montos elevados en comparación con los establecidos por el mercado; y la omisión de  sanciones y retenciones por atrasos o incumplimiento de contratos.

Con el respaldo de sus compañeros panistas, Rementería del Puerto comentó que algunos Fideicomisos Públicos hicieron transferencias bancarias sin contar con la Carta Instrucción del Comité a la Fiduciaria que da soporte a dichos movimientos financieros.

Acusó al ORFIS de no advertir un posible fraude fiscal por parte de servidores públicos que no declaran Impuesto sobre la Renta (ISR), al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el 2 por ciento sobre la nómina, y en el caso de los constructores, a la retención del 5 al millar (recursos para pagar la supervisión o en su caso la auditoría a la obra pública).

El diputado panista destacó que en el caso de los fideicomisos públicos se identificaron irregularidades importantes que fueron –a todas luces- exentas; específicamente en lo que el organismo llama “Desahorro”, cuando hay mayor gasto que ingreso.

Al votarse en el pleno el dictamen de la Cuenta Pública 2012, los diputados panistas Ana Cristina Ledezma López, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, María del Carmen Pontón Villa, Domingo Bahena Corbalá, Edgar Hugo Fernández Bernal, Alejandro Zairick Morante, Víctor Román Jiménez Rodríguez, Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, Jorge Vera Hernández y Julen Rementería del Puerto votaron en contra.

El GLPAN anunció –que aún aprobado el dictamen- no quitarán el dedo del renglón y exigirán al ORFIS sea objetivo, justo y profesional en su trabajo fiscalizador, por tratarse de recursos de los propios veracruzanos que deben ser administrados de manera transparente.