Xalapa, Ver. - Una red de despojo inmobiliario que opera mediante juicios civiles y mercantiles fraguados con presuntos documentos falsos y complicidades institucionales fue descubierta en la región de la capital del estado de Veracruz. El esquema, señalado por víctimas y abogados, habría afectado al menos a 150 patrimonios en los últimos ocho años.

Uno de los casos que detonó la investigación es una deuda mercantil de 270 mil pesos contraída en 2019 se transformó en una exigencia de dos millones 450 mil pesos. El objetivo final no era cobrar el dinero, sino quitarles a los afectados una propiedad cuyo valor real en el mercado era mucho mayor.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) apuntan al abogado Roly Domínguez Romero como el presunto cabecilla de esta estructura a la que se le bautizó como Cártel Inmobiliario. Ante su presunta participación en los delitos, las autoridades ofrecieron una recompensa de 350 mil pesos para dar con su paradero.

De acuerdo con las pesquisas, los involucrados habrían utilizado pagarés, contratos y escrituras presuntamente apócrifas—incluyendo la supuesta falsificación de firmas notariales— para iniciar litigios. En estos procesos, los derechos litigiosos eran cedidos rápidamente entre prestanombres para enturbiar el origen legal de las demandas.

LA DEUDA QUE CRECIÓ CASI 10 VECES

Según las víctimas, la deuda que creció casi 10 veces –de 270 mil pesos a dos millones 450 mil pesos– es un ejemplo de las múltiples irregularidades que ocurren de forma repetida en juicios civiles y mercantiles donde participan

De acuerdo con las víctimas del Cártel Inmobiliario, dicho expediente es un ejemplo de las múltiples irregularidades que ocurren de forma repetida en juicios civiles y mercantiles donde participan abogados, notarios públicos y funcionarios ligados a esa red de despojo.

El objetivo final del incremento de la deuda no era cobrar el dinero, sino quitarles a los afectados una propiedad cuyo valor real en el mercado es mucho mayor.

Dentro de las actuaciones documentadas se encuentra que el abogado que Roly Domínguez adquirió la cartera del inmueble el 7 de marzo de 2023 mediante una cesión onerosa de derechos litigiosos y de crédito, operación que fue ratificada ante notario público e inscrita tres días después en el Registro Público de la Propiedad.

En ese procedimiento aparecen como abogados patronos Pedro Damián N y Miguel Isaac N, quienes fueron detenidos el pasado martes 8 de septiembre y se quedaron en prisión preventiva como presuntos responsables de los delitos de fraude y fraude procesal.

Meses después de que Roly Domínguez adquirió la cartera, el 6 de octubre de 2023, los derechos relacionados con el adeudo fueron cedidos a otra persona mediante una operación realizada bajo la misma modalidad y ante el mismo fedatario.

El movimiento quedó registrado el 25 de octubre de ese año. Nuevamente apareció Pedro Damián N como representante legal. Los denunciantes sostienen que en esa documentación se habría falsificado la firma del notario público.

Las víctimas afirmaron que el Cártel Inmobiliario replica el mismo modus operandi en varios casos recurriendo a pagarés, contratos, certificaciones, escrituras y otros documentos presuntamente apócrifos para iniciar litigios con los que posteriormente se buscaba despojar de propiedades a sus dueños.

FUNCIONARIOS, JUECES Y MAGISTRADOS LIGADOS AL CÁRTEL INMOBILIARIO

También denunciaron una posible participación de servidores públicos encargados del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Xalapa y Veracruz, donde presuntamente se habrían inscrito documentos cuestionados.

A ello suman acusaciones sobre la intervención de integrantes del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PEJV) que habrían permitido que los procedimientos avanzaran hasta llegar a adjudicaciones inmobiliarias.

En los señalamientos aparecen la jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Xalapa, Patricia Aburto Córdoba, y el juez Leopoldo Toss Capistrán.

Asimismo, los afectados mencionaron a los magistrados Jonathan Cortés Vargas y Violeta Condado Zagada, a quienes atribuyen una presunta intervención para modificar o revocar resoluciones. Además, señalaron a Juana Martínez Espinosa como supuesta intermediaria.

ABOGADO ROLY DOMÍNGUEZ, EL PRESUNTO LÍDER DEL CÁRTEL INMOBILIARIO

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó el pasado 9 de septiembre sobre una recompensa de 350 mil pesos para quien aporte información útil que permita localizar a Roly Domínguez Romero, mientras que las investigaciones ya derivaron en la detención de tres personas relacionadas con el caso.

Miguel Isaac N y Pedro Damián N fueron imputados y quedaron sujetos a prisión preventiva después de una audiencia celebrada en los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec. Posteriormente, la fiscalía ejecutó una tercera orden de aprehensión contra Jese Miguel N, investigado por fraude y fraude procesal.

En su audiencia inicial también se le impuso prisión preventiva justificada por un año y se fijó el 14 de septiembre para continuar con el proceso.

Los afectados sostienen que el problema podría alcanzar al menos 150 casos registrados durante los últimos ocho años, principalmente en Xalapa, Coatepec, Alto Lucero, Actopan, Rafael Lucio, Jilotepec, Banderilla, Tlalnelhuayocan y Córdoba.

También afirmaron que se utilizaron documentos presuntamente falsificados para impulsar juicios que terminaron en lanzamientos, desalojos o pérdida de propiedades.

De acuerdo con Antonio Selem, uno de los representantes de los agraviados, tan solo Miguel Isaac N aparece relacionado con más de 50 expedientes en los que habría participado como representante legal, demandante, tenedor de pagarés o beneficiario final de inmuebles.

Los denunciantes demandaron que las investigaciones no se concentren únicamente en los abogados detenidos y que se determine la posible responsabilidad de funcionarios, actuarios, peritos, jueces y notarios que pudieron haber intervenido.

INVESTIGACIONES LLEVAN A CATEOS

Como parte de la investigación, las autoridades ministeriales realizaron además tres cateos en Xalapa. En los inmuebles intervenidos fueron asegurados vehículos, mobiliario, expedientes civiles, escrituras notariales, identificaciones y equipos de cómputo que quedaron bajo resguardo de la autoridad.

El caso también provocó protestas ciudadanas. Habitantes se manifestaron en el fraccionamiento Monte Magno el pasado 7 de septiembre y exhibieron públicamente el nombre y rostro del abogado Roly Domínguez Romero.

Ricardo Rojas, uno de los inconformes, señaló que desde diciembre de 2025 existe una denuncia ante la fiscalía y reclamó que las investigaciones no avanzaron conforme se aportaron pruebas.

Los manifestantes aseguran que al menos una decena de personas atraviesan situaciones similares y que entre los bienes afectados se encuentran ranchos, fincas, casas y residencias.

Ante ello, exigieron una revisión de los expedientes civiles en los que se hayan autorizado adjudicaciones inmobiliarias y pidieron que se establezcan responsabilidades para evitar que propiedades sean transferidas mediante procedimientos presuntamente irregulares.

JRG