Xalapa, Ver. - La asignación de un presupuesto cercano a los 13 mil millones de pesos para el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en 2027 es urgente para evitar que el organismo enfrente un escenario de colapso financiero que comprometa el pago de las pensiones, advirtieron organizaciones sindicales y de jubilados.

Durante una conferencia de prensa, los representantes sindicales señalaron que los recursos contemplados para el próximo ejercicio fiscal deben cubrir de manera suficiente las obligaciones del IPE, particularmente las relacionadas con el pago puntual de las prestaciones a más de 38 mil jubilados y pensionados.

Raúl Augusto Maldonado Loeza, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado (STIPE), hizo un llamado al Gobierno de Veracruz y al Congreso local para garantizar que en el Presupuesto de Egresos 2027 se contemplen los recursos necesarios para mantener la operación financiera del instituto.

Advirtió que una asignación menor a las necesidades reales del organismo podría traducirse en dificultades para cumplir oportunamente con las pensiones y generar una situación financiera cada vez más complicada.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Los sindicatos también plantearon que el Gobierno estatal mantenga su responsabilidad como responsable solidario del IPE, conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Ley de Pensiones vigente, y que se utilicen mecanismos presupuestales como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para atender esta obligación.

De igual manera, manifestaron su rechazo a cualquier intento por sustituir el actual sistema solidario de pensiones por un modelo basado en cuentas individuales, al considerar que representaría una afectación para los trabajadores en activo y para quienes ya reciben una pensión.

Las organizaciones insistieron en que la seguridad social constituye un derecho que debe ser garantizado por las instituciones y recordaron recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, relacionadas con la obligación de asegurar el pago oportuno de las pensiones.

Entre los antecedentes mencionaron la Recomendación 32/2018 de la CNDH y la 16/2016 de la CEDHV, en las que se plantearon medidas para evitar afectaciones a las personas pensionadas.

El pronunciamiento fue respaldado por el STIPE, la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz A.C., el STIRTT y el Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa.

Los representantes sindicales advirtieron que no garantizar los aproximadamente 13 mil millones de pesos solicitados podría llevar al IPE a enfrentar un escenario financiero crítico, con consecuencias directas para miles de jubilados y pensionados.

Además, señalaron que cualquier retraso o incumplimiento en el pago de las pensiones podría provocar movilizaciones y protestas en distintos puntos del estado, al considerar que se trata de un sector que depende de manera directa de estos recursos para cubrir sus necesidades.

JRG