Xalapa, Ver.– Alrededor de 90 trabajadores de distintas dependencias del Gobierno de Veracruz permanecen a la espera de resolver trámites laborales, principalmente relacionadas con laudos, nombramientos definitivos, reconocimiento de antigüedad, prestaciones y seguridad social, informó Acdmer Antonio Galicia Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz.

El dirigente sindical acudió a la guardia de honor realizada en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque Los Berros, donde señaló que los casos involucran a empleados de áreas como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Finanzas y Planeación, Contraloría General del Estado, Sedarpa, Protección Civil, Turismo y Comunicación Social.

El funcionario explicó que originalmente la organización promovió un amparo en beneficio de 144 trabajadores para reclamar la aplicación de la clave sindical y el reconocimiento de diversos derechos laborales. Con el paso de los años, la cifra se modificó debido a que algunos empleados obtuvieron su base, otros dejaron de pertenecer al sindicato y algunos fallecieron.

Actualmente, precisó, 90 trabajadores continúan dentro de los procedimientos, mientras que 57 mantienen pendientes diversos trámites laborales derivados de sus respectivos casos.

Avances por dependencias y negociaciones con Sefiplan

Galicia Campos detalló que en uno de los procesos, 33 trabajadores de la SIOP lograron resoluciones favorables que reconocen su derecho a obtener un nombramiento definitivo como personal de base; sin embargo, aún falta concretar el cumplimiento de los pagos establecidos en los laudos.

El dirigente explicó que, de acuerdo con las conversaciones sostenidas con la Secretaría de Finanzas, se busca primero regularizar la situación laboral de los trabajadores mediante sus nombramientos definitivos y posteriormente aplicar la clave sindical, con lo cual podrían acceder a las prestaciones correspondientes.

No todos los expedientes tienen las mismas características

Algunos empleados únicamente reclamaron el reconocimiento de su nombramiento, mientras que otros iniciaron procesos para exigir también antigüedad, seguridad social y diversas prestaciones económicas.

Los montos varían en cada expediente dependiendo de los derechos reconocidos, estimando casos con pagos de 400 mil, 500 mil, 800 mil y hasta un millón de pesos.

“Ya estamos en la etapa de ejecución”, afirmó el líder sindical, quien señaló que algunos de los procedimientos jurídicos llevan aproximadamente seis años debido a la duración de los litigios.

El líder destacó que ve necesario establecer mecanismos más rápidos para resolver este tipo de conflictos, sobre todo porque existen requisitos jurídicos y administrativos que deben cumplirse para transformar una plaza temporal administrativa en un nombramiento definitivo o de base.

El paso del tiempo ha tenido consecuencias irreversibles para los trabajadores involucrados. Galicia Campos lamentó que cinco empleados hayan fallecido durante el desarrollo de los procesos, por lo que ahora sus familias reclaman, entre otras prestaciones, el pago del seguro institucional correspondiente.

Como ejemplo de la dilación, mencionó el expediente de un trabajador de la Contraloría General del Estado, adulto mayor y con más de 30 años de servicio, quien ha solicitado públicamente que se haga efectivo el fallo que reconoce sus derechos laborales.

AC