Xalapa, Ver.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene pendientes alrededor de 80 carpetas de investigación relacionadas con denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), informó su titular, Stephany Rosas Méndez.

La fiscal explicó que cuando asumió el cargo encontró un rezago de 151 carpetas de investigación, por lo que durante los meses recientes se han cerrado o determinado alrededor de 70 expedientes.

Sin embargo, aclaró que no todos los casos concluidos llegaron ante un juez, debido a que algunos fueron judicializados y otros terminaron mediante mecanismos alternativos de solución de controversias o acuerdos de reparación del daño.

“Eran 151 denuncias que se hicieron, 151 carpetas de investigación. Actualmente ya nada más me quedan un aproximado de 80 carpetas ya por finalizar”, señaló.

Fiscalía Anticorrupción atiende rezago del ORFIS

Rosas Méndez reconoció que al asumir la titularidad de la fiscalía encontró un número importante de investigaciones sin resolver, correspondientes a la administración anterior, encabezada por Clementina Salazar Cruz.

“Yo llego a la Fiscalía con un rezago impresionante. El día que tomé protesta les dije: ‘Yo me quiero enfocar en ver por qué las carpetas de investigación no avanzaban’”, declaró.

De acuerdo con la funcionaria, una de las principales causas del atraso era la falta de coordinación entre las distintas dependencias que participan en la integración de las investigaciones.

Explicó que muchas de las carpetas requieren información, documentos, auditorías y otros elementos que deben ser proporcionados por diferentes instituciones. La falta de comunicación entre las áreas involucradas, dijo, terminaba retrasando los procedimientos.

“Mucho de lo que no avanzaba era la perfecta coordinación que antes no se tenía y que ahora se tiene, que eso nos ha permitido integrar mejor las carpetas y avanzar más rápido”, sostuvo.

No todas las carpetas llegan ante un juez

La fiscal explicó que una denuncia presentada por el ORFIS no necesariamente termina en una acusación penal ante un juez.

Dependiendo de las pruebas disponibles y de las condiciones de cada expediente, algunos casos pueden concluir mediante salidas alternas contempladas en el sistema penal acusatorio, incluidos mecanismos de reparación del daño.

Rosas Méndez rechazó que todos los expedientes pendientes puedan resolverse simplemente acelerando los procedimientos.

Aunque consideró deseable reducir los tiempos de investigación, advirtió que los casos relacionados con posibles actos de corrupción requieren revisar documentos y elementos financieros y administrativos antes de determinar si existen pruebas suficientes para una eventual judicialización.

“Claro que se acorten los tiempos, pero el acortar los tiempos no es eficiencia”, afirmó.

La fiscal sostuvo que las investigaciones por posibles actos de corrupción requieren especial precisión debido a la cantidad de elementos que deben analizarse antes de llevar un expediente ante los tribunales.

“Los hechos de corrupción son muy minuciosos, tienen que llevar más precisión para poder nosotros llegar a una correcta judicialización”, señaló.

Por ello, consideró que cualquier reforma encaminada a reducir los plazos de investigación debe evitar que la presión por cerrar expedientes termine debilitando las carpetas y provocando que casos sin elementos suficientes sean llevados ante un juez.

AC