Xalapa, Ver. - El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, aseguró que los procedimientos para retirar el fuero a los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste no obedecen a una persecución política, sino a solicitudes presentadas por la Fiscalía General del Estado que deberán seguir el proceso legal correspondiente.

El legislador de Morena afirmó que el Congreso no resolverá si Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez son culpables o inocentes de los delitos que se les atribuyen, sino que únicamente determinará si existen elementos para retirarles la inmunidad procesal y permitir que enfrenten las investigaciones ante la autoridad ministerial.

“Nosotros no juzgamos a nadie; quien investiga es la Fiscalía. Ellos tienen todo el derecho de defenderse, presentar pruebas y contar con abogados que los representen”, expresó.

Bautista Hernández confirmó que ambos presidentes municipales ya fueron notificados del procedimiento y adelantó que, a partir del próximo martes, comenzarían las comparecencias ante la Comisión Permanente Instructora, órgano encargado de recibir sus argumentos y analizar las pruebas enviadas por la Fiscalía.

Precisó que la comisión definirá el calendario de audiencias y posteriormente elaborará un dictamen que será turnado al Pleno del Congreso, donde las y los diputados decidirán si procede retirarles el fuero constitucional.

HABRÁ IMPARCIALIDAD, AFIRMA

El coordinador de la bancada de Morena sostuvo que pidió a los integrantes de la Comisión Instructora actuar con imparcialidad y revisar a fondo los expedientes antes de emitir una resolución.

“Les dije que hagan bien su trabajo, que revisen todo con objetividad para garantizar un proceso imparcial”, comentó.

Bautista Hernández también reveló que uno de los alcaldes acudió recientemente al Congreso para informarse sobre el procedimiento, ocasión en la que le recomendó buscar asesoría jurídica para preparar su defensa.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que alguno de los ediles evada la acción de la justicia, aclaró que el Congreso no tiene facultades para ordenar detenciones ni imponer medidas cautelares.

“Nosotros no giramos órdenes de aprehensión. Lo único que hacemos, en su caso, es resolver si se retira o no el fuero para que comparezcan ante la Fiscalía”, señaló.

El diputado evitó abundar sobre los delitos que originaron las solicitudes de desafuero, al argumentar que las carpetas de investigación permanecen bajo reserva y corresponde a la Fiscalía sostener las acusaciones.

Los procedimientos involucran a los alcaldes de Movimiento Ciudadano Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván.

En el caso de González Martínez, la Fiscalía busca retirarle el fuero como parte de la investigación por la privación de la libertad y el homicidio de la periodista Roxana Guzmán.

De acuerdo con el expediente, un testigo declaró haber escuchado al edil solicitar a un presunto líder criminal que privara de la libertad a la comunicadora, porque supuestamente tenía una fotografía en la que aparecía portando un arma larga.

Respecto a Bertín Bravo Montero, la investigación está relacionada con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo en la zona de Barra de Chachalacas.

La Comisión Permanente Instructora será la encargada de revisar ambos expedientes antes de emitir los dictámenes que determinarán si los casos serán sometidos a votación del Pleno del Congreso.

Los procedimientos de declaración de procedencia no implican que los alcaldes sean responsables de los delitos investigados.

JRG