Córdoba, Ver.– El Ayuntamiento de Córdoba enfrenta un rezago laboral cercano a los 39 millones de pesos, acumulado a lo largo de tres administraciones municipales, dos emanadas del PAN y una de Morena, lo que mantiene presión sobre las finanzas públicas.

El adeudo corresponde a extrabajadores que dejaron de laborar principalmente entre 2016 y 2018, cuando gobernaban los panistas Tomás Ríos Bernal y Leticia López Landero, cuyos casos, en su mayoría relacionados con despidos, permanecen sin resolución hasta la fecha.

A este escenario se suma que durante la administración del morenista Juan Martínez Flores tampoco se concretaron soluciones, por lo que el pasivo continuó en aumento.

La síndica Irene Sedas González admitió que el municipio enfrenta un problema heredado que apenas comienza a dimensionarse y, a la fecha, no existe claridad sobre cuántas demandas laborales están vigentes ni el monto exacto que corresponde a cada exempleado, debido a que los expedientes siguen en revisión.

La representante legal del Ayuntamiento de Córdoba subrayó que la falta de orden en los archivos y la forma en que se dieron las bajas en esos años han complicado el proceso.

 “Cada caso debe analizarse por separado para determinar si hubo despidos injustificados o si los procedimientos se realizaron conforme a la ley. Se está revisando todo desde el origen, porque no se puede pagar sin sustento. Hay expedientes incompletos y situaciones que no están claras”, señaló.

A pesar del monto millonario, son pocos los extrabajadores que se han presentado ante el ayuntamiento para exigir el cumplimiento de sus pagos. Hasta ahora, apenas un par de personas han iniciado acercamientos formales, lo que también retrasa la posibilidad de avanzar en acuerdos.

Mientras tanto, el pasivo sigue creciendo como una carga que limita la capacidad operativa del municipio, obligando a revisar con cautela cada movimiento financiero.

Sobre la actual administración, Sedas González aseguró que las bajas recientes se han realizado bajo lineamientos legales, intentando evitar que se repitan prácticas que deriven en nuevos conflictos laborales. Sin embargo, dejó abierta la puerta a que cualquier inconformidad sea llevada ante las instancias correspondientes.

“El alcalde Manuel Alonso Cerezo ha instruido atender los casos pendientes, aunque bajo un criterio claro: solo se pagará a quienes acrediten legalmente su derecho. El ayuntamiento enfrenta el reto de resolver un problema que no generó, pero que impacta directamente en sus finanzas”, agregó.

La revisión en curso definirá no solo cuánto se deberá pagar, sino también si hubo responsabilidades administrativas en el manejo de personal en años anteriores. (BRLH)