Xalapa, Ver.- El Congreso del Estado de Veracruz aprobó una reforma al artículo 230 del Código Penal local para actualizar la definición y sanción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero. El dictamen fue avalado con 39 votos a favor, siete abstenciones y sin votos en contra.

La reforma

La modificación, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, busca homologar la legislación estatal con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal y fortalecer el marco jurídico frente a uno de los delitos que mayor riesgo representan para la economía y la seguridad pública.

"El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita constituye una de las principales amenazas a la estabilidad económica, la integridad del sistema financiero y la seguridad pública del Estado", señala el dictamen.

Los cambios más relevantes

Entre las modificaciones destacan la ampliación de conductas que pueden configurar el delito: a partir de ahora se incluyen acciones como poseer, custodiar, convertir, retirar, recibir o transferir recursos de origen ilícito.

Se elimina también la condición que limitaba la sanción a quienes actuaran "a sabiendas y por cuenta de otra persona", sustituyéndola por una redacción más amplia que castiga a quien por sí mismo o mediante terceros participe en este tipo de operaciones.

La reforma incorpora además una nueva disposición para sancionar a quienes oculten o encubran el origen, destino o propiedad de recursos de procedencia ilícita.

Las sanciones

Se mantienen penas de entre 5 y 15 años de prisión, actualizando el esquema de multas: se sustituyen los días de salario por Unidades de Medida y Actualización (UMA), con montos de mil a cinco mil veces su valor diario.

Cuando los responsables sean servidores públicos, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad, sumando la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo equivalente al de la condena.
El dictamen señala que estados como Querétaro, Michoacán, Durango y Puebla ya han realizado ajustes similares para alinearse a los estándares federales en el combate a este delito.