Tlilapan, Ver.– El Congreso de Veracruz revocó el mandato de la síndica única de Tlilapan, Jovita Cortés Guzmán, a menos de 25 días para que concluya la actual administración del alcalde de Movimiento Ciudadano (MC), Jaime López Montalvo.

Tras la revocación, el Poder Legislativo instruyó llamar a la suplente, Elizabeth Salomé Ruiz Rosas, para que rinda protesta y asuma la Sindicatura Única durante los últimos días de la administración municipal. El acuerdo correspondiente será publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

La decisión se tomó tras confirmarse que Cortés Guzmán retuvo durante más de diez meses la firma electrónica oficial del Ayuntamiento, herramienta indispensable para la operación administrativa y fiscal del municipio. 

Según el dictamen legislativo, esta acción derivó en afectaciones directas al funcionamiento interno y ocasionó un daño económico a la Hacienda municipal, debido a multas y recargos acumulados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Comisión Permanente Instructora avaló la revocación de mandato en una sesión privada celebrada esta semana, ratificando la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV). 

El tribunal impuso a la síndica única de Tlilapan una inhabilitación de 10 años para ejercer cualquier cargo público y el pago de 202 mil 997 pesos, monto que deberá cubrir para resarcir el daño ocasionado al erario.

El caso se encuentra documentado en el expediente PRA/01/2023/SRC-IX, cuya sentencia quedó firme el 14 de agosto pasado.

La Contraloría General del Estado inscribió la multa en el Sistema Nacional de Personas Sancionadas, lo que abrió la puerta para que el Congreso iniciara formalmente el proceso de revocación de mandato, aun cuando la administración se encuentra a semanas de concluir.

Durante la audiencia del 20 de noviembre, la defensa de Cortés Guzmán argumentó que mantuvo la firma electrónica del SAT bajo su control para revisar movimientos contables en coordinación con la Tesorería municipal.

Los diputados de la Comisión Instructora descartaron esta explicación, al señalar que ninguna inconformidad interna justifica la retención prolongada de herramientas institucionales, esenciales para el funcionamiento diario del Ayuntamiento de Tlilapan.

El dictamen del Congreso determina que la conducta de la funcionaria constituye una falta administrativa grave, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre, al obstaculizar deliberadamente procesos administrativos y comprometer la estabilidad financiera del municipio.

(BRLH)