El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 338 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde, y 129 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), el dictamen que reforma la Ley Aduanera, iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de septiembre.

Tras un debate de cuatro horas en San Lázaro, la oposición acusó a la mayoría de impulsar cambios con fines meramente recaudatorios, que complican trámites y amenazan la competitividad del comercio exterior, responsable del 75 por ciento del PIB nacional.

La diputada de MC, Patricia Flores, criticó que la reforma "no toca el fondo del problema ni corrige la corrupción dentro del gobierno", sino que carga a agentes aduanales con responsabilidades desproporcionadas, elevando multas hasta en 300 por ciento del valor de mercancías y afectando cadenas de suministro integradas, como el sector automotriz en Norteamérica.

Los argumentos a favor de la reforma

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), defendió el dictamen al argumentar que responde a desafíos de un comercio internacional creciente y a la delincuencia organizada.

Explicó que la reforma modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9, eliminando el carácter vitalicio de las patentes aduanales, ahora con vigencia de 20 años, prorrogable por igual periodo, y certificación obligatoria cada tres años.

Según Altamirano, acabará con malas prácticas que permitieron un "desfalco histórico" de 600 mil millones de pesos en evasión de impuestos por combustibles, equivalente a la mitad del presupuesto educativo 2026 o 60 por ciento del gasto en salud pública.

El nuevo Concejo Aduanero

Dentro de esta nueva ley se crea el Concejo Aduanero, presidido por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Este órgano otorgará, renovará, suspenderá o extinguirá patentes y autorizaciones, reforzando la vigilancia en operaciones.

Además, establece responsabilidad de agentes aduanales en importaciones y exportaciones, eliminando excluyentes previas que los eximían si la información falsa provenía de importadores o exportadores.

La propuesta quiere fortalecer controles digitales para recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos, incorporando el Régimen de Depósito Fiscal en almacenes generales y el de Recinto Fiscalizado Estratégico en programas de diferimiento arancelario, con depósitos en cuentas de garantía para contribuciones.

Asimismo, introduce un procedimiento simplificado para empresas de mensajería y paquetería, y actualiza facultades de ANAM y SAT para convenios en tecnologías con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En materia de sanciones, endurece penas para recintos que permitan salida de mercancías sin formalidades o pago de impuestos, exigiendo documentos que acrediten vigilancia en países de tratados comerciales.

Para el Esquema de Certificación de Empresas (OEA), impide recertificación por cinco años tras cancelación, y de por vida si implica delitos fiscales. (PSR)