Xalapa, Ver. – La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó tener cualquier vínculo con las empresas que, según una investigación de Animal Político, recibieron más de 700 contratos por adjudicación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y están ligadas a un socio de su yerno.

De acuerdo con el reportaje, entre 2020 y 2022 las compañías Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales, vinculadas a socios de Fernando Bilbao —yerno de Nahle—, recibieron contratos por más de mil 100 millones de pesos. Las adjudicaciones, que suman 761 en al menos 20 estados del país, se realizaron a pesar de irregularidades sanitarias y sobreprecios de hasta 885 por ciento en medicamentos.

Ante los señalamientos, la mandataria estatal negó cualquier relación personal o profesional con los empresarios mencionados, Aldo Díaz Pérez y María Teresa Muñoz, y calificó como “falta de seriedad y profesionalismo” los señalamientos.

“Yo tengo un yerno, y el artículo dice que un amigo del amigo de mi yerno tuvo un negocio con el Seguro Social. Es una persona que no conozco, que no ubico, de la que no tengo idea. Al rato van a decir que mi vecino o el de enfrente hacen o dejan de hacer, y también va a ser mi responsabilidad”, declaró.

Nahle desestimó la investigación periodística al considerarla carente de rigor y reiteró su compromiso con la libertad de expresión, pero con responsabilidad.

“El 1 de diciembre, cuando tomé protesta, dije que el respeto es de ida y vuelta. Yo voy a respetar la libertad de expresión, siempre y cuando sea seria y responsable”, expresó.

La gobernadora insistió en que no conoce a las personas implicadas ni tiene relación con las empresas beneficiadas: “El amigo de un amigo de mi yerno… yo no sé de quién hablan. No conozco a esas personas, no están ligadas a mí”, dijo.

La investigación también señala que Ethomedical fue constituida en 2014, pero comenzó a recibir contratos millonarios en 2020, año en que la esposa de uno de los socios de Fernando Bilbao adquirió acciones. Pese a las observaciones de la Cofepris, que documentó condiciones insalubres y la suspensión de uno de sus almacenes, la empresa siguió recibiendo contratos por adjudicación directa.

El IMSS, por su parte, defendió la legalidad de los procedimientos, argumentando que se basaron en estudios de mercado y que no existía impedimento legal para contratar a dichas compañías, aunque algunos de los contratos presentan precios inflados de forma significativa.