Xalapa, Ver.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) fue creado hace casi 18 años en Veracruz para añadir transparencia en el ejercicio del Estado, sin embargo, ha estado en el ojo del huracán debido a varias polémicas. 

Desde detenciones de excolaboradores, amenazas de muerte a su titular, relaciones partidistas, hallazgo de aviadores, son algunas de las anomalías que fueron expuestas por este organismo autónomo.

Fue creado el 28 de agosto del 2007 con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, con base en el Artículo 30, de la Ley 848; se trataba de un Órgano Garante encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. 

En vísperas de su desaparición, luego de que los senadores aprobaran la disolución de la institución homóloga nacional, el INAI, en noviembre del 2024, en e-consulta Veracruz, realizamos una recopilación de los momentos polémicos que han volcado la atención pública en el IVAI.

Titular con corazón guinda

Actualmente, el IVAI está bajo la dirección del comisionado presidente David Jiménez Rojas, quien ha sido señalado por sus vínculos con Morena y por haber violado disposiciones legales desde su nombramiento como comisionado en 2021.

En octubre de ese año, su designación generó controversia, ya que la Constitución establece ciertos requisitos para ocupar el cargo, como no haber sido condenado por delitos dolosos, ni ministro de culto, dirigente de partido o candidato a un puesto de elección popular en los últimos años.

De acuerdo con información pública, Jiménez Rojas figuró como diputado suplente en la lista plurinominal de Morena ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 2021. Además, tampoco cumplía con el requisito de residencia. Pese a ello, los diputados locales de Morena le dispensaron estas condiciones y lo nombraron comisionado.

En junio de 2023, fue designado como comisionado presidente por un periodo de tres años. Si el Congreso local armoniza la reforma federal que extinguiría al IVAI, Jiménez Rojas sería su último titular.

No exento de riesgos, tras asumir el cargo como presidente recibió una corona fúnebre en su domicilio, una amenaza de muerte que surgió después de romper vínculos con un grupo político de Morena para apoyar la campaña de Rocío Nahle García, actual gobernadora.

David Jiménez Rojas, originario de la ciudad de México, llegó a Veracruz al inicio de la administración anterior, encabezada por Cuitláhuac García, cuando fue nombrado director del Registro Público de la Propiedad. Tras salir de ese cargo, llegó al OPLE como representante partidista.

¿Aviadores en el IVAI?

Entre las acusaciones contra el IVAI destaca la presencia de aviadores, como la diputada plurinominal de Morena, Victoria Gutiérrez Pérez. Según personal del organismo, Gutiérrez Pérez cobraba un sueldo de 36 mil 223 pesos mensuales en 2023, pero nunca asistió a trabajar.

La diputada estaba contratada como analista en el Departamento de Comunicación Social entre junio y octubre de 2023, percibiendo distintos conceptos como apoyo para pasajes y despensa. Trabajadores del IVAI constataron que nunca se presentó a trabajar en las oficinas. 

De acuerdo con la información pública, su contrato comenzó en junio de 2023, en ese mes percibió 2 mil 394 pesos. En los meses de julio, agosto y septiembre ganó 7 mil 815 pesos, respectivamente. Mientras que, en octubre, último mes que estuvo contratada, percibió la cantidad de 10 mil 384 pesos. 

En la nómina pública del IVAI los pagos vienen desglosados con diferentes conceptos como, por ejemplo, apoyos para pasajes, despensa y en el mes de octubre existe un concepto por aguinaldo.

Desde su llegada al Congreso local como diputada plurinominal ha subido a tribuna a criticar a las administraciones pasadas de desviar recursos y derrochar los recursos públicos del “pueblo bueno”. 

 
La diputada Gutiérrez Pérez es integrante de tres comisiones en la actual legislatura, una de ellas la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, ante la que este 23 de enero titular del IVAI compareció. 

Incluso, la legisladora señaló y dijo reconocer el trabajo que se ha hecho dentro del organismo calificándolo como el mejor en comparación con quienes estuvieron a cargo del IVAI anteriormente. 

Hasta ahora no ha habido pronunciamiento por parte del IVAI respecto a esta información que se dio a conocer a través de una investigación periodística. 

Las múltiples detenciones 

En los últimos años, excomisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) han sido detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE). Al menos una de estas aprehensiones fue señalada como un caso de persecución política, presuntamente relacionada con la entrega de información sobre la pasada administración de Cuitláhuac García Jiménez.

Los exfuncionarios detenidos incluyen a la expresidenta del IVAI, Yolli García Álvarez; los excomisionados Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal; y el excontralor Alfonso Velázquez Trejo. Actualmente, todos ellos se encuentran en libertad, excepto este último, quien fue sentenciado recientemente.

Yolli García Álvarez fue detenida el pasado 26 de marzo de 2020, acusada inicialmente de contratar a personal que no desempeñaba ninguna función dentro del IVAI y que cobraba elevados sueldos.

La FGE presentó acusaciones por los delitos de incumplimiento de un deber legal y peculado, supuestamente cometidos durante su gestión como comisionada presidenta, tanto al final del gobierno de Javier Duarte de Ochoa como durante el periodo del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Las autoridades no lograron sustentar estas acusaciones.

Adicionalmente, se le imputaron los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, presuntamente cometidos también durante su gestión al frente del IVAI, un organismo cuya responsabilidad es garantizar la transparencia en la información y la protección de los datos personales de las dependencias del gobierno estatal y los órganos autónomos.

En diciembre de 2022, García Álvarez fue liberada. De acuerdo con la información disponible, su liberación ocurrió debido a que no se demostraron pruebas suficientes en su contra y porque se excedió el plazo legal de prisión preventiva.

En mayo de 2024, García Álvarez declaró públicamente sobre el bloqueo institucional que enfrentó en su labor de garantizar el acceso a la información pública, lo que derivó en confrontaciones con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Asimismo, denunció el abuso de poder que la mantuvo encarcelada sin pruebas durante casi tres años.

Durante una ponencia, la excomisionada presidenta habló sobre las polémicas en las que estuvo involucrada bajo la actual administración. Recordó casos delicados relacionados con la falta de transparencia en el manejo de información pública, como los referentes al DIF estatal.

También habló sobre el arrendamiento de patrullas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el polémico parentesco entre el gobernador y Eleazar Guerrero, exsubsecretario de Finanzas y actual candidato a una diputación federal por la vía plurinominal en el proceso electoral en curso.

Finalmente, García Álvarez describió cómo ocurrió su detención y señaló que esta fue consecuencia directa de hacer su trabajo en pro de la transparencia. Subrayó que no existían pruebas que la inculparan, reafirmando que su encarcelamiento fue un acto injusto que marcó su vida personal y profesional.

Los excomisionados Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal fueron detenidos en mayo de 2022. Ambos renunciaron un día después de la detención de la ex comisionada presidenta Yolli García Álvarez, quien enfrentaba acusaciones por los delitos de peculado, es decir, malversación de recursos públicos.

El 18 de marzo de 2020, se presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra José Rubén “N” y Arturo “N”, señalándolos por  abandonar sus funciones al viajar a España, presuntamente incumpliendo con sus responsabilidades en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

Por su parte, Alfonso Velázquez Trejo, entonces contralor interno del IVAI, denunció diversos actos de corrupción ocurridos durante su periodo. Asimismo, la actual comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, reportó al Congreso local una serie de irregularidades detectadas en la administración del instituto.

Finalmente, la madrugada del sábado 28 de mayo de 2022, Rubén Mendoza y Arturo Mariscal fueron detenidos por los presuntos delitos de incumplimiento del deber legal y peculado, dentro del proceso penal 155/2022. Sin embargo, en 2023 ambos excomisionados fueron liberados tras obtener amparos federales que invalidaron las acusaciones en su contra.

También el Contralor

Alfonso “N”, excontralor del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), fue hallado culpable del delito de incumplimiento del deber legal en agravio del IVAI. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo el fallo condenatorio en julio de 2024, tras su detención en diciembre de 2022.

De acuerdo con las autoridades, la detención de Alfonso “N” se dio luego de una auditoría realizada durante la administración de Yolli García Álvarez, quien entonces se encontraba al frente del IVAI. Las investigaciones iniciaron tras ser notificadas las autoridades ministeriales de presuntas irregularidades en el manejo del instituto.

Tras las investigaciones correspondientes, las autoridades ministeriales detectaron irregularidades significativas en el Órgano Interno de Control, entre ellas un considerable rezago en la resolución de expedientes, lo que provocó un daño patrimonial al organismo.

Adiós, transparencia

A nivel nacional, los diputados federales determinaron la desaparición de algunos órganos autónomos, entre ellos el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). Como consecuencia, los congresos locales, incluido el de Veracruz, tendrán que modificar la ley para extinguir este organismo.

De acuerdo con los argumentos presentados por legisladores morenistas, las funciones del IVAI serán asumidas por la Contraloría del Estado, siguiendo lo planteado a nivel nacional. Además, se ha señalado que algunos trabajadores del IVAI serán recontratados en las nuevas estructuras.

Durante su comparecencia, el comisionado presidente David Jiménez Rojas defendió la reforma aprobada por el Congreso de la Unión. Informó que 108 trabajadores serán liquidados una vez que la reforma sea votada en el Congreso local. Mencionó que dichos empleados podrían ser absorbidos por la Contraloría o por el Congreso del Estado.

Jiménez Rojas explicó que la reforma busca una simplificación administrativa, lo que implica "hacer más con menos", trasladando las funciones actualmente desempeñadas por el Pleno del IVAI a los órganos internos de control. También detalló que el personal afectado es técnico y especializado, y que se requieren 8.5 millones de pesos para cubrir sus liquidaciones.