Veracruz, Ver.- La administración estatal morenista, la primera en Veracruz después de un bienio panista y décadas de hegemonía priista, está a poco menos de cuatro meses de concluir, dejando desdibujada una sus principales propuesta y estandarte de campaña: atención y respuesta a las desapariciones en el estado. 

El 1 de diciembre de 2018, durante el primer día del gobernador Cuitláhuac García, se publicó la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz.

En ella, se proponían acciones inmediatas para atender la desaparición de personas, un delito que incrementó de manera exponencial en el sexenio del priista Fidel Herrera Beltrán. Entre los puntos que proponía también estaba garantizar los derechos de las víctimas indirectas.

Durante este sexenio, que será precedido por otra morenista, la zacatecana Rocío Nahle, las desapariciones de personas no solo no se detuvieron, sino que aumentaron. 

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en corte a mayo de este año, en Veracruz ha aumentado en 59 por ciento el número de desapariciones desde que García Jiménez asumió la gubernatura.  

Las líderes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Veracruz coinciden en que en toda la entidad veracruzana, cada día desaparecen personas.

Lidia Lara, vocera del Colectivo Justicia y Dignidad, busca desde hace 7 años a su hermano, entonces era estudiante, y desapareció el 6 de junio del 2017 en un operativo realizado por elementos de la Policía Naval. 

“No deja de haber personas desaparecidas en Veracruz, todos los días nos llegan nuevos casos, todos los días”, expresó.

Para el gobierno de García Jiménez, atender la crisis fue otorgar presupuesto a la Comisión Estatal de Búsqueda (CEBV), organismo que opera acéfalo, sin una titular, así como asignar recursos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), han acusado las víctimas indirectas de este delito. 

Funcionarios al interior de la Secretaría de Gobernacion (Segob), han dicho que sí ha habido avances en esta materia, pues se creó la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos que busca darle seguimiento a la estrategia, así como desarrollar la comisión estatal de búsqueda.

De acuerdo con lo publicado en  la Gaceta Oficial del estado, los recursos de la CEEAIV incrementaron. En administraciones anteriores recibía 5.9 millones de pesos, sin embargo de 2019 a 2022 recibió 95 millones de pesos.

Este monto siguió incrementándose, en 2023 se destinaron 100 millones de pesos, y en 2024, 113.5 millones de pesos. 

Sin embargo, este dinero, en su mayoría, 70 de 100 millones de pesos, se destina al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Esta figura también fue creada durante esta administración estatal y se encarga de brindar apoyo económico a las familias de desaparecidos, por ejemplo, les dan becas a los hijos e hijas de padres desaparecidos, ayuda médica a toda la familia o de vivienda. 

La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) es otra de las instancias que se creó durante el gobierno de García Jiménez. Sin embargo, se ha enfrentado a una baja en su presupuesto entre 2023 y 2024, de poco menos de 2 millones de pesos. 

Su titular, Geiser Manuel Caso Molinari, renunció en mayo de 2019, tres meses después de asumir el cargo, y hasta el momento no han designado a un nuevo titular. 

Hay una encargada de despacho, Brenda Cerón Chagoya, contra quien pesan fuertes acusaciones, sobre todo de obstaculizar búsquedas de los familiares que exigen respuestas, como el caso de Olga Lidia Salazar Hernández, quien pidió su destitución. 

Ella cree que, desde entonces, se le han negado los recursos para buscar a su hija Marion Ivette Sampayo, desaparecida en 2011 en Poza Rica.

Otra de las crisis que no se han resuelto es la forense, pues de acuerdo a los datos que recabó y aportó la “Plataforma Ciudadana de Fosas”, que creó Data Cívica junto con otras organizaciones, en 17 años, solo 98 cuerpos y restos humanos localizados en fosas clandestinas han sido identificados y entregados a sus familias. 

ACUSAN CRIMINALIZACIÓN

La criminalización de las víctimas es otro de los errores que defensores de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos han evidenciado en el mandatario morenista, Cuitláhuac García Jiménez.

El caso más reciente de estos actos, señalaron expertos, fue el de cuatro personas desaparecidas en enero de 2024 en Ciudad Mendoza por agentes de tránsito municipal.

En aquella ocasión, García Jiménez mostró en una de las conferencias que ofrece una imagen de una de las víctimas junto a Roberto de los Santos, el Bukanas, uno de los supuestos líderes de la delincuencia organizada en la zona.

De esta forma, vinculó la desaparición de los cuatro trabajadores con disputas entre integrantes del crimen organizado. 

En noviembre de 2023 García Jiménez vinculó el crimen del asesinato de cinco personas, que fueron localizadas en una fosa clandestina en la comunidad El Castillo, con el narcomenudeo, de acuerdo con él, aparentemente consumían drogas en el lugar donde fueron secuestradas. Entre las víctimas había un niño de tres años.

Otro caso fue el de la desaparición de Viridiana Moreno,  ocurrida en mayo de 2022 en Cardel, municipio de La Antigua. Entonces no la criminalizó, pero negó que estuviera desaparecida. 

En una entrevista el mandatario estatal aseguró que la joven, que ya había sido reportada como desaparecida por sus familiares, estaba “resguardada”. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida, enterrado de forma clandestina. La FGE de Veracruz dio a conocer que el asesinato de Viridiana, era parte de una serie de crímenes contra mujeres cometidos por un posible feminicida serial. 

Otra de las negativas del gobernador, fue en el caso de cinco ejidatarios de la comunidad de Santa Rosa, en Actopan, que desde el pasado 15 de febrero no han vuelto a casa. Sus familiares señalaron que acudieron a una audiencia por una disputa de tierras en la Fiscalía Regional de Playa Linda, en Veracruz.  Luego no volvieron a saber de ellos.

El gobernador de Veracruz dijo, que se habían ausentado por su voluntad, argumentando que  están acusados de despojo y que, cuando iban a ser imputados, “ya no se presentaron”.

El vehículo de los ejidatarios fue encontrado precisamente en la Fiscalía, donde ellos lo habían dejado. 

¿DÓNDE ESTÁN?

En la entidad veracruzana han desaparecido casi 7 mil personas, de acuerdo con datos de la federación, de esta cifra, más de 2 mil 300 corresponden a la administración de García Jiménez.

La mayor parte de las desapariciones ocurren en Veracruz, Xalapa y Córdoba.

Esto posiciona a la entidad veracruzana como el cuarto estado con más desaparecidos en el país, apenas por debajo de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.

“Se sigue elevando, siguen las desapariciones forzadas, cometidas por servidores públicos, esto que está pasando nos da vergüenza, ¿cómo es posible que en este tiempo que se supone que todo iba a ser para bien, cuando nos prometieron infinidad de cosas, no se haya cumplido ni una?”, cuestiona la vocera del Colectivo por la Paz Xalapa, Sara González Rodríguez, madre de Ivanhoe Mass, desaparecido en marzo de 2010 en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.