Xalapa, Ver.- En caso de que los órganos de fiscalización comprueben que existe daño patrimonial en el municipio de Tamiahua durante el periodo de administración de Citlalli Medellín Careaga, la ahora diputada local, deberá responder ante las autoridades correspondientes, señaló el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

De acuerdo con los resultados de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la ahora diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incurrió en un presunto daño patrimonial de 9 millones 107 mil 660 pesos, cuando fue alcaldesa de Tamiahua.

“En caso de corroborar que existe en efecto un daño patrimonial, pues, se inicie el proceso judicial al cual también tendrán que atender como presuntos responsables(…) Es bueno, vamos a esperar a que los alcaldes o presidentas municipales aludidos, pues también respondan” declaró el gobernador de Veracruz.

En el 2022, la actual presidenta municipal de Tamiahua, Linda Guadalupe Rodríguez Torres, y ciudadanos, emprendieron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y solicitaron al Congreso del Estado juicio político en contra de la legisladora; siguen en espera de respuesta por parte de las instituciones.

Ante ello, el gobernador aseguró a la ciudadanía que hoy los órganos están actuando conforme a derecho, y deben realizarse los procesos de fiscalización correspondientes para comprobarlo.

“En este caso, la hoy diputada, también que de su opinión, es su derecho y que ellos se defiendan y argumenten a su favor y sobre todo atiendan la exigencia por parte del órgano fiscalizador”, señaló.

En el último año de administración de Citlalli Medellín Careaga se detectaron irregularidades en el concepto de Servicios Personales, donde se presume un probable daño a la Hacienda Pública por 8 millones 272 mil 530 pesos, correspondientes a pagos de 119 trabajadores sin categorías autorizadas en el tabulador.

En el apartado de Adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, la ASF encontró que la expresidenta municipal contrató a una empresa para el servicio de timbrado de nómina de enero a diciembre de 2021, sin presentar información legal, padrón de proveedores o evidencia de haber realizado algún procedimiento de adjudicación.