Xalapa, Ver.- En la casa marcada con el número 12, en la calle Huelva de la Colonia Higueras, en el municipio de Xalapa, solo venden galletas, papitas y refrescos. La dueña de la tiendita desconoce por qué la dirección de su negocio está registrada como el domicilio fiscal de Araly Rodríguez Vez, una persona física que recibió contratos millonarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

“Aquí vendemos papitas y refrescos, sólo hay dos tiendas”, asegura la mujer, que prefiere no decir su nombre.

La tiendita es un cuarto de un solo piso y con fachada rústica, ubicada en la calle Huelva esquina con Ibiza, dirección que aparece en varios contratos. Ambas calles son de terracería y se encuentran dentro de una colonia con problemas de servicios básicos, pues sus habitantes sufren fugas de agua y falta de drenaje.

En la fachada solo hay algunos carteles con publicidad y un número 12 marcado en grande. La dueña de la tienda vive en el mismo lugar desde hace año y medio, pero no tiene idea de quién es Araly Rodríguez Vez, identificada como trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). 

La trabajadora colocó la dirección como domicilio fiscal en los contratos millonarios que recibió de dependencias como la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integra de la Familia (DIF).

¿QUIÉN ES ARALY RODRÍGUEZ VEZ?

En la calle Huelva, ninguno de los vecinos sabe quién es la trabajadora de la SEV involucrada en la polémica por recibir contratos millonarios de la Cuarta Transformación veracruzana. Algunos de ellos viven en la colonia Higueras desde hace más de 20 años.

De acuerdo con declaraciones que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo el pasado 6 de febrero, Araly Rodríguez Vez es trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), dependencia de la que es titular Zenyazen Escobar. La empleada percibe un salario de 7 mil 200 pesos mensuales.

Araly está registrada como maestra en una escuela del municipio de Cosoleacaque, en el sur de Veracruz, a más de 400 kilómetros de la colonia Higueras de la ciudad de Xalapa, donde tiene dado de alta su domicilio fiscal.

Su nombre está registrado como persona física con actividad empresarial que recibió su registro como proveedora del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación el 12 de julio de 2022, con el folio fiscal 32084.

Pese a que su registro fue en 2022, la mujer recibió contratos por adjudicación directa desde 2020. Su actividad es “comercio al por mayor de mobiliario equipo e instrumento médico y de laboratorio”.

LOS CONTRATOS

Uno de los primeros contratos que Araly Rodríguez recibió del gobierno de Veracruz fue el número 021/2020. El contrato fue por adjudicación directa, es decir, que la presunta empleada de la SEV no tuvo competencia con otros proveedores.

El contrato fue firmado el 24 de marzo de 2020, por un monto de 10 millones 675 mil 77 pesos. La proveedora debía suministrar insumos o equipamiento para atender la emergencia sanitaria por el virus SARS-Cov-2, virus que causa la covid-19. 

Dicho contrato fue observado en 2021 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dentro de las inconsistencias de la Cuenta Pública 2020. La auditoría señala que Araly Rodríguez contaba con doble registro ante la SEFIPLAN y que no cumplía con la actividad para la que fue contratada.

“Se observa que para la fecha del contrato el proveedor no contaba con la actividad para la cual fue contratado, por lo que se presume que el proveedor adjudicado no contaba en el momento de la cotización y de la contratación con los recursos técnicos, humanos y económico”, cita la auditoría.

El segundo contrato otorgador a Araly Rodríguez Vez también fue por adjudicación directa y se ejecutó el 21 de abril de 2020. La contratación, marcada con el número 0147/2020, fue para la proveeduría de insumos o equipamiento para atender la emergencia sanitaria, a cambio de cinco millones 804 mil 706 pesos.

La Secretaría de Salud de Veracruz le otorgó un tercer contrato, el número 0306/2020, por adjudicación directa el 13 de agosto de 2020. Esta vez se le asignaron un millón 567 mil 995 pesos por insumos para también atender la contingencia sanitaria.

Araly Rodríguez Vez también obtuvo contratos en 2021 y 2022 con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que dirige Rebeca Quintanar Barceló, quien fue criticada el año pasado por no gastar de más de 444 millones de pesos.

El contrato marcado con el número AD-51-21 fue otorgado por el DIF estatal en 2021 y señala que la presunta empleada de la SEV recibió un millón 421 mil 46 pesos por la compra de 107 sillas de ruedas y 25 carriolas pediátricas para el programa “apoyos funcionales”.

Tambié en 2022 obtuvo otro contrato como proveedora de andaderas, bastones y sillas de ruedas para el mismo programa del DIF estatal. El documento, marcada con el número AD-32-22, señala que Araly Rodríguez recibió un millón 46 mil  968 pesos.

¿ES PRESTANOMBRES?

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció en su conferencia del pasado 6 de febrero que su administración investiga Araly Rodríguez Vez, sin embargo, aseguró que su papel como representante de la empresa que recibió contratos de su gobierno no es irregular debido a que esta puede escoger quien la representará en los procesos de licitación. 

De acuerdo con el gobernador, Araly no es dueña de la empresa que resultó beneficiada, sino su representante. Además, aclaró que conserva su puesto como maestra en una escuela de Cosoleacaque.

Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) manifestó este martes 7 de febrero que los órganos Internos de control de las dependencias son los primeros respondientes en la revisión de contratos a empresas o personas físicas, pues están obligados a verificar si quienes reciben las transacciones están legalmente constituidos.

“Los órganos Internos de control normalmente tienen a su cargo esta función, nosotros hacemos también una revisión y desde luego que también cada vez que se hace una auditoría se tiene muy presente que las operaciones que se realicen tienen que ir, tienen que revisarse de acuerdo al 69 B si es una empresa que no está señalada por el SAT como inexistente”, declaró.