La vinculación a proceso e imputación como presunto responsable de desaparición forzada de personas que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz realizó contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, abrió una luz de esperanza para las madres integrantes de los colectivos Solecito de Veracruz y Justicia y Dignidad.

Este 17 de noviembre la FGE emitió un comunicado donde anunció este hecho, por lo que deberá permanecer en prisión preventiva por un año y seis meses, en lo que se realiza la investigación, con esto su condena de nueve años podría alargarse.

Al respecto, Lucia Díaz Genao, vocera del colectivo Solecito de Veracruz, dijo que este acontecimiento brinda esperanza para las familias de los desaparecidos; no obstante, ahora la preocupación es que las autoridades determinen una sentencia condenatoria para evitar que el exgobernador salga de la cárcel.

“Si hay justicia, que a veces uno duda, si deberás se da la justicia, él no vuelve a salir a la calle en muchos años, yo creo que todavía hay esperanza, porque la lucha ha sido continua, la nuestra”, agregó.

Mientras que, Lidia Lara, vocera del colectivo Justicia y Dignidad, manifestó sentirse alegre y dan un voto de confianza a las autoridades para que tengan justicia, pues desde hace años anhelaban este momento, ahora se encuentran a espera de la resolución que pueda dar el juez.

“Con esto, va a ver muchos cambios. Este hombre fue la mente maquiavélica de muchas desapariciones de jóvenes que en el estado de Veracruz sufrieron a manos de tantos policías. Lo que queremos las familias es que se haga justicia y esta noticia nos llena de felicidad”, comentó Lidia Lara.

Historia de lucha de los colectivos

Son más de nueve años que las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en Veracruz tiene de lucha, donde exigen justicia y la pena máxima para el exgobernador, quien es señalado por desaparición forzada. El colectivo Solecito de Veracruz, llevó este caso a la Corte Penal Institucional (CPI), en La Haya el pasado 18 de octubre.

Con esta denuncia esperan que la Corte Penal haga una recomendación a las autoridades mexicanas con respecto a las desapariciones forzadas y exista una pena condenatoria para las personas que participaron en estos hechos.

Pese a que Duarte de Ochoa lleva preso desde el 15 de abril de 2017, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por los que le impusieron nueve años de prisión, las madres de los colectivos temían que saliera libre en cuatro años y no obtuvieran justicia por los delitos de desaparición de los que se le acusa.

Ahora con esta nueva sentencia se abre una posibilidad de esperanza de que el acusado continúe en la cárcel y así las familias de los desaparecidos obtengan justicia.

ys