XALAPA, VER. -  En mayo del 2017, en calidad de ciudadana, a pocos meses de terminar su periodo como diputada local, Marcela Aguilera Landeta presentó una denuncia contra el exalcalde de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano, por el presunto fraude en la rehabilitación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales en ese municipio de la Cuenca del Papaloapan.

Por más de cuatro años esta denuncia permaneció archivada hasta el 27 de noviembre de 2021, cuando Delfín Cano -entonces candidato a la dirigencia del PAN en Veracruz- fue detenido bajo los cargos de fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Para entonces, Marcela Aguilera ya era la directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE). 

El político panista que cumple ocho meses encarcelado en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, fue capturado a unos días de la elección interna del PAN, donde competía contra Joaquín Guzmán Avilés, político que a su vez era acusado por militantes de su partido de tener buena relación con el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros. 

El 9 de diciembre de 2021 la auditora general del estado, Delia González Cobos se habría acreditado la detención de Tito Delfín, por las denuncias interpuestas en el 2019, por la no comprobación de 2 millones 478 mil pesos que se desviaron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones (FISMDF).

Sin embargo, las faltas atribuidas a dicha observación 178/2012/073 por la obra construcción de planta de tratamiento de aguas residuales emisor sur en Tierra Blanca, se trataban de un tema administrativo. Delfín Cano debía comprobar documentación o, en todo caso, regresar el dinero observado. Y no se consideró daño patrimonial. 

Familiares y abogados de Tito Delfín refirieron que, en abril de 2022, un juez de control concedió seis meses de investigación complementaria a la Fiscalía Anticorrupción para que termine de recabar sus datos de prueba. 

La detención

El sábado 27 de noviembre, 23 días antes de la elección interna del PAN, policías ministeriales interceptaron a Tito Delfín sobre el tramo carretero Poza Rica – Tampico, a la altura del kilómetro 127, en el municipio de Álamo, en la zona norte del Estado.

De acuerdo con información aportad por la familia, un día antes, a las 8:40 de la noche, Luis Roberto Guerrero Maciel, fiscal especializado en la Fiscalía en combate a la corrupción, solicitó a un juez la orden de aprehensión contra Tito Delfín Cano. 

El 3 de diciembre se notificó los delitos que se le imputaban: abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y fraude. Ese día, el juez Adrián Reyes Acosta, determinó vincular a proceso al panista por un periodo de seis meses, que se cumplieron el 4 de abril de 2022. 

El pasado 16 de mayo un juez federal determinó que no había elementos para la detención y vinculación a proceso de Tito Delfín N, y ante esa decisión, la FGE presentó un recurso de revisión, es decir, será un Tribunal Colegiado en Materia Penal el que determine si la Fiscalía acreditó el delito, tal como ocurrió con el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo en el senado. 

Información oficial vs denuncias penales

Abogados de Tito Delfín aseguran que los hechos que acusó Marcela Aguilera Landeta al panista, habían prescrito, pues los hechos señalados presuntamente ocurrieron en 2012 y, dado que el periodo de vigencia de ese tipo penal es de tres años, vencía en el 2015.

Datos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de la Cuenta Pública del 2012, revelan que se observaron cinco obras del primer año de la administración del panista que son: la rehabilitación de camino Tres Puertas – Las mariposas, en la localidad Tres Puertas – Las mariposas; la rehabilitación de camino entronque carretero – Bolso de los Arano, de la localidad Bolso de los Arano. 

Así como la rehabilitación de camino Las mariposas - Paso limón, en la localidad de Las mariposas - Paso Limón; la ampliación de la rehabilitación del parque Benito Juárez, en la Cabecera Municipal y la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales emisor sur en la localidad de Tierra Blanca.

La auditoría que practicó la empresa Contadores Públicos y Consultores A, S.C., establecía que las metas y la situación física de la obra se reportaba como no terminada. Además, de que faltaba documentación comprobatoria de los gastos y pagos.

En la revisión se detectó que faltaban trabajos de formación de lagunas, cárcamo de bombeo, estructuras de entradas y salidas a lagunas anaerobias y facultativas, laboratorio, caseta de vigilancia, alumbrado interior y exterior, electrificación en media y baja tensión y alcantarillado sanitario. Se ordenó dar seguimiento en el 2013.

Como parte de la revisión se determinó que no existía daño patrimonial debido a que a la obra se le daría seguimiento en la revisión del 2013, sin embargo, eso no ocurrió.

Landeta avaló el gasto en Tierra Blanca cuando fue diputada

Marcela Aguilera Landeta fue diputada de la 53 Legislatura en el periodo de noviembre del 2013 a octubre del 2016. Durante esos tres años no pidió una auditoría especial o una revisión de seguimiento a la obra pública que se debió revisar en el 2013.

Por el contrario, aprobó las cuentas públicas de los años 2012, que se validó el 30 de enero del 2014. En ese momento, se determinó que Tierra Blanca formaba parte de la lista de 38 municipios en los que se presumía responsabilidad de carácter resarcitorio para los servidores o exservidores públicos por un millón 142 mil pesos.

Ese dinero se pagó por los servicios profesionales para la estabilización de la planta de tratamiento PROTAR 1, del Municipio de Tierra Blanca, dice el reporte oficial.

En el caso de la cuenta pública del 2013, que se aprobó el 30 de enero del 2015, se calculó un daño patrimonial por 800 millones de pesos en Veracruz, sin embargo, Tierra Blanca no formó parte de la lista.

En mayo del 2017, cuando ya no era diputada, Marcela Aguilera denunció al exalcalde Tito Delfín Cano, así como al alcalde en funciones Saúl Lara, sucesor de Tito Delfín, por los delitos de incumplimiento de un deber legal, peculado y delito ambiental.

En la lista de personas denunciadas estaba Andrés Esquivel Esmerado, exsíndico; Patricio Aguirre Solís, exregidor primero; y Tomás Ramón Olvera, exdirector del Organismo Operador del Agua.

La denuncia que formuló Aguilera Landeta fue porque se reportó como terminada la rehabilitación de la planta de tratamiento residuales número 1, ubicada en la carretera federal 145 y Río Arroyo Hondo, que costó 33 millones de pesos.

Además, por el gasto de 26 millones de pesos que se invirtieron en la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales número 2, Emisor Sur.

La denuncia penal la presentó en calidad de ciudadana, sin embargo, correspondía a una autoridad de fiscalización acudir ante la Fiscalía General.

Las otras denuncias contra funcionarios municipales

Según el registro del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) existe una denuncia contra quien resulte responsable por el manejo de dos millones 748 mil pesos, relativo a la observación FM-174/2017/009 DAÑ, del año 2017.

El dinero era del FISMDF y se transfirió de una cuenta a otra, y aunque parte de ese dinero se recuperó en la cuenta del fondo federal, más de dos millones no se reintegraron a la tesorería federal. Esa querella corresponde al periodo de Saúl Lara, sucesor de Tito Delfín.

Las viejas rencillas

Marcela Landeta compitió en el 2017 como candidata a la alcaldía de Tierra Blanca, ella quería suceder a Saúl Lara González en la presidencia municipal, sin embargo, ganó el panista Patricio Aguirre Solís.

En el 2013, el PRI postuló a Obed García Díaz, cuñado de Francisco Navarrete, como candidato a la alcaldía. Hacía campaña con Marcela Aguilera Landeta quien ganó la diputación por el distrito electoral local 8.

El cuñado de Navarrete fue derrotado en las urnas por el PAN, y fue después del doble triunfo de Acción Nacional (2013 y 2017) cuando Aguilera Landeta presentó la denuncia que tiene preso a Tito Delfín o Tito N.

Francisco Navarrete Serna fue señalado por autoridades federales como presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Blanca, ligado a la desaparición forzada de cinco jóvenes de Playa Vicente, en 2016. 

El 30 de mayo del 2020, Navarrete fue asesinado junto a otras cinco personas. El ataque ocurrió mientras él transmitía en vivo un concierto en el salón YemanYa, en la colonia Segundo Verde de Tierra Blanca. 

En 2016, Francisco Navarrete, su hijo Francisco Navarrete Abraham y un presunto lugarteniente, Junior Alarcón, fueron imputados por delincuencia organizada bajo la causa penal 45/2016 y ligados a la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, cometida el 11 de enero de 2016, durante el gobierno de Javier Duarte.  

Pero el 3 de agosto de 2019, los tres salieron del penal de máxima seguridad de Gómez Palacio en Durango, a causa de errores cometidos por la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR).

fp