En Veracruz, dos alcaldes electos que pisaron la cárcel podrían librar cargos en su contra por falta de pruebas y asumir la administración en Lerdo de Tejada y Jesús Carranza, municipios ubicados en el sur del estado.

Aun cuando los escenarios de los dos políticos son distintos, porque uno de ellos está en libertad y el otro sigue recluido en el penal de Tuxpan, ambos podrían administrar sus municipios, conseguir fuero y así blindarse ante futuras órdenes de aprehensión.

El 1 de enero entraron en funciones 207 alcaldías de los 212 municipios, y están pendientes cinco más. En cuatro de ellas donde se realizaron elecciones extraordinarias, que incluye a Jesús Carranza y que rendirán protesta el próximo 1 de junio; y Lerdo de Tejada, donde administra María Esther Arróniz López, síndica en funciones de presidenta.

Pasiano Rueda asumiría la alcaldía de Jesús Carranza y Ángel Vichi Lara sería el administrador legal de Lerdo de Tejada según el respaldo de los ciudadanos que los votaron, el seis de junio del 2021 y el 27 de marzo del 2022, respectivamente.

El abogado penalista, Celestino Espinosa Rivera, planteó que no existe impedimento legal para que Pasiano Rueda y Ángel Vichi, todo dependerá de la “voluntad política” para llamar al de Lerdo de Tejada, que ya está en libertad, luego de ser acusado de amenazas y extorsión, y liberar al alcalde electo de Jesús Carranza, acusado de ultrajes, portación de arma de fuego y delitos contra la salud, cuyas se han caído en tribunales.

Alcalde suplente de Lerdo podría entrar en funciones en abril

Ángel Vichi Lara fue registrado como candidato suplente del partido Morena por la alcaldía de Lerdo de Tejada. El propietario era Fabián N, detenido el 02 de diciembre de 2021 por el delito de secuestro agravado y ya en la cárcel se le notificó de una segunda carpeta por ese mismo delito.

El segundo en ser detenido fue el propio Ángel Vichi, quien minutos antes de rendir protesta, el pasado 31 de diciembre, fue intervenido por policías ministeriales que le presentaron una orden de aprehensión por los delitos de extorsión y amenazas.

Aunque no se tiene la fecha exacta en la que logró su libertad, como sí ocurrió con su prima Adriana Vichi imputada por ultrajes a la autoridad, el pasado 31 de marzo el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín confirmó que ya no está recluido, aunque dijo “por el momento”.

El alcalde suplente, que fue postulado por el partido Morena, informó al congreso local de su interés de ser llamado como administrador municipal desde el 15 de marzo, de acuerdo con un oficio que se leyó en la correspondencia -remitido el 10 de marzo del 2022-.

Ese mismo día, se dio entrada a un segundo oficio en el que se notificaba al congreso que se había superado el plazo de 60 días de ausencia en el cargo para el que fue electo Fabián N, lo que llevó al nombramiento provisional de María Esther Arróniz López.

La ley del municipio establece que cuando el alcalde se ausenta por un periodo de 60 días el síndico asume el cargo, cuando el periodo de licencia o separación provisional es mayor de dos meses, el Congreso debe nombrar un concejo ciudadano o llamar a nuevas elecciones.

Sin embargo, con la libertad de Ángel Vichi es posible llamarlo a rendir protesta, incluso, si la Fiscalía General del Estado continúa con la investigación en su contra por los delitos de extorsión y amenazas.

El abogado Celestino Espinosa planteó que lo legal es que el alcalde sea llamado a rendir protesta, pues en ningún momento ha sido sentenciado, por lo que siguen vigentes sus derechos político-electorales, y puede administrar el municipio.

No obstante, reconoció, depende de la voluntad política del congreso local, “la ley orgánica dice que, ante la ausencia del titular, se llama al suplente. El congreso le tomó protesta al síndico de manera temporal, pero está en posibilidad de llamar al suplente”.

En caso de que la Fiscalía mantenga vigente la carpeta de investigación contra Ángel Vichi, y encuentre pruebas de algún delito, tendría que solicitar al Congreso local un juicio de procedencia o desafuero para poderlo detener de nuevo, pues al asumir la administración municipal lograría la protección contra cualquier acción de la Fiscalía.

Lerdo de Tejada está ubicado en el sur de Veracruz, cuenta con más de 190 mil habitantes, y su presupuesto anual es de 71 millones 854 mil pesos.

¿Pasiano Rueda o Enrique Cruz?

El 1 de julio entrarán en funciones cuatro nuevos alcaldes de Veracruz, que fueron votados el 27 de marzo en elecciones extraordinarias. De ese grupo de potenciales autoridades destaca Pasiano Rueda, petista oriundo de Jesús Carranza.

En el municipio se repitió la elección tras la quema de paquetes electorales. Pobladores de Jesús Carranza se confrontaron con policías estatales -20 de junio de 2021- lo que llevó a la emisión de más de una veintena de órdenes de aprehensión, entre ellas una contra Rueda Canseco, por el delito de ultrajes.

El 31 de octubre se detuvo al petista, quien fue acusado de ultrajes a la autoridad -delito declarado institucional el 28 de febrero de 2022-, portación ilegal de un arma (calibre 25) y delitos contra la salud. A la fecha está recluido en el penal de Tuxpan, luego de que en una audiencia se le informó que no le podrían sobreseer el delito de ultrajes, porque su invalidez no había sido notificada al juez.

El 08 de noviembre la fiscalía informó que el entonces excandidato amagó con arma de fuego a elementos policiacos y al ser intervenido, le fueron encontradas en su poder 20 bolsas conteniendo sustancia ilegal. Por lo que se dio un mes más para complementar las investigaciones.

Después de la nueva jornada electoral, el 30 de marzo se confirmó en el cómputo municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Jesús Carranza que había ganado la elección con cuatro mil 552 sufragios, 600 más que el candidato de Morena, que quedó en segundo lugar.

El pasado 31 de marzo se tenía programada una audiencia con un juez federal, a quien se le pediría un amparo, con la intención de que un local ordenará sobreseer el delito de ultrajes a la autoridad, el que obliga a prisión preventiva, y que le permitiría rendir protesta de ley, el 1 de julio -cuando entrarán en funciones los alcaldes electos-.

La audiencia se retrasó debido a que el juez local de Acayucan no entregó la documentación requerida por el juzgador federal.

El secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos ha declarado en más de una ocasión que Pasiano Rueda no saldrá de la cárcel. Al respecto, el diputado Ramón Díaz Ávila valoró fuera de lugar su comentario, pues él no es juez del caso, y el tema está en el ámbito judicial, no del ejecutivo.

En caso de que el ganadero no salga de prisión antes del 1 de julio, será su suplente Enrique Cruz el que podría asumir la alcaldía del municipio que cuenta con una población de poco más de 28 mil 500 habitantes y un presupuesto anual de 99 millones de pesos.

Las “irregularidades” de la Fiscalía

Después de que el delito de ultrajes fue declarado inválido, la Fiscalía le notificó a Pasiano Rueda, sin audiencia de por medio, que se le había variado ese delito a tentativa de homicidio, lo que limitaría su salida del penal, pues ya no podría solicitar sobreseer ultrajes, pues el tipo penal se le había cambiado.

En el caso de delitos contra la salud, confirmó un familiar, podría salir bajo exhibiendo una garantía económica, al no ser un ilícito grave, incluso, si se sostiene el delito de portación de arma de fuego, por el calibre del arma que se afirmó traía, puede pagar una multa y salir en libertad.

La variación de tentativa de homicidio podría dificultar su salida, sin embargo, luego de que acusó que Pasiano Rueda amenazó con un arma a los policías, nunca apareció el objeto con el que propinó la agresión.

El abogado Celestino Espinosa comentó que, si se dio la variación de delito por tentativa de homicidio, es probable que se limite su libertad, pues es considerado un delito que amerita prisión preventiva, lo que podría impedir su toma de protesta.

No obstante, se tendrá que revisar si se notificó en la etapa intermedia de los cambios en la clasificación del delito, de lo contrario la FGE no puede modificar el delito que le imputó y por el que fue vinculado a proceso. Eso abre la posibilidad de salir de prisión y asumir la administración del municipio.

FP