La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns negó que sus elementos ministeriales hayan violado los derechos humanos de July “N”, implicada en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid en 2020. 

Al respecto, la servidora pública sostuvo que en todos los casos en que interviene, la FGE siempre ha respetado los derechos humanos. 

Sin embargo, en la recomendación 51 VG/2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acreditó graves violaciones a los derechos de July N como 
tortura y abuso sexual, tanto en la detención que se dio en la Ciudad de México, como en su traslado a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec. 

Hernández Giadáns dijo que tiene como plazo hasta este viernes para determinar si acepta o no la recomendación, apuntando que la FGE valora todos los elementos para proceder de una u otra manera. 

“Nosotros siempre hemos respetado los derechos humanos en cualquier caso y pues bueno, hemos aceptado y rechazado recomendaciones cuando hay elementos. 

“Se dará en su momento, todavía tenemos tiempo, el término vence mañana y ya estarán debidamente informados”, adelantó la funcionaria.

La fiscal evadió confirmar o descartar si en la detención y tortura de la mujer participaron elementos ministeriales de Veracruz y en su caso, respondió que "todo se hizo debidamente, respetando los derechos”. 

Cabe recordar que este miércoles, abogados veracruzanos confirmaron que tienen los nombres y las pruebas que confirman que sí hubo participación de policías ministeriales de Veracruz en la violación de derechos humanos de July "N", por lo que en breve serán denunciados.

De acuerdo con la recomendación, July “N” manifestó ante el juez de control que lleva su caso en Pacho Viejo que elementos ministeriales la habían violado, torturado y sobajado durante su captura como acusada del homicidio de la exrectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar. 

Sin embargo, los propios elementos de la FGE acusaron a la mujer de usar dicho argumento como “artilugio jurídico” para evitar la cárcel y no reportaron ninguna incidencia al ponerla a disposición del juez de control. 

“… se niegan total y absolutamente los hechos manifestados por V en virtud de ser totalmente falsos; se debe resaltar que V utiliza este medio de defensa, como un artilugio jurídico para evadir su responsabilidad penal por lo que deben desconsiderarse sus afirmaciones relacionadas”, señaló la FGE en un oficio dirigido al juez de control. 

Además, se evidenció también que aunque la FGE aceptó iniciar las supuestas indagatorias por los abusos de sus elementos, determinó el no ejercicio de la acción penal contra los ministeriales que participaron en la aprehensión.