Xalapa, Ver.- Del mes de marzo a diciembre del 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 31 quejas de igual número de ciudadanos que plantearon un abuso a sus derechos por parte de policías que los detuvieron por el delito de ultrajes a la autoridad.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez dio a conocer esa estadística ante diputados locales, donde afirmó no “guardó silencio institucional” ante la reforma al código penal que sanciona el delito de ultrajes a la autoridad. 

Planteó que la percepción de que no se pronunció resulta subjetivo, pues en su momento ellos explicaron por qué no podrían pronunciarse al respecto.

Sin embargo, fue enfática que desde la CEDH “no se ha guardado silencio” ante la polémica que generó la reforma que tipifica como delito grave los ultrajes a la autoridad, figura legal que se ha usado para meter a más de 2 mil personas a la cárcel.

“Emitimos un posicionamiento claro, que estábamos impedidos a emitir una opinión o pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la reforma”, arguyó.

En marzo del 2013 cobró vigencia la penalidad de cinco a siete años a quien cometa el delito de ultrajes a la autoridad, esa figura que configura en el momento en el que una persona agreda, lesione o insulte a policías estatales, municipales o ministeriales. 

En ese contexto, Namiko Matzumoto dijo que, a través de un boletín, se estableció de manera precisas las razones por las cuales no podía emitir una opinión, se denomina prohibición taxativa, lo que les impide poder opinar sobre la constitucionalidad de disposiciones ilegales o cuando se pueda comprometer o vulnerar la autonomía de la institución.

Y es que, dijo, si alguien se siente agredido por la aplicación de la figura del delito, la Comisión tendría que emitir un resolutivo, es por eso, que no se pueda pronunciarse  de manera anticipada sobre la violación de derechos humanos.

Argumentó que lo que hicieron fue ejercer su facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad, “cuando la comisión advierte que una norma puede eventualmente tener vicios de inconstitucionalidad, la ley los faculta para poder actuar ante la Suprema Corte”.

En ese sentido, recordó esta la acción 59/2021 y serán los ministros de la SCJN los que tendrán que deliberar en breve.

Diputados como Ruth Callejas Roldán, Arianna Ángeles Aguirre y Jaime de la Garza retomaron el tema de ultrajes a la autoridad y las detenciones arbitrarias de policías estatales.

Tras la participación de Ruth Callejas Roldán comentó que a la CEDH no le corresponde calificar si un acto o actividad de un particular constituye un delito, sin embargo, si deben revisar si la participación de una autoridad es en el marco del respeto a los derechos humanos de ciudadanos.

“Hemos recibido 31 quejas, 24 están en integración y el resto ya se encuentran en visitaduría para resolver, eso por cuanto a las quejas. La otra cuestión es que los procedimientos ante la Comisión Estatal son confidenciales, por lo tanto, solo pueden tener acceso las partes involucradas”.

Sin embargo, precisó ya están investigando casos como la detención de José Antonio y Rafael N, del municipio de Actopan, que fueron señalados de ultrajes a la autoridad, por negarse a vender a una cementera sus predios.

Además, está la queja de Oscar Felipe N, quien fue detenido por el solo hecho de que se le quedó viendo a un policía, “solo puedo señalar que en el primero de los casos el estado procesal es en trámite en la comisión de quejas; y el segundo de los casos, se encuentra en la dirección de atención a víctimas para ser referido a la visitaduría, para resolver”.