La reforma al Código Electoral de Veracruz para disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos con registro local en un 50 por ciento, presentada esta semana por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, asfixiaría económicamente a los que obtuvieron menor votación en los pasados comicios del 6 de junio.

Y es que reducirles a la mitad las prerrogativas a las que tendrían derecho en 2022 implicaría para éstos una fuerte presión en el sostenimiento de sus actividades ordinarias y su operación en sí.

Esta problemática la estarían viviendo fuertemente los Partidos del Trabajo y el de la Revolución Democrática.

En caso contrario, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el más votado en los comicios tanto legislativos como municipales, no sentirá de la misma manera la merma de los recursos públicos que año con año se les destinan a las fuerzas partidistas.

La intención de reducir el presupuesto a los partidos no es nueva. Ya en marzo del año pasado, García Jiménez planeaba presentar una propuesta que disminuyera los gastos en los procesos electorales locales.

Para ese entonces, sostenía que mediante un cambio en el Código Electoral del Estado y la Constitución de Veracruz, el gasto de cerca de mil 230 millones de pesos pasaría a 698, significando esto un ahorro superior a 532 millones.

En mayo de ese año, el Congreso del Estado aprobó las dos reformas que además incluían no someter a consulta popular la revocación de mandato de García Jiménez. 

Dos meses después, se aprobó retrasar el inicio de los comicios de noviembre a enero de este año, para cuadrar los tiempos entre la aprobación de la reforma y la normativa electoral que claramente señala hasta qué tiempo pueden hacerse modificaciones antes del inicio del proceso electoral.

Pese a que la reforma a la Constitución requería del aval de los municipios y estos empezaron a ceder, PAN, PRI y PRD acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en noviembre echó abajo la reforma por violaciones al procedimiento legislativo.

El control de Constitucionalidad de la SCJN determinó que no procedía el recorte presupuestario a los partidos y no podía reducirse el periodo de los alcaldes de 4 a 3 años.

Sin embargo, tras otras determinaciones de la propia Suprema Corte, es que se procedió a la presentación, nuevamente, de una reforma al Código Electoral para reducir a la mitad el financiamiento público únicamente a los partidos nacionales con presencia en el estado.

De esta forma, no es necesaria una reforma a la Constitución de Veracruz, pues con los antecedentes jurisprudenciales, se ha determinado que los estados gozan de libertad de configuración para legislar en la materia sin trastocar a los partidos locales, donde no pueden intervenir.

AHORRARÍAN MILLONES 

Con o sin cambios, a Morena le corresponderían el 30.82 por ciento del monto global de prerrogativas, esto es, si se mantiene la actual redacción del artículo podría disfrutar de 105 millones 459 mil 61 pesos para actividades ordinarias permanentes y 3 millones 163 mil 772 pesos para actividades específicas, al haber conseguido el 37.39 % de la votación; pero si se modifica, sus ingresos públicos serían de 52 millones 729 mil 530.5 pesos y un millón 581 mil 915.61 pesos, respectivamente.

Al Partido Acción Nacional (PAN), el segundo con más sufragios en las recientes elecciones (15.48 %), las prerrogativas para actividades ordinarias le bajarían de 51 millones 406 mil 137.9 pesos a 25 millones 703 mil 69 pesos; y para las específicas de un millón 542 mil 184.2 pesos a 771 mil 92.1 pesos.  

Al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el 10.49 % de la votación, le disminuirían los recursos de 39 millones 95 mil 590.8 pesos a 19 millones 547 mil 795.4 pesos para sus actividades ordinarias; y de un millón 172 mil 867.76 pesos a 586 mil 433.88 pesos para las específicas.

A Movimiento Ciudadano (MC), con el 7.31 % de los votos, su financiamiento bajaría a 15 millones 625 mil 196.3 pesos para actividades ordinarias y a 468 mil 755.8 pesos para las ordinarias. De no avalar la reforma propuesta por García Jiménez, mantendría las cantidades de 31 millones 250 mil 392.5 pesos y 937 mil 511.79 pesos, respectivamente.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 6.10 % de los sufragios, pasaría de recibir 14 millones 132 mil 635 pesos, es decir, la mitad de los 28 millones 265 mil 269.9 pesos que tendría para actividades ordinarias si no se cambia el Código Electoral. En cuanto a las actividades específicas, sus recursos caerían de 847 mil 958.1 pesos a 423 mil 979 pesos. 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que el pasado 6 de junio logró el 5.84 % de los votos, recibiría 13 millones 811 mil 919.3 pesos y 414 mil 357.5 pesos para actividades ordinarias y específicas, en vez de 27 millones 623 mil 838.5 pesos y 828 mil 715.1 pesos, que se contemplarían con el actual monto global fijado por el OPLE.

El Partido del Trabajo (PT), con el 3.69 % de la votación, pasaría de contar con 22 millones 319 mil 695 pesos y 669 mil 590.8 pesos a recibir 11 millones 159 mil 847.5 pesos para actividades ordinarias y 334 mil 795.4 pesos para actividades específicas. 

Finalmente, a Fuerza por México, que obtuvo apenas el 3.15 % de votación, le tocarían en vez de 20 millones 987 mil 491.5 pesos para actividades ordinarias, 10 millones 493 mil 745.8 pesos; y en lugar de 629 mil 624.7 pesos para las específicas, 314 mil 812.3 pesos. Cabe señalar que este partido quedaría con registro estatal al no conseguir la votación suficiente a nivel nacional, de ahí que podría quedar exento de los recortes.

AJUSTES SOBRE LA MARCHA 

El OPLE en su acuerdo OPLEV/CG329/2021 del pasado 27 de agosto, no distribuyó el monto total que destinaría a los institutos políticos en 2022, debido a que para entonces la mayoría de los triunfos tanto a las alcaldías como a las diputaciones locales, no habían adquirido definitividad y los resultados en cada caso podrían variar.

En ese entonces determinó que para los ocho partidos el financiamiento público sería de 363 millones 7 mil 830 pesos, dividido en 352 millones 434 mil 786 pesos para actividades ordinarias y 10 millones 573 mil 44 pesos para las específicas, además de 7 millones 48 mil 696 pesos para las franquicias postales, tasado dicho monto en la actual redacción del artículo 50, que se pretende modificar.

Ahora el titular del Ejecutivo busca que los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura cambien el porcentaje del valor de la UMA al 32.5 por ciento, es decir, la reducción del financiamiento sería del 50 por ciento, por lo que de proceder la reforma el monto que se asignaría para distribuirlo entre todos sería de 181 millones 503 mil 915 pesos.