Desde el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pasando por exalcaldes, pensionados, la Universidad Veracruzana, empresarios e incluso los jubilados, son algunos de los sectores que denunciaron, en la recta final de su gobierno a Javier Duarte de Ochoa y a funcionarios de su gabinete.

Entre estas denuncias figura Antonio “N”, el último secretario de Finanzas y Planeación y quien fue detenido este sábado en la capital veracruzana.

Aunque la mayoría de las acusaciones fueron por retención de diversos pagos, también hay por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal.

Estos son diez puntos sobre las acusaciones que pesan sobre el exfuncionario, pieza clave en la investigación contra empresas fantasma, que vía amparos libró por un tiempo las órdenes de aprehensión en su contra, pero que finalmente rendirá cuentas.

OBSTACULIZAR LABORES MERCANTILES

La empresa GB Plus SA de CV SOFON ENR acusó en su momento a Antonio “N” de abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, al obstaculizar aparentemente labores mercantiles entre la firma y trabajadores de la Salud, a los que hacían préstamos vía nómina.

En la acusación se vertieron también señalamientos contra Vicente Benítez González y Juan Manuel del Castillo González, ambos exdiputados locales y exservidores en Finanzas, y contra Adolfo Mota, exsecretario de Educación y Edgar Spinoso, exoficial mayor de la SEV.

La empresa obtuvo en 2016 un amparo para que la Fiscalía integrara las carpetas de investigación y decretara el ejercicio o no de la acción penal contrab exsecretario de salud y los mencionados exservidores.

MALOS MANEJOS EN RESERVAS DEL IPE

Pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) acusaron al Consejo Directivo de malos manejos en la reserva técnica, que fue usada para fines ajenos a los establecidos en la normativa.

En la denuncia, se señaló de manera directa a Antonio “N” y a otros integrantes como el exgobernador Flavino Ríos Alvarado y el excontralor Ricardo García Guzmán.

PAGOS A EMPRESAS DE BERMUDEZ

El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares destapó, previo a asumir el cargo, una red de empresas dirigidas por los hermanos y la madre del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita que prestaron presuntamente sus servicios a la SSP y a la que se le pagarían millones de pesos con el recurso del 3 por ciento a la nómina, que Duarte de Ochoa pretendía reetiquetar hacia el final de su mandato.

Yunes Linares advirtió de denuncias penales contra Antonio “N”, secretario de Finanzas; Jorge Jaramillo Méndez, subsecretario de egresos y Arnulfo García Fragoso, tesorero de la Sefiplan, pues sus firmas aparecen en el documento que avala el pago a los supuestos acreedores.

POR NO PAGAR A LA UV

También la exrectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, interpuso dos denuncias contra el gobierno de Javier Duarte de Ochoa por no cubrir el pago de subsidios por 2 mil 76 millones de pesos de 2013 a 2015.

En estas se acusó directamente a Antonio “N”, entonces titular de la SEFIPLAN, por no entregar mil 625 millones de pesos.

La segunda querella, registrada en el expediente AP/PGR/XAL-IV/012/2016/P.P, fue interpuesta ante la agencia del Ministerio Público de la Federación por no entregar 451 millones de pesos a la UV.

PENSIONADOS ANTE LA CEDH

Además de las querellas ante la autoridad judicial, pensionados de la entidad presentaron más de 500 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra la administración que encabezó el exgobernador Javier Duarte de Ochoa por incumplimiento de pago de sus pensiones en tiempo y forma durante un año.

Las quejas involucraron también al exsecretario de Finanzas, Antonio “N”, por agremiados a la Coalición de Pensionistas Independientes (Copipev) procedentes de Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Tuxpan, Pánuco y Tantoyuca.

YUNES LINARES POR EVASIÓN FISCAL

Como primer acto de campaña, Miguel Ángel Yunes Linares, entonces candidato de la coalición “Unidos para rescatar Veracruz”, acudió a la Fiscalía General del estado para interponer una denuncia en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, así como funcionarios estatales, por los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

Yunes Linares presentó documentación y pruebas para acreditar una denuncia penal en contra del exmandatario estatal y personas cercanas a él por el desvío de más de 3 mil millones de pesos. La denuncia incluía a Antonio “N”.

ALCALDES DE OPOSICIÓN

Los alcaldes de Boca del Río, Tamalín, Tierra Blanca, Acajete, Álamo, Ixhuatlancillo, Ixhuacán de los Reyes y Soconusco presentaron ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el puerto de Veracruz, denuncias contra el gobernador y sus colaboradores por no haberles entregado recursos federales de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.

Independientemente de estar dirigida contra Duarte y el secretario de Finanzas Antonio “N”, los alcaldes pidieron acciones contra estos y otros exfuncionarios públicos por los delitos de desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y otros que llegaran a configurarse. 

EMPRESARIOS POR EMPRESAS FANTASMA

El presidente fundador del Observatorio y Contraloría Ciudadana, A.C., Hilario Arenas Cerdán, presentó una denuncia por desviar un monto de 645 millones de pesos a empresas fantasma constituidas en tiempos de Duarte, donde se acusó a Antonio “N” de avalar tales pagos, aunque no se acreditaron los servicios prestados.

SECCIÓN 56 DEL SNTE POR NO PAGAR A MAESTROS

La Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presentó sendas denuncias penales por haber tomado de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado un total de 360 millones de pesos bajo el argumento de que los recursos se destinarían para cubrir ese rubro a miles de maestros, lo que no ocurrió.

La primera de las denuncias fue contra el exsecretario de Finanzas y Planeación, Antonio “N”.

POR DESVIAR DINERO DE LA CAEV

El exsecretario de Finanzas también fue acusado por las autoridades veracruzanas de impedir la realización de 97 obras hidráulicas en la entidad, por desviar dinero de la CAEV a otros fines.

En la audiencia de imputación de Javier Duarte en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, la FGE acusó que Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre, ambos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) solicitaron los fondos federales en calidad de préstamo.

Derivado de esto, Francisco Valencia, entonces encargado de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz giró a otros colaboradores, especialmente a Noé Rodrigo Hernández Hernández subdirector administrativo de la CAEV que cumpliera la orden que llegó a la Comisión con fecha 26 de septiembre de 2014.

Dicho monto, que fue facilitado en siete transferencias; tres el 29 de septiembre, por 30, 100 y 20 millones de pesos; y cuatro el 28 de noviembre por 40, 10, 10 y 10 millones de pesos, fue solicitado para su devolución en siete ocasiones mediante oficios de CAEV a la Sefiplan.

La CAEV reprochaba a Audirac y luego a Antonio “N” que, por la omisión en la devolución del recurso, 97 obras no pudieron ser concluidas.