Alonso Ancira, controvertido empresario que se encuentra en libertad bajo fianza en España, manifestó que existió un pacto entre la administración anterior, encabezada por Enrique Peña Nieto, y la actual del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, transmitida por el portal Latinus, Ancira indicó que el pacto de AMLO con Peña Nieto y Luis Videgaray consistió en dejarle el camino libre al tabasqueño en la elección presidencial de 2018.

"Hubo un pacto, ¿en qué consistió el pacto? En sacar a un hombre muy bueno pero un candidato muy mediocre, Meade. Pero es un hombre muy bueno, derecho", lanzó en la entrevista reproducida por El Universal.

Alonso Ancira es acusado por la compra-venta ilegal de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados por 275 millones de dólares durante el sexenio de Peña Nieto.

Se le acusa de haber depositado sobornos al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya.

El presidente López Obrador ha encarado en diversas mañaneras a Ancira para decirle que si devuelve lo robado, en este caso 200 millones de dólares, se le darían beneficios legales, sin embargo, el empresario se ha negado.

EL PROCESO LEGAL DE ANCIRA

En agosto pasado, un juez determinó que la acusación contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, ya prescribió, razón por la cual otorgó un amparo definitivo.

Así, el impartidor de justicia otorgó un amparo a Alonso Ancira Elizondo para que prescriba el delito de operaciones con recursos de delincuencia ilícita el cual está incluido en una de las dos causas penales contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al otorgar el amparo a Alonso Ancira, ya no hay motivos para que sea extraditado de España a México, ya que no existe ninguna orden de captura vigente en su contra.

El delito estaba incluido en una de las dos causas penales contra Emilio Ricardo radicadas en un juzgado del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.

Al dar la protección de la justicia, el juez determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenían tres años para realizar las investigaciones, tiempo que se agotó.

Con información de La Silla Rota