Ministerio Público, lento e ineficaz, tarda hasta 5 meses en judicializar investigaciones

Redacción

El crimen organizado va un paso delante de la justicia del país. Por lo menos eso revela el "Plan de Persecución Penal" que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó al Senado de la República.

Según el documento, el Ministerio Público de la Federación tarda hasta cinco meses en judicializar (reunir elementos de prueba) una carpeta de investigación en delitos como, ambientales (155.7 días), portación de arma de fuego, (144.6 días), narcotráfico (135.6 días) y corrupción (134.1 días).

El retraso en la presentación de los expedientes ante un juez se origina por diferentes factores, entre ellos, las cargas de trabajo que tienen los ministerios públicos, los oficiales y los agentes ministeriales al momento de realizar las indagaciones.

Según el documento que presentó la Fiscalía General de la República, la cual es dirigida por Alejandro Gertz Manero, sólo hay 7 mil 139 elementos capacitados para realizar las investigaciones de 166 mil 400 expedientes que se generan en promedio al año.

La generación de expedientes y la falta de personal originan que un elemento tenga que indagar hasta 92.8 carpetas al mismo tiempo. Esta situación se agrava en algunas entidades como en la Ciudad de México, donde la carga laboral sólo de Ministerios Públicos alcanza hasta 121.7 expedientes.

"En las delegaciones la distribución de cargas de trabajo por AMPF es muy variable. Existen 18 delegaciones que superan el promedio expuesto. Los AMPF en la Ciudad de México anualmente atienden en promedio 121.7 carpetas de investigación, seguida por Nuevo León (114.8), Veracruz (112.8) e Hidalgo (105). En contraste, la delegación de Aguascalientes promedia 29.4 investigaciones por agente, seguida por Nayarit (38), Campeche (42.2) y Sonora (42.6)".

En el caso de Oficiales Ministeriales, menciona el documento, que la carga de trabajo en las entidades es inferior. Según los datos, en Campeche un elemento tiene a su cargo 24.8 carpetas, Yucatán, 36.7, Nayarit, 39.4 y Aguascalientes, 39.6. La excepción es Nuevo León (170.9) al presentar una diferencia cercana al doble respecto al estándar nacional.

"Las cargas de trabajo de la Policía Federal Ministerial, durante el mismo periodo, también presentan la misma disparidad. Existen delegaciones donde los policías están sobrecargados de carpetas de investigación con más del 30 por ciento sobre el promedio institucional anual: Michoacán (101.1), Jalisco (99.9), Nuevo León (95) y Veracruz (92.5); a su vez, hay delegaciones donde estos agentes son subutilizados con una carga de trabajo de la mitad o menos del promedio institucional anual: Campeche (17.2), Nayarit (21.8), Aguascalientes (27.6) y Guerrero (29.9)".

Otro los factores, según lo reconoce la FGR, es que sólo 16.4% de los expedientes que inician son presentados ante un juez.

 

"A nivel institucional se judicializa en promedio el 16.4 por ciento de los asuntos destinados a investigación y litigación, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. La mayoría de las unidades centrales de la Institución tienen un porcentaje de judicialización menor que la media institucional, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (21.8 por ciento) es la única que supera el porcentaje promedio. La lógica detrás de esta circunstancia es que dichas unidades investigan y litigan asuntos más complejos, en consecuencia, requieren mayor tiempo para integrar correctamente las investigaciones y establecer las estrategias de litigación pertinentes. De ello puede advertirse que la FGR debe incrementar sus capacidades para desarrollar investigaciones complejas".

Los datos indican que de cada 100 carpetas abiertas, 37.4% de los asuntos se desestimaron (desecharon), uno se resolvió por acuerdo reparatorio u otra solución alterna, y sólo 61.6% culminaron en investigación y litigación.

"En promedio, la Institución anualmente desestima 37.4 por ciento de los asuntos y otro 1.0 por ciento se resuelve por acuerdo reparatorio u otra solución alterna lo cual implica que las labores de investigación y litigación se realizan sobre el 61.6 por ciento de las carpetas restantes".

Con información de La Silla Rota