A dos años del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio dentro de Ciudad Universitaria de la UNAM, las nuevas autoridades de la Ciudad de México reconocieron que el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue omiso y negligente en la investigación y proceso judicial que en un inicio intentó darle carpetazo al caso con la versión de que fue suicidio.

Por ello, la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a cargo de Ernestina Godoy, ofreció una disculpa pública este jueves, derivada de la recomendación 01/2018 de la Comisión de Derechos Humanos. En el acto solemne la abogada de la ciudad sostuvo que la anterior administración pretendió imponer una "verdad insostenible" que casi consiguió que el caso quedara impune.

El equipo del asesoramiento jurídico de la familia de Lesvy coincidió en que hubo corrupción y negligencia tanto en la investigación como en el proceso judicial. "Es personal que se acostumbró a trabajar en la impunidad para encubrir las cifras de mujeres asesinadas y cuidar el estatus de los políticos que gobernaban la Ciudad de México, en específico Miguel Ángel Mancera y que no hubiera un costo político electoral para ellos", apuntó Sayuri Herrera Román, abogada de la familia y colaboradora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF).

La ventaja, agregó, que tuvo la defensa del ex novio de Lesvy, la cual se integra por abogados de oficio, es que existe un sistema de justicia que usa estereotipos y culpa a las víctimas de su propia muerte. "Algo que nos ha costado mucho revertir, pero nosotras esperamos que el proceso que venga sea muy cuidadoso tanto para él como para las víctimas".

Cuando ocurrió el homicidio de Lesvy Berlín el 3 de mayo de 2017 la primera línea de investigación que comenzó a manejar la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México fue la de suicidio con el cable de la caseta telefónica, donde fue encontrado el cuerpo de la joven de 22 años a un lado de la Facultad de Química. Fue una línea de investigación que construyeron con base en la entrevista y dicho de su ex pareja, relató.

Desde ese momento, las autoridades desacataron el protocolo para investigación del delito de feminicidio, puesto que debió de haber iniciado una línea que apuntara a la pareja. Tampoco indagaron si había un contexto de violencia previo.

"La procuraduría nos impidió el acceso a la carpeta de investigación, a las evidencias, no pudimos ver los videos de la UNAM sino hasta dos meses después de que habían ocurrido los hechos y cuando se nos permitió verlos, ya se había girado una orden de aprehensión en contra del ex novio de Lesvy. Se nos convocó a una audiencia para discutir la vinculación a proceso, pero tuvimos muy poco tiempo para revisar todo el material", indicó Herrera Román

En esa primera audiencia la defensa de la familia de Lesvy defendió la imputación por el delito de feminicidio. En ese entonces las abogadas ya tenían claro el motivo, luego de haber leído el informe de la necropsia, visto las fotografías y escuchado algunos testimonios que Jorge Luis González Hernández la habría estrangulado con el cable del teléfono en Ciudad Universitaria a las 4:18 horas del 3 de mayo de 2017.

Sin embargo, el juez del caso, al desatender las obligaciones constitucionales y convencionales, así como el protocolo para el juzgamiento de casos donde sean mujeres las agredidas y la sentencia de Mariana Lima, vinculó al imputado por el delito de homicidio en comisión por omisión, es decir lo responsabilizó por no impedir el supuesto suicidio de la joven.

El equipo de abogadas apeló esa decisión en la sala número quinta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México donde se vinculó al ex novio por el delito de feminicidio agravado y completar la investigación con perspectiva de género, permitiendo la coadyuvancia de las víctimas indirectas.

"No obstante, la Procuraduría, una vez que concluyó la investigación y ya que nosotras habíamos aportado pruebas en ella, formuló acusación y presentó los resultados ante los jueces de manera fallida, puesto que no incluyó la carga aprobatoria que habíamos presentado tanto los familiares como las asesoras jurídicas y sostiene aún la tesis del suicidio de Lesvy, desacatando la sentencia de la quinta sala penal y desatendiendo todas las evidencias".

Esto ocasionó que la defensa de Jorge Luis tuviera una "ventana de oportunidad" para buscar ampararse y evitar un juicio por el delito de feminicidio. "Esto nos ha demorado ocho meses en los que él interpuso una apelación, dos amparos, una revisión e hizo una solicitud de atracción del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual lo desechó, le negaron un amparo y la razón en el recurso de apelación".

Finalmente, el 23 de abril de 2019 el Décimo Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México determinó que debe iniciarse el juicio por feminicidio y que no le asiste la razón al imputado, debido a que los agravios, que la defensa de Jorge Luis alega se pueden solucionar en el juicio.

 "Es decir, en el juicio él debe de probar su inocencia. No se debe fijar como un hecho probatorio el suicidio, justo es el hecho controvertido. El imputado insiste en decir que Lesvy se suicidó. Nosotras insistimos en que él la mató. Eso lo tiene que resolver un Tribunal de enjuiciamiento, no se tiene que resolver antes. Sin embargo, todos estos recursos que ha tramitado la defensa de Jorge Luis han demorado el inicio del juicio ocho meses".

Herrera Román comentó que una de las evidencias claras en el crimen que "no vieron" los peritos de la Procuraduría capitalina es que el cable de la caseta telefónica no tenía un nudo y en caso de suicidio, se hubiera encontrado. Tampoco tomaron en cuenta que Jorge Luis la golpeó antes del crimen. "Además es una herida por estrangulamiento, que es la que compete y corresponde a un feminicidio".

Lo que viene en caso Lesvy: el juicio por feminicidio 

Ana Yeli Pérez Garrido, directora de la asociación Justicia Pro Persona y asesora jurídica de la familia de Lesvy, explicó que luego de que a la defensa del imputado se le agotaran todos los recursos está próximo a iniciar el juicio oral.

"Lo que sigue es que el Tribunal Superior de Justicia nos notifique el auto de apertura a juicio, porque eso ya no se logró formalizar, simplemente se agotó el recurso, pero no se notificó formalmente en qué sentido se había concentrado el auto de apertura a juicio, nosotras lo conocemos porque estuvimos en el debate de la audiencia intermedia".

Señaló que una vez que se notifique, se iniciaría el juicio oral, que prevén, comience en junio. "Ya administrativamente el poder judicial de la Ciudad de México tendría que definir cómo se llevará a cabo, ya que es un caso complejo con muchos medios probatorios que fueron ya admitidos y que se tendrán que desahogar para convertirse en prueba en un juicio oral".

En el juicio las abogadas tendrán que sostener y robustecer la hipótesis de la verdad del hecho, que es el feminicidio de Lesvy y hay algunos indicios que existen en la investigación, que los peritos van a retomar para establecer como sus conclusiones a las que llegan, tanto en medicina forense, criminalista de campo y psicosocial.

El proceso de Lesvy demuestra, dijo Pérez Garrido, que los feminicidios están inmersos en un contexto de violencia que se permite y tolera. "En este caso con graves violaciones a los derechos humanos, porque hubo violaciones a la debida diligencia principalmente desde el cómo se resguardó o no el lugar, el tratamiento pericial que se le dio por parte de la autoridad también fue deficiente".

Este caso generó un impacto social y en la comunidad universitaria. "Se vuelve icónico, porque las autoridades tienen la oportunidad de corregir lo que hicieron mal. Aunque todavía hay muchas deudas. Tienen que sancionar a los funcionarios que hicieron mal, que determinaron una verdad jurídica que es totalmente contraria a sus metodologías. Eso habla de un mal trabajo de servidores públicos que siguen ahí cometiendo errores en otros casos".

Ahora deben de castigar a funcionarios

Araceli Osorio Martínez dijo que luego de la disculpa pública estarán pendientes de las acciones de la Procuraduría y gobierno capitalino, ya que ese acto no tendría caso sino se tienen prácticas adecuadas como es el castigo ejemplar a las autoridades que violaron los derechos de las víctimas.

 "Hemos insistido en que también la justicia no llega solo con una sentencia hacia los asesinos de nuestras hijas, sino también tiene que ver con la sanción a los funcionarios que en su momento incurrieron en graves omisiones o como lo señala la recomendación, cuáles son esas autoridades que por omisión o por acción violaron nuestros derechos humanos o los de la memoria de Lesvy".

Con información de La Silla Rota