Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el financiamiento público para partidos políticos nacionales por cuatro mil 965 millones 828 mil 351 pesos, para el próximo año.

Al exponer el documento fue avalado, el consejero Benito Nacif Hernández, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que la bolsa que corresponde por partido se establecerá una vez que jurídicamente se tenga la certeza de qué partidos perderán su registro.

En esta situación se encuentran los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, debido a que no alcanzaron el umbral del tres por ciento de votación válida nacional en cualquiera de las tres elecciones federales: presidente de la República, diputados federales y senadores.

Nacif Hernández detalló que por ahora el INE nombrará dos interventores de manera preventiva para que vigile los activos y recursos que tienen estos partidos, con el fin de que no se haga mal uso, y esperarán a que el Tribunal Electoral federal termine de analizar y resolver las impugnaciones que existen sobre las elecciones para saber si mantienen o no el registro.

Dejó claro que la distribución por partido la hará el Consejo General, de acuerdo con las fórmulas establecidas en la Constitución, una vez que se tenga la certeza jurídica respecto al número de partidos que conservan su registro para el año 2019.

El importe total avalado se establece de la siguiente manera: para actividades ordinarias, cuatro mil 728 millones 699 mil 868; para actividades específicas, 141 millones 860 mil 996; para franquicia postal, 94 millones 573 mil 997, y para franquicia telegráfica, 963 mil 490 pesos.

Cabe señalar que el importe del financiamiento público es para actividades específicas como educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales en el año 2019, para lo cual se contemplan 141 millones 860 mil 996 pesos.

Para el rubro de franquicias postales que corresponde a cada partido político nacional para el próximo año es de 94 millones 573 mil 997 pesos; mientras que para franquicias telegráficas asciende a 693 mil 490 pesos.

Finalmente, se instruyó que el acuerdo avalado se notifique en sus términos a los representantes de los partidos acreditados ante el Consejo General, así como a la Comisión de Fiscalización, ambos del INE, y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Admiten robustecimiento del INE

Previo a la sesión del Consejo, el Órgano Interno de Control del INE, acusó nuevamente al organismo de tener una estructura burocrática que ha crecido de manera injustificada, y pidió a la institución reducir su presupuesto y presión de gasto. 

La contraloría instruyó al INE a atender las exigencias ciudadanas, para que diseñe un presupuesto austero y reduzca los gastos del organismo.

“A la luz del contexto nacional actual, el presupuesto 2019 representa la valiosa oportunidad de lograr un presupuesto austero, que responda de forma satisfactoria a las exigencias ciudadanas", indicó la Contraloría en el informe previo de gestión del INE 2018.

“Con estas consideraciones finales, el Órgano Interno de Control del INE insta a los servidores públicos responsables de la planeación, calendarización y erogación del erario institucional, a realizar un mayor esfuerzo de creatividad, inteligencia y austeridad, para reducir el gasto del Instituto".

Asimismo, en el documento señala que las unidades internas del Instituto han solicitado contratación de personal por honorarios sin presentar la justificación real del número de plazas que requieren contrata y añade que las plazas solicitadas y autorizadas por el INE, tanto presupuestales como de honorarios, aumentó de 12 mil 317 personas en 2012, a 16 mil 686 para el 2015 y a 17 mil 697 trabajadores para el 2018.

“El costo de la estructura ocupacional es el principal elemento de presión de gasto y constituye el mayor obstáculo para reducir el presupuesto del INE. En ese contexto es inaplazable una política institucional clara en materia de recursos humanos que permita eficientar su operación", planteó la instancia.

“Es por ello que debemos insistir en la tarea pendiente de efectuar una profunda revisión a la estructura organizacional y a la dimensión que deben tener las unidades responsables en función de las atribuciones legales y las cargas de trabajo derivadas de éstas".

Con información de La Silla Rota