La diputada local y presidenta de la Comisión de Procuración de Justicia, Marcela Aguilera Landeta, lamentó que existan denuncias por presunto desvío de recursos públicos desde el año 2008, sin que hasta la fecha hayan recibido castigo los responsables, porque ni siquiera han sido integradas las averiguaciones previas correspondientes.

“Creo que ya es tiempo de que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dé a conocer avances sobre esas investigaciones, pero aún más importante que solicite a un juez que se giren las órdenes de aprehensión y se ejecuten las mismas contra los responsables”, añadió.

Señaló que de poco o nada sirve el trabajo de fiscalización que realizan tanto el Congreso como el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), si las denuncias que son presentadas se quedan atoradas o archivadas, sin que nadie conozca algún avance. A esto, dijo, se suman las denuncias presentadas este mismo año, por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, quien puso en evidencia una red de corrupción.

La legisladora local solicitó al procurador general de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, avanzar en estos casos, desempolvar los expedientes y solicitar que se giren las órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios municipales y estatales que han causado daño patrimonial desde el año 2008 a la fecha.

Marcela Aguilera Landeta mencionó que por encima de los anuncios de sorpresas, se requiere de efectividad en la impartición de justicia, pues no se pueden tener denuncias de hace seis años sin castigo.

“Prácticamente cada año conocemos que se presentan denuncias penales contra ex servidores públicos por la posible comisión del delito de desvío de recursos públicos y abuso de poder, pero no hemos sabido sobre los avances al respecto, y mucho menos que alguien haya recibido una sentencia condenatoria”, agregó.

Recordó que hace unos días, la propia Comisión de Vigilancia del Congreso local informó que existen 67 denuncias por daño patrimonial desde el año 2008, además de querellas por el delito de fraude que cometieron empresas constructoras que recibieron financiamiento del estado, pero no realizaron la obra pública.