• Con este antecedente el actual gobierno debería poner sus barbas a remojar, hay signos que indican que las cosas siguen igual. Como por ejemplo los elementos de Seguridad Pública Estatal en activo no aprobados en su examen de confianza (más de 1 mil 200), así los de la Fiscalía General del Estado (cerca de 100).

• En Veracruz al juzgar por el sigilo observado en el Congreso, no existe voluntad de un cambio contra la corrupción. Hasta la fecha no se ha convocado a la sociedad civil en participar activamente en la discusión del Sistema Estatal Anticorrupción.

• El Congreso siempre de rodillas ante el Ejecutivo, claro muchas veces se necesita soltar algunos cañonazos en efectivo para doblarlo. La lucha ciudadana contra la corrupción tendrá que esperar mejores tiempos.

Veracruz ha padecido de gobiernos estatales corruptos, especialmente desde los años setenta a la fecha, sin embargo esta calamidad pasó a palabras mayores en los últimos doce años. La inseguridad e impunidad llegaron a niveles nunca experimentados. Así también como la utilización de fondos públicos para fines personales, que entre otros males provocó un retroceso económico del cual aún no salimos, aparejado al desempleo y pobreza de gran parte de la población. Los resultados están a la vista, el electorado voto por el cambio el año pasado y en el 2017. Con este antecedente el actual gobierno debería poner sus barbas a remojar, hay signos que indican que las cosas siguen igual. Como por ejemplo los elementos de Seguridad Pública Estatal en activo no aprobados en su examen de confianza (más de 1 mil 200), así los de la Fiscalía General del Estado (cerca de 100), conforme al informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fechado el 30 de abril del presente año. No nos sorprende la violencia y la extorción que afecta a todo el territorio del estado, especialmente en la zona sur, donde el comandante H continuaba reinando hasta que recién cometió un error. Que se entienda, la corrupción es el principal obstáculo para la elevar los indicadores de competitividad del estado.

En este tenor, la lógica es que el actual gobierno estatal tratara de atemperar la irritación generalizada de los ciudadanos. Uno de los caminos es el de acelerar la correcta implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), habida cuenta que la ley del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), señala que para el próximo 18 de julio de este año, el H. Congreso del Estado de Veracruz, deberá tener aprobada las reformas del entramado legal del SEA (artículo segundo transitorio de la Ley), que entre otros atributos deber contemplar estructuras y facultades equivalentes a la nacional (artículo 36 de la Ley). Destacando en mi humilde opinión el empoderamiento de la sociedad civil y la independencia de los órganos fiscalizadores, respecto del Poder Ejecutivo. Suena bonita esta última frase, ya que en Veracruz al juzgar por el sigilo observado en el Congreso, no existe voluntad de un cambio contra la corrupción. Hasta la fecha no se ha convocado a la sociedad civil en participar activamente en la discusión del SEA y la selección del comité de participación ciudadana, que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley nacional debe ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales veracruzanas y académicas relacionadas con la materia del SNA. Nuevamente se pretende, al igual que los gobiernos anteriores la simulación de la participación ciudadana. Lo anterior es por un lado, pero en la otra mano, hasta la fecha no se ha conocido los posibles candidatos a Fiscal Anticorrupción, lo deseable es que no sea designado por el gobernador en turno. El Congreso siempre de rodillas ante el Ejecutivo, claro muchas veces se necesita soltar algunos cañonazos en efectivo para doblarlo. La lucha ciudadana contra la corrupción tendrá que esperar mejores tiempos.

Por lo antes expuesto, el Congreso del Estado está ante una gran oportunidad histórica de aprobar una ley del SEA, que efectivamente sea un instrumento de contra peso ante la presencia de gobernadores abusivos. Duarte y su antecesor presumían del control de los principales actores políticos de los diferentes partidos con recursos públicos. Es menester una autentica fiscalización, lejos de esos contralores y Orfis que solaparon el saqueo de los recursos públicos, cómplices de la pésima calidad de lo obra, licitaciones amañadas con costos inflados con proveedores o constructores. Los veracruzanos han despertado de su letargo, exigen resultados inmediatos ante los daños dolorosos y graves que dejaron la padilla de ladrones que nos gobernó en los últimos doce años con el terror por delante. Veracruz merece una mejor suerte