Veracruz: competitividad (desincorporación fiscal III)

  • Alejandro Soto Domínguez

Entendemos el resorte del actual Gobernador del Estado, en cuanto a sus declaraciones del tema de la desincorporación fiscal de Veracruz. Lo que procede es no ratificar con la Federación el convenio de colaboración en materia de impuestos y derechos celebrados desde 1980 a la fecha, fundamentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), por citar el cuerpo principal del entramado legal del tema en comento. Es como en el boxeo, puras fintas de la pelea de un peso mini mosca y un superpesado, disculpando la comparación. Pero como siempre, no faltaron las voces a favor de la multicitada desincorporación fiscal, no disimularon su calidad de tapetes ante el Ejecutivo Estatal, con puras propuestas disparatadas, por decir lo menos. Como ya se ha comentado en las dos anteriores colaboraciones, el gobierno del Estado de Veracruz observa una baja calificación en su competitividad general para incentivar el progreso del estado, por la debilidad extrema de sus finanzas, que apenas alcanza para atender las prioridades más apremiantes de los veracruzanos en materia de salud, educación y pago de nómina. Pues esta situación se arrastra desde el momento mismo en que se firmó el primer convenio fiscal. En términos de participaciones federales per cápita nos ubicaron desde entonces en los últimos lugares. También ya se comentó que en 1997, nuevamente el Gobierno Estatal negocio mal las aportaciones para educación y salud. Puras vergüenzas con nuestros burócratas: corruptos, ineficientes y omisos, salvo raras excepciones.

Sin embargo, para completar el cuadro de nuestra flaqueza histórica en ingresos de participaciones y aportaciones federales, actualmente Veracruz es la peor entidad federativa del país en recaudación de ingresos propios. Un poco de historia, como ya se expresó en diversas ocasiones, la SHCP señaló la inequidad de la fórmula de distribución de las participaciones –beneficiaba de manera desproporcionada a Tabasco- y por lo tanto en el 2007, se reformo la antes citada Ley. En adelante el Fondo General de Participaciones, la SHCP lo distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado en el año de 2007 (base), y el crecimiento de Recaudación Federal Participable a partir de ese año se distribuye en base al crecimiento económico (PIB, primera parte 60 por ciento), al esfuerzo recaudatorio (ID, segunda parte 30 por ciento) y al tamaño de la población de cada entidad (tercera parte 10 por ciento). La LCF premia la eficiencia al fomento económico y al cobro de impuestos y derechos propios (ID). Para no desentonar nuestra historia económica fiscal, el pasado 28 de noviembre la SHCP publicó el Acuerdo para dar a conocer el cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2016, pues este coeficiente es el resultado del comportamiento de los ingresos propios del periodo 2012-2015, donde ocupamos el último lugar, así también nos ubicamos en los últimos lugares en el primer coeficiente que se estima conforme al crecimiento de la economía, tenemos cuatro años con casi cero crecimiento. Conclusión, la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) se llenó en los últimos 12 año de operadores electorales, familiares y niñas bonitas, y por lo tanto esta institución hoy mismo, carece de capacidad para cobrar ID propios y los ID federales contemplados en la LCF, así de simple. La ineficiencia está a la vista de todos.

Queda claro, la única opción a corto plazo para mejorar las finanzas estatales no es la desincorporación fiscal, es el control del gasto, pues con Miguel Alemán creció de manera exponencial las erogaciones improductivas, la inversión pública la redujo al 2.6 por ciento respecto al gasto total. Con Fidel y Duarte, no fueron suficientes las participaciones federales y los ingresos propios, se inició el deporte de gastar y robar los recursos federales etiquetados. Basta de presupuesto de manos libres, la sociedad veracruzana exige resultados, cuando menos que se cumpla la máxima prioridad entre todas: la seguridad, basta de policías aliados con los malos, ocupamos el primer lugar nacional en el número de policías no acreditados.