Pues ahora sí se requiere tener varias especialidades para entender y desenmarañar el impacto que tendrán las reformas en la vida de los mexicanos. Acaba de ser promulgada la reforma política, que modificará radicalmente el perfil de la vida pública nacional, “para bien o para mal”, como decía a manera de muletilla un guía turístico español que alguna vez me tocó.
Como era de esperar, no podía faltar esa mexicanísima costumbre de cambiarles de nombre a las instituciones, como si con ello se garantizara que realmente se conviertan en algo diferente de lo que han sido, y que revela la superficialidad de nuestros políticos y la idea mediática que tienen para impactar. Así, la Procuraduría General de la República se llamará ahora Fiscalía General.
La diferencia es que ahora es un órgano autónomo cuyo titular será designado por el Senado y durará en el cargo nueve años, a menos que sea removido por el Ejecutivo. Se da nacimiento a los gobiernos de coalición, lo que dará un rasgo de tipo parlamentario al aparato estatal federal. El gobierno de coalición significa que, si el partido del Presidente no tiene mayoría en el Congreso, el Ejecutivo tendrá que asociarse con otras fuerzas políticas para la designación de los integrantes del gabinete, excepto en el caso de los titulares de la Defensa Nacional, Marina y Relaciones Exteriores.
Como han venido cocinándose las relaciones en los últimos años, los aliados indefectibles para la mayoría serán el PRI y el PAN, que seguramente le apuestan a seguir manteniéndose en las preferencias de los electorales y, cuando no se pueda, a disponer de todos los recursos, legales e ilegales, para lograrlo.
También se rompe la tradición de la no reelección, lo que da un vuelco diametral a la principal bandera que desató la Revolución Mexicana, cuyo lema fue precisamente “Sufragio Efectivo. No reelección”, eslogan que era usado en el papel oficial de las instituciones de gobierno, y que ahora se convierte en algo anacrónico.
El problema de la reelección es que, como dijera un viejo político que tuvo oportunidad de darle sus primeras clases a un joven Carlos Brito Gómez, con las mañas de estos para robarse las elecciones, a ver quién va a poder sacarlos del presupuesto en cuanto tengan oportunidad de reelegirse. Sencillamente se perpetuarán en el poder. Y aunque actualmente sólo podrán repetir los diputados, senadores y alcaldes, pues el presidente de la República y los gobernadores no tendrán esa opción, pero poco vivirá el que no vea que en poco tiempo se amplía ese beneficio también a ellos.
Otra de las reformas, es que se convierte en realidad eso que algunos constitucionalistas consideran un atentado contra el federalismo, el Instituto Nacional Electoral, que concentrará el poder de convocar y organizar todas las elecciones del país, es decir, un mega organismo que engulle a los institutos electorales estatales como el veracruzano, que desaparecerá.
Se ve poco análisis sobre esta reforma política, pese a su trascendencia. En tres meses, los órganos legislativos federal y estatales aprobaron 12 reformas constitucionales y modificaron 42 artículos de la Constitución, lo que arroja un nuevo texto constitucional para el Estado y la sociedad mexicanos, que habrán de ser perfeccionados en la legislación secundaria.
De todas estas modificaciones, la que sigue causando mayor ruido es la energética y hay, por lo menos, tres frentes de lucha contra ella. Por un lado, el líder histórico, Cuauhtémoc Cárdenas, que está llamando a conformar una campaña permanente de organización, concientización, convencimiento y lucha en cada municipio, colonia, barrio, escuela y centro de trabajo. Y que exhorta a emplear todas las formas constitucionales de lucha como la protesta hablada y escrita, la manifestación individual y colectiva, los paros cívicos, la huelga e incluso la desobediencia civil.
Por el otro, Andrés Manuel López Obrador, con Morena, que estaba enviando inclusive cartas a las trasnacionales para advertirles que no vinieran a comprar pleitos con un pueblo que se siente agraviado por el malbaratamiento de su patrimonio.
Y un tercer segmento son los intelectuales activistas, quienes el 5 de febrero, como manera de festejar a la Constitución, instalarán un Congreso Popular, en el Monumento a la Revolución, que tiene como objetivos realizar una consulta a los ciudadana para revocar la reforma energética, así como hacer un llamado a tomar acciones de "resistencia civil pacífica a desarrollarse el día 18 de marzo de 2014, en el 76 aniversario de la expropiación petrolera".
Se expresan inconformes por la forma en la que los políticos mexicanos gobiernan al país, aseguran que la “mal llamada "Transición Democrática" no cumplió con el mandato ciudadano para acabar con la corrupción, la violencia, la pobreza, la mentira y el abuso de poder de oligarcas apátridas y avariciosos.
Además, hacen un llamado a la sociedad para que, amparados en el Artículo 39 de la Constitución, ejerzan su poder y actúen de manera pacífica y contundente, "frente a la ingobernabilidad generada por los gobiernos federales y locales; frente a la concusión del crimen organizado y la clase política y empresarial; frente a la violencia y guerra contra las clases populares y la creciente impunidad".
La verdad, ni cómo decir que los intelectuales no tienen razón.
