Xalapa, Ver. - La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que durante su gestión la Fiscalía General del Estado (FGE) ha aceptado cuatro recomendaciones en materia de derechos humanos que anteriormente habían sido rechazadas por la administración encabezada por Verónica Hernández Giadáns.

CABALLO BLANCO

Entre los casos aceptados se encuentra la Recomendación 30/2025, relacionada con el ataque al bar Caballo Blanco, ocurrido en Coatzacoalcos el 27 de agosto de 2019, donde murieron 24 personas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) acreditó que familiares de las víctimas fueron revictimizados por personal de la Fiscalía General del Estado durante el proceso de identificación y entrega de cuerpos.

De acuerdo con los testimonios recabados, los familiares permanecieron durante horas, e incluso más de un día, sin recibir información clara sobre sus seres queridos y tuvieron que trasladarse por su cuenta al Servicio Médico Forense de Cosoleacaque para buscarlos. Ahí encontraron cuerpos desnudos, apilados sobre el suelo, expuestos al sol, sin refrigeración y en avanzado estado de descomposición.

Algunos denunciaron que los cadáveres fueron entregados sucios, con golpes visibles, olor fétido, larvas y dentro de bolsas negras similares a las de basura. La recomendación concluyó que la FGE violó derechos humanos relacionados con el trato digno a las víctimas y el derecho de los familiares a recibir información adecuada.

BLINDAJE COATZACOALCOS

Otra de las recomendaciones aceptadas fue la 061/2023, emitida por la desaparición forzada de dos jóvenes ocurrida el 25 de septiembre de 2015 durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos. La CEDHV concluyó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) participaron en la privación ilegal de la libertad de las víctimas, mientras que la Fiscalía incurrió en omisiones y falta de debida diligencia en la investigación.

De acuerdo con la investigación, hombres armados vestidos con ropa similar a corporaciones policiacas interceptaron a los jóvenes y se los llevaron en una camioneta negra. El organismo documentó videos, testimonios y reconocimientos de familiares y testigos que señalaron directamente a elementos de la SSP, del operativo Blindaje Coatzacoalcos y de corporaciones estatales como responsables.

Además, determinó que las desapariciones ocurrieron dentro del contexto del operativo de seguridad implementado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, sobre el cual ya existían antecedentes de desapariciones forzadas y señalamientos contra corporaciones estatales vinculadas a la Secretaría de Seguridad Pública.

DESAPARICIÓN DE MUJER EMBARAZADA

La Fiscalía también aceptó la Recomendación 87/2024, derivada de la desaparición de una mujer ocurrida en febrero de 2013, quien tenía aproximadamente cinco meses de embarazo. El caso fue documentado por la CEDHV, la Fiscalía General del Estado y organismos de derechos humanos por posibles omisiones en la investigación ministerial.

La madre de la víctima denunció que durante años la carpeta de investigación cambió constantemente de fiscales, no recibió información sobre avances y diversas diligencias nunca fueron realizadas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz concluyó que la Fiscalía incumplió protocolos de búsqueda inmediata y dejó pasar años sin agotar líneas de investigación, realizar pruebas genéticas oportunas o dar seguimiento a posibles responsables.

El organismo además acreditó violencia institucional al no investigar con perspectiva de género ni actuar con diligencia reforzada pese a tratarse de la desaparición de una mujer embarazada. La recomendación también señala omisiones de la Fiscalía General del Estado, deficiencias en la investigación y violaciones a derechos humanos de los familiares.

OTRA MALA ACTUACIÓN DE POLICÍAS

De igual manera fue aceptada la Recomendación 02/2026, relacionada con la desaparición forzada y ejecución de tres personas ocurrida también durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos en septiembre de 2015. La resolución fue emitida por la CEDHV, documentada por la Fiscalía General del Estado y vinculada a corporaciones estatales.

La Comisión acreditó que las víctimas fueron privadas de la libertad por un comando armado vinculado a corporaciones estatales y posteriormente desaparecidas; además, confirmó que dos de ellas fueron ejecutadas. El caso también involucra señalamientos contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, del operativo Blindaje Coatzacoalcos y mandos policiacos estatales.

Entre las pruebas documentadas se incluyeron registros telefónicos, testimonios y datos de geolocalización que vincularon a mandos y elementos policiacos con los hechos. La recomendación concluyó además que la Fiscalía General del Estado incurrió en omisiones, revictimización de familiares y violaciones a derechos humanos durante el proceso.

La aceptación de las recomendaciones implica que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, deberá reparar integralmente el daño a las víctimas, fortalecer investigaciones, capacitar a su personal, emitir disculpas públicas y adoptar medidas para evitar nuevas violaciones a derechos humanos.

JRG