Xalapa, Ver.- La fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, afirmó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz inicia una nueva etapa en su relación con los organismos defensores de derechos humanos al dejar atrás la política de rechazo a las recomendaciones que predominó en la administración anterior encabezada por Verónica Hernández Giadáns.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado de Veracruz, la titular de la FGE sostuvo que, desde su llegada, instruyó una revisión integral de las recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con el objetivo de atenderlas y aceptarlas cuando así corresponda.

“Tengo un firme compromiso con los derechos humanos y con el Estado constitucional de derecho; por ello, desde el primer momento ordené revisar los términos de las recomendaciones emitidas por los organismos nacional y local”, expresó.

De acuerdo con la fiscal, quien fue designada el 8 de diciembre de 2025, su administración ya aceptó las recomendaciones 143/2025, 142/2025 y 79/2025.

Jiménez Aguirre subrayó que aceptar las recomendaciones implica mejorar los procedimientos internos y fincar responsabilidades a quienes hayan incurrido en violaciones a derechos humanos o hayan obstaculizado el acceso a la justicia de víctimas y familiares.

“Tenemos que identificar qué falló y por qué falló, para mejorar controles y capacitación, pero también para corregir y sancionar a los servidores públicos cuyas acciones entorpecieron las investigaciones y afectaron la vida de las víctimas”, sostuvo.

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) remarcó que el enfoque será tanto preventivo como correctivo. “No basta con evitar la repetición de errores; es indispensable tomar acciones jurídicas contra quienes, con sus conductas, incidieron negativamente en los procesos de procuración de justicia”, afirmó.

Informó que, desde su ingreso a la institución, se aplicaron 27 sanciones a personas servidoras públicas, pero omitió cuántas de ellas derivan directamente de recomendaciones en materia de derechos humanos. Asimismo, indicó que se trabaja en un protocolo interno para agilizar y facilitar la aplicación de estas sanciones.

Durante la administración de Verónica Hernández Giadáns, la Fiscalía de Veracruz rechazó de manera sistemática las recomendaciones de la CEDH, lo que llevó a que varios expedientes fueran turnados a la CNDH, la cual se pronunció en al menos 15 ocasiones para que dichas recomendaciones fueran aceptadas.

Jiménez Aguirre aseguró que las recomendaciones ya aceptadas por su administración incluyen casos relacionados con desaparición de personas y actos de tortura, y señaló que cada nuevo pronunciamiento será analizado de forma individual para determinar su procedencia.