Xalapa, Ver.- El Congreso del Estado aprobó este lunes 8 de diciembre la renuncia de Verónica Hernández Giadáns a la titularidad de la fiscalía de Veracruz, con lo que termina de manera anticipada el periodo de nueve años para el que fue designada desde 2020.

Las diputadas y diputados locales recibieron la mañana de este lunes 8 de diciembre un documento con el que, de manera formal, Verónica Hernández Giadáns renunció al cargo. La solicitud de la ahora exfiscal fue aprobada por las y los legisladores.

En la carta, Verónica Hernández agradeció al Congreso del Estado su designación al frente de la fiscalía de Veracruz –primero como encargada de despacho en 2019 y después como titular en 2020-. Asimismo, destacó que el órgano colaboró con el Poder Ejecutivo y las corporaciones de seguridad pública. 

“Nos queda la satisfacción de haber sido autores de la construcción de la paz y justicia en nuestro estado y nuestro país, apegados como siempre a nuestros actos, a la rectitud de conciencia por haber cumplido con el deber”, escribió.

La exfiscal de Veracruz aseguró que coincide con las modificaciones al proceso de designación de la persona titular del órgano, por lo que presentó su renuncia y estará disponible para la entrega-recepción. 

Verónica Hernández Giadáns comenzó su trayectoria en la fiscalía de Veracruz el 3 de septiembre de 2019, cuando fue nombrada encargada de despacho luego de que la mayoría parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) separó del cargo a Jorge Winckler Ortíz por reprobar los exámenes de control y confianza.

Más tarde, en 2020, el Congreso del Estado abrió un proceso para elegir a la persona titular de la fiscalía de Veracruz; entonces, Hernández Giadáns se registró y obtuvo el respaldo mayoritario. Fue nombrada fiscal formalmente el 28 de mayo para un periodo de nueve años.

¿Cuándo eligen nueva fiscal en Veracruz?

Tras la lectura de su renuncia, los legisladores fueron convocados a una reunión de trabajo a las 18:00 horas, donde analizarán la propuesta enviada por la gobernadora Rocío Nahle para designar a quien encabezará la fiscalía.

De acuerdo con fuentes internas de la fiscalía, se presume que quien ocupará el cargo será Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien este día solicitó licencia por un año a su cargo como magistrada de Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV). 

Según la legislación que entró en vigor el pasado 3 de diciembre, corresponde al o la titular del Poder Ejecutivo presentar la propuesta de designación ante el Congreso de Veracruz, por lo que la propuesta formal será leída este lunes en la segunda sesión convocada este día

Las y los diputados deberán votar el nombramiento dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles, con el respaldo de dos terceras partes de los presentes. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, aseguró que será este mismo día cuando se cuente con una fiscal general, la cual estará en el cargo por un año.

Así eligen a nuevo fiscal en Veracruz

De acuerdo con la legislación que entró en vigor el pasado 3 de diciembre, corresponde a la titular del Poder Ejecutivo presentar la propuesta de designación ante el Congreso del Estado.

Las y los diputados locales deberán votar el nombramiento dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles, con el respaldo de dos terceras partes de los presentes.

Si el Congreso de Veracruz no fija una postura en ese tiempo, la propuesta se considerará aprobada de manera automática y la persona elegida será llamada a rendir protesta. En caso contrario, si la propuesta es rechazada, la gobernadora Rocío Nahle enviará una segunda terna, que deberá ser sometida nuevamente a votación en los términos ya establecidos.

Si la legislatura vuelve a omitir una resolución o rechaza la segunda propuesta, la gobernadora quedará facultada para designar directamente a la persona titular de la fiscalía entre los perfiles previamente enviados.

La normativa vigente también fija las características que deberá reunir quien encabece la fiscalía: honorabilidad, trayectoria sólida en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, capacidad de dirección institucional, experiencia en diseño de políticas públicas, independencia en sus decisiones y un enfoque con respeto a los derechos humanos, atención de víctimas y perspectiva de género.