Xalapa, Ver.— Desde peritajes retrasados e incompletos, detenciones arbitrarias y hasta torturas, son algunas de las violaciones a derechos humanos y al debido proceso que han sido denunciadas por personas detenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios.png

En los últimos meses, se han visto casos de víctimas que aseguran no haber cometido los crímenes que se les imputan y sus familias lo respaldan con evidencia. 

La falta de pruebas claras o la presión por resolver casos complejos hace que se proceda a la detención de personas sin los debidos procesos investigativos, o se elaboren pruebas que resultan ser fabricadas o manipuladas, afirma el abogado Tomás Mundo.

Además, Mundo señala que los casos de chivos expiatorios generados por la FGE no solo violan los derechos humanos de los acusados, sino que también afectan la credibilidad de las instituciones de justicia.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_1.png

Se crea un ciclo vicioso en el que el sistema se ve forzado a defender una versión falsa, lo que impide el verdadero esclarecimiento de los hechos. 

En los últimos meses, la FGE de Veracruz ha sido señalada por detener a inocentes, relacionados con crímenes contra diputados federales o delitos que generan presión mediática y social. Aquí, en e-consulta Veracruz, hacemos un conteo.

Maribel, detenida en Rafael Delgado

La madrugada del 5 de febrero de 2025, uniformados armados entraron a una humilde vivienda en el municipio de Rafael Delgado. Sin orden de aprehensión, Maribel “N” fue detenida, señalada por delitos contra la salud. Su detención se dio en medio de agresión física y verbal en contra de ella, cinco menores y dos adultos mayores.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_2.png

En el cateo, de acuerdo con datos de la Fiscalía, en la vivienda encontraron “bolsas de plástico que contenían hierba verde con características similares a la marihuana”, así como una libreta con anotaciones diversas de venta de droga, chips de teléfono con números de diversas regiones y un teléfono celular.

De acuerdo con los habitantes del municipio de Rafael Delgado, quienes publicaron una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Rocío Nahle, Maribel es una mujer que trabajaba en casas haciendo limpieza y se encuentra al cuidado de sus padres, dos adultos mayores de 60 años.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_3.png

“Maribel, de 30 años de edad, es integrante de una familia cristiana. Comparte con su hermana la tarea de cuidar a una pareja de abuelos y realizar labores domésticas en distintas casas, por las que recibe 280 pesos por jornada, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 

“Con su esfuerzo, contribuye al sustento de un hogar que, con sencillez y dignidad, sale adelante. A pesar de no haber presentado una orden de cateo, como asegura la Fiscalía General del Estado de Veracruz, su casa fue allanada sin justificación, reflejando un atropello a una familia cuyo estilo de vida está lejos de cualquier actividad delictiva. 

“Durante el operativo, no solo fue detenida y torturada, sino que también se violentó a cinco menores de edad, adultos mayores con problemas de salud y jóvenes que dormían”, afirman en la carta.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_5.png

En la carta se detalla que la familia es conocida y apreciada en su comunidad, se distingue por su trabajo, honestidad y valores. Son personas de bien, con una vida marcada por el esfuerzo y la solidaridad, alejadas de cualquier situación que las vincule con hechos como estos.

Posterior a su detención, Maribel fue incomunicada durante varias horas y torturada mediante choques eléctricos. Debido a esto, su familia recurrió a un juez federal, quien una semana después ordenó la suspensión de cualquier acto que pueda afectar la vida, integridad o dignidad de Maribel.

La medida, dictada en el juicio de amparo 61/2025, obliga a las autoridades a informar sobre su paradero y el estado del procedimiento en su contra.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_4.png

El promovente del amparo denunció que Maribel fue “sacada a golpes y con lujo de violencia de su domicilio” por elementos de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública. En su testimonio, señaló que, al acudir a la Fiscalía para verla, se le negó el acceso:

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que me indicaron en barandilla que me registrara para el acceso para verla y hablar con ella ayer 5 de febrero a las 16:00 horas aproximadamente y así lo hice".

"Después de un par de minutos, el encargado del despacho en forma contundente me indicó que, por instrucciones del Fiscal Segundo, Enrique Méndez García, y de la Fiscal de Distrito, Xóchitl Jazmine Stranfon Santos, no podía ingresar, ni verla, ni hablar con ella".

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_6.png

Ante la denuncia, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Veracruz ordenó la suspensión de plano para cesar cualquier acto de detención ilegal, tortura o incomunicación. Asimismo, las autoridades responsables deberán presentar un informe sobre la detención y el estado del procedimiento.

Guillermo, detenido por crimen de diputado

El 9 de diciembre de 2024, el diputado federal Benito Aguas Atlahua y el ingeniero Agustín Linares fueron asesinados cuando se encontraban en un convivio familiar en la comunidad de Tepenacaxtla, Zongolica.

De acuerdo con las autoridades, un hombre en motocicleta les disparó a quemarropa. Por este crimen, Guillermo Israel N fue detenido el 5 de febrero de 2025, aunque aseguran que es inocente.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_8.png

El día del crimen, de acuerdo con un video que dieron a conocer sus familiares y amigos, Guillermo Israel N se encontraba en una peregrinación en la Ciudad de México. Guillermo es integrante de un grupo religioso que, en vísperas del 12 de diciembre, viajó hasta la capital del país.

Los integrantes de la agrupación Antorcha Guadalupana denunciaron que las autoridades están cometiendo una injusticia en contra de Guillermo Israel, quien fue detenido en días pasados como presunto culpable del homicidio del diputado Benito Aguas y acusado de ser el autor material del doble crimen.

De acuerdo con declaraciones hechas el 10 de diciembre de 2024 por el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, la Fiscalía General de la República (FGR) absorbió el caso desde el primer momento. Además, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) coadyuvaría en las investigaciones.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_7.png

Si bien el crimen del diputado federal causó indignación entre la población de la zona serrana de Veracruz, generando grandes movilizaciones que exigieron justicia, la detención de Guillermo Israel también desató protestas.

Familiares y conocidos del joven incluso bloquearon la carretera para exigir que la defensa permita mostrar las pruebas de que el joven se encontraba en la peregrinación y no en el lugar donde sucedió el crimen.

Profesor Fernando, detenido por robo

El delito contra las instituciones de seguridad pública es una de las acusaciones más utilizadas por la FGE para mantener a los detenidos tras las rejas, según han señalado organizaciones de abogados, quienes lo consideran inconstitucional.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_10.png

El pasado 8 de enero de 2025, el profesor Fernando vivió esta situación cuando policías municipales de Xalapa y agentes ministeriales de la FGE irrumpieron en su hogar en la colonia Rafael Lucio de la capital del estado.

Inicialmente, el maestro fue acusado de un asalto ocurrido en la plaza Urban Center, donde una cuentahabiente fue despojada de 56 mil pesos.

Ante la falta de pruebas, el docente terminó siendo presentado ante un juez por el delito contra las instituciones de seguridad pública. La detención fue justificada bajo el argumento de flagrancia, aunque familiares y su abogado la calificaron como arbitraria y carente de sustento.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_9.png

De acuerdo con Gerardo Escobedo Muñoz, abogado defensor, la detención fue parte de un operativo irregular en el que los agentes ingresaron al domicilio sin orden judicial.

El operativo, realizado alrededor de las 3:00 de la tarde, habría sido motivado por un código rojo emitido tras el asalto ocurrido ese mismo día a las 12:30 del día. Según reportes, los responsables del robo eran dos hombres vestidos de negro que huyeron en un auto Versa.

“Entraron sin autorización, rompieron cristales, causaron destrozos y sometieron a la hermana del maestro. A él lo sacaron con violencia, sin justificación ni explicación alguna”, señaló.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_11.png

Los testigos también aseguraron que las características descritas no coinciden con las del profesor. Además, afirmaron que este se encontraba en su hogar desde el mediodía, tras haber regresado de su trabajo en un taxi, como lo hace habitualmente.

Durante el operativo, que duró aproximadamente tres horas, los policías no solo causaron daños materiales, sino que también sustrajeron bienes del domicilio, según la defensa.

“Se llevaron laptops, celulares, joyas y dinero en efectivo, además de consumir los alimentos que encontraron en la cocina”, detalló Escobedo Muñoz.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_12.png

Fernando, quien trabaja como docente en la primaria Benito Juárez García en Naolinco, fue llevado a varias instalaciones policiacas sin que su familia pudiera localizarlo por varias horas. Finalmente, fue presentado ante el Ministerio Público gracias a un amparo promovido por su abogado.

“El informe policial tiene inconsistencias graves. Los horarios no coinciden y no hay pruebas que lo vinculen al asalto. Nada de lo señalado en el documento refleja la realidad”, afirmó Escobedo Muñoz.

En la audiencia inicial, un juez de control determinó no legalizar la detención debido a las irregularidades del informe policial homologado. Según la defensa, el informe indicaba que la detención ocurrió en flagrancia, pero los tiempos no coinciden, ya que el código rojo se emitió a las 14:56 horas, mientras que la supuesta detención ocurrió antes de esa hora.

fge-hernandez_giadans-chivos_expiatorios_13.png

Tras quedar en libertad, los familiares del profesor presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra los elementos que participaron en el operativo. Señalaron que recurrirán a todas las instancias legales necesarias para garantizar justicia y resarcir los daños causados.

“El maestro es una persona reconocida por su trabajo y compromiso con la educación. Este tipo de actos no solo afectan su reputación, sino también la tranquilidad de su familia y de toda la comunidad”, concluyó el abogado.

Los familiares enfatizaron que están a favor de que se realicen las investigaciones necesarias para dar con los responsables del asalto, pero rechazaron que se utilicen procedimientos arbitrarios que violen los derechos humanos.