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Sin Ley 3 de 3 en Veracruz, deudores y agresores podrían ser candidatos
Xalapa, Ver.- En Veracruz existe el riesgo de que en el próximo proceso electoral se postulen candidatos deudores alimentarios morosos, violentadores de mujeres y acosadores sexuales, alertó la diputada local Maribel Ramírez Topete.
De acuerdo con la diputada local de Movimiento Ciudadano esto se debería a que hasta el momento no se armoniza la Constitución Política del Estado de Veracruz con la llamada Ley 3 de 3.
“El día de hoy corremos el riesgo que para el próximo proceso electoral no sea elevado a cargo constitucional y como requisito de elegibilidad no ser deudor alimentario moroso, no ser violentador de mujeres ni violentadores políticos en razón de género”, dijo.
La diputada local exhortó a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado a que, en la víspera del inicio del proceso electoral federal y local, se inicien los trabajos de armonización del marco legal de la entidad con la llamada Ley 3 de 3.
Dijo que en la próxima contienda electoral no se debe empoderar la violencia, pues las mujeres no quieren de candidatos a cargos de elección popular a violentadores, acosadores sexuales ni deudores alimentarios morosos.
Recordó que ya está en vigor la reforma de los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que trata sobre la suspensión de derechos a los agresores sexuales, violentadores y deudores alimentarios morosos para ocupar cargo de elección popular, empleos o comisiones del servicio público.
Las reformas aplican para quienes tengan sentencias por delitos como crímenes de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica o violación a la intimidad sexual, además de violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades.
Maribel Ramírez Topete comentó que en septiembre de 2022 presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Veracruz para que las y los aspirantes a una candidatura no cuenten con supuestos de condena o sanción por violencia familiar y/o doméstica, violencia sexual o incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
A 10 meses de que presentó su iniciativa, aún no es dictaminada, sin embargo, afirmó que tiene confianza de que al cierre del actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 31 de julio, el Congreso del Estado cumpla con su responsabilidad.
Recordó a sus compañeros diputados que su trabajo primordial es legislar y tienen la obligación de garantizar leyes armonizadas para garantizar los derechos humanos de las mujeres.