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Plan B de la reforma electoral: ¿Afecta derechos políticos de las mujeres?

  • Alba Alemán
Además de los cambios en el INE, feministas y funcionarias consideran que la reforma de AMLO políticamente a las mujeres mexicanas


Xalapa, Ver.- Desde antes de su aprobación en el Congreso de la Unión, organizaciones civiles y legisladoras alertaron que el plan b de la reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador generará un retroceso para los derechos políticos y electorales de las mujeres.

De acuerdo con organizaciones feministas, senadoras de la república y hasta integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), el plan b de la reforma electoral, aprobado el pasado martes 22 de febrero, contiene puntos específicos que afectan políticamente a las mujeres.

Entre las principales quejas se encuentra que, con el plan b de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, se eliminarían las sanciones administrativas para impedir que personas que cometan violencia política en razón de género participen en elecciones por cargos públicos.

Otra de las quejas es que la reforma electoral vulnera la paridad de género, ya que se disminuiría la cantidad de mujeres que los partidos políticos deben postular como candidatas en procesos electorales.

“Viola tratados internacionales que México ha aprobado y ratificado en materias de derechos humanos de las mujeres, lo propuesto en las reformas a nivel leyes contenidas en el llamado plan B, afecta contra la democracia, contra los derechos de la ciudadanía y elimina los avances en materia de derechos e igualdad que hemos construido las mujeres”, señaló la activista Patricia Olamendi.
 

LAS AFECTACIONES DENUNCIADAS

- Disminución de candidaturas para mujeres

De acuerdo con un análisis realizado por Mujeres en Plural, con la aprobación del plan de la reforma electoral, los partidos políticos ya no están obligados a que el 50 por ciento de sus candidaturas sean otorgadas a mujeres, pues la cuota ahora es sólo del 25 por ciento.
Según las activistas, las mujeres fueron relegadas a lo largo de la historia, principalmente del ámbito de la política.

En México, fue hasta la Legislatura LXIV del Congreso de la Unión, que entró en funciones el 1 de septiembre de 2018, la primera ocasión en que se logró la paridad de género en la Cámara de Diputados.
 

Agresores podrían llegar al poder 

De acuerdo con colectivos como Mujeres en Plural y las Constituyentes MX, la reforma electoral de AMLO faculta a los partidos políticos para que determinen quienes pueden ser postulados para cargos de elección popular, con lo que los Organismos Públicos Electorales (OPLE) pierden la capacidad de evitar que algunas personas sean postuladas como candidatas, por ejemplo, actores con antecedentes de violencia hacia las mujeres.

“Las autoridades electorales sólo podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos para efecto de reposición de procedimientos por violaciones a su normativa interna o a derechos de la ciudadanía. En ningún caso podrán resolver nombrando dirigentes y candidatos o determinando cualquier acto que interfiera en forma directa en las decisiones de la vida interna de los partidos”, indica el nuevo texto del artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Esta es una de las modificaciones más señaladas por feministas y senadoras de la república, quienes argumentan que apenas en las elecciones de 2021 se logró sancionar a personas señaladas de violencia política, con lo que se les impidió participar en el proceso.

Falta de certeza en violencia política de género

La senadora veracruzana por el Partido Acción Nacional (PAN), Indira Rosales San Román, señaló que otros de los problemas que se identifican con la reforma aprobada el pasado martes 22 de febrero, es el riesgo que  encuentra la Unidad de Género tras los cambios de operación en el INE.

Rosales San Román afirmó que esta unidad es la primera que recibe las quejas y da trámite a los casos de violencia política de género, por lo que, al eliminarla, se queda en un limbo y sin certeza.

“Le daba trámite y le daba seguimiento a este tipo de quejas, queda este vacío legal de dónde se acudirá en primera instancia sin tener que acudir al Tribunal para presentar estas denuncias por violencia política de género y además hay que decirlo, resulta ser una contradicción porque la violencia política de género nosotros la legislamos dentro de este mismo Senado de la República hace un par de años”, aseguró