Como una excepción a la política de austeridad del actual Gobierno en Veracruz, la Fiscalía General del Estado es el único organismo autónomo que mantiene un incremento sustancial a su presupuesto de forma anual.

Incluso para 2023 se proyecta asignarle unos mil 550 millones de pesos de recursos estatales, 150 millones de pesos extras a los presupuestados oficialmente este año.

Apenas en 2021, el organismo bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns, también solicitó a la Legislatura 347 millones de pesos extras a su presupuesto con el argumento de saldar impuestos federales que dejaron pendientes sus antecesores, lo que fue aprobado por el pleno.

Pese a estos constantes beneficios, algunos indicadores de la Fiscalía siguen sin mejorar según distintas mediciones.

No obstante, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez e incluso del presidente, Andrés Manuel López Obrador, aplauden constantemente la labor de Hernández Giadáns.

RECORTES Y AUMENTOS

En diciembre de 2018, cuando Cuitláhuac García entró al gobierno de Veracruz, los diputados ya con mayoría de Morena en la Legislatura aprobaron un presupuesto de 2 mil 45 millones 29 mil 411 pesos para el organismo, entonces liderado aún por Jorge Winckler Ortiz, actualmente preso en el penal federal del Altiplano ubicado en Almoloya, en el Estado de México.

Sin embargo, debido a un decreto de austeridad emitido desde la federación, la Fiscalía tuvo un recorte de casi 500 millones de pesos.

Así, el 4 de marzo de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto 234 que, a su vez, reformó el decreto 14 publicado el año anterior, para modificar los montos a los que habrían de acceder las dependencias y organismos.

La Fiscalía tuvo un recorte importante, al quedarse con un monto de mil 554 millones 433 mil 687 pesos. 
Meses más tarde, Winckler fue depuesto de su cargo y Verónica Hernández subió a la titularidad de la Fiscalía como encargada, para meses más tarde ser ratificada como fiscal general. 

A finales de ese año, se aprobó que la Fiscalía ejerciera en 2020 un monto de mil 466 millones 108 mil 652 pesos, es decir, un nuevo recorte ahora de 88 millones. Para 2021 la Fiscalía tuvo un presupuesto idéntico; no obstante, fue entonces que se le concedió una primera ampliación presupuestal por 347 millones de pesos.

FGE LIBRA TIJERETAZOS

Este 2022 el organismo a cargo de Verónica Hernández debía gastar mil 471 millones 108 mil 652 pesos, es decir, 5 millones más respecto al ejercicio anterior. 

Frente a otros organismos autónomos, la Fiscalía si bien no ha tenido incrementos sustanciales, sí ha ejercido un presupuesto que prácticamente es intocado por el Congreso, a diferencia de otros donde, por ejemplo, se han recortado los montos con “tijeretazos”.

Es el caso de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) que, de 20 millones 150 mil 900 pesos en 2019, pasó a 19 millones 300 mil 900 pesos para 2020 y el mismo monto para el 2021.

Otro que también fue castigado es el Organismo Público Local Electoral (OPLE), que este 2022, al no ser un año electoral, fue el que perdió más dinero al pasar de mil 61.4 millones de pesos el año anterior a 660 millones, aunque luego, derivado de sentencias federales en materia electoral, le fue incrementado.

El año pasado, se conoció que en el Poder Judicial del Estado había una crisis financiera importante.
El faltante de casi 500 millones de pesos obligó a solicitar una ampliación presupuestal por ese monto, a efecto de concluir el año fiscal. No obstante, no fue concedida en los términos que fue solicitada. 

Así, tras realizar algunos ajustes, la Secretaría de Finanzas y Planeación finalmente le autorizó un monto de 200 millones de pesos para cerrar el año, lo que fue avalado por el Congreso del Estado.

NUEVA AMPLIACIÓN 

A diferencia de lo que ocurrió con el Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado no hubo trabas a la petición de darle 150 millones más para terminar este año y es prácticamente un hecho que se le va a conceder.

Tampoco es la primera vez que la Fiscalía solicita un incremento y le es concedido. Como se mencionó ya en febrero del año pasado, el Congreso autorizó que se les dieran 347 millones 147 mil 918 pesos adicionales a los mil 466 millones ya autorizados.

En incremento se justificó en que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los créditos fiscales contra la FGE a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, durante el gobierno de Javier Duarte.

Ahora, la petición del aumento por 150 millones parte, en apariencia, de la necesidad de concluir algunas obras.
Pero también para gasto corriente como pago de nómina y otros temas de viáticos, de acuerdo con lo que ha señalado el propio titular de Finanzas, José Luis Lima Franco, ante medios de comunicación.

Ello, pese a que desde el año pasado ya se proyectaba que la Fiscalía gastara mil 166 millones en el rubro de servicios personales, que incluye ya la nómina de sus empleados.

“Es prácticamente para cerrar el año. Una parte es para concluir el tema de infraestructura que están haciendo, el edificio que están concluyendo en las instalaciones de la Fiscalía, otros temas para gasto corriente, de nóminas.

“Tenemos ya esta solicitud de 150 millones de pesos para terminar el año; yo creo que sí es viable que se dé esta ampliación, afortunadamente el gobierno del estado cuenta con recursos”, declaró Lima Franco al zanjar que la seguridad y la justicia, son temas prioritarios para la administración actual.

RESPALDO FINACIERO CONTRA “POBRES RESULTADOS”

Pese al respaldo dado a la Fiscalía el año pasado y el que se pretende dar en este 2022, los resultados en materia de procuración de justicia son pobres, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil.

Por ejemplo, México Evalúa A.C. encontró que, en 2021, el índice de impunidad en delitos que tienen que ver con violencia contra la mujer, son los más altos en México.

Para el caso de la violación en Veracruz, fue del 100 por ciento, colocando a la FGE estatal como la peor en todo el país, pues nadie más repitió esa cifra.

En feminicidios, el porcentaje alcanzó el 88.4 por ciento, ligeramente por encima de la media nacional que es de 88.1 por ciento.

De la violencia familiar, la impunidad también se colocó en el 100 por ciento; el secuestro igualmente tuvo esa cifra del 100 por ciento.

Los malos resultados se extienden a la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, que no ha logrado una sola sentencia condenatoria contra servidores o exservidores públicos.

Además, arrastra un recorte en el presupuesto de 2020 de más del 70 por ciento respecto del año anterior, y sobre esta recae la evasiva de informar acerca de la preparación académica del personal y los resultados en materia de procuración de justicia.

Así, la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz se posiciona como una de las peores en todo el país, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).

El informe destaca que, si bien cuenta con un marco jurídico para su creación que determina la autonomía presupuestaria, el recorte en el presupuesto del organismo especializado entre 2019 y 2020 fue de más del 71 por ciento, esto significa que pasó de ejercer 78 millones 139 mil 892 pesos en 2019 a solo 22 millones 585 mil 124 pesos un año más tarde.

Ello se ha traducido en que, a la fecha, no haya una sola sentencia condenatoria contra servidores o exservidores públicos, aunque la fiscal especializada, Clementina Salazar Cruz, niega tal dato, aunque sin ofrecer información respecto a sus resultados.

“Ninguno de los cinco estados cuyo ejercicio presupuestal es independiente al de la Fiscalía General han obtenido una sentencia condenatoria. Tres (Durango, Jalisco y Campeche) incrementaron el presupuesto de la FA entre 2019 y 2020, pero los dos restantes (Coahuila y Veracruz) sufrieron un recorte”, señala el estudio.

Por cuanto hace a la preparación del personal que labora en la Fiscalía Anticorrupción, la de Veracruz se negó a enviar la información necesaria para determinar si están preparados o no académicamente para ocupar el puesto que ostentan.

Esto es, no se aclaró si los ministerios públicos, policías, peritos, analistas y oficiales ministeriales cuentan todos con licenciatura; tampoco ofreció información para determinar si fueron capacitados o no.

Tampoco brindó información para determinar cuál es el número de ministerios públicos con los que cuenta y el promedio de investigaciones que lleva cada uno.

La Fiscalía de Veracruz también carece de procesos como un registro de la investigación, mecanismos para investigaciones independientes, y con planes de colaboración para investigar, plataformas informativas y otorgamiento de carácter de víctima tanto para instituciones como ciudadanos.

Igualmente, no se encontraron elementos para determinar cuál es el alcance de los logros de la Fiscalía Anticorrupción veracruzana.

En el rubro que evalúa el número de investigaciones iniciadas a través de acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad, el No Ejercicio de la Acción Penal o mediante judicialización, la entidad es una de las que no aportó información al respecto.

SIGUEN LOS APLAUSOS 

En medio de todos estos malos indicadores, el pasado 19 de octubre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que con la llegada de Verónica Hernández todo es mejor en la entidad en materia de seguridad.

El Ejecutivo Federal puso como ejemplo a la fiscal general y planteó que las autoridades locales remuevan a procuradores que no dan resultados, afirmando que los fiscales generales que no den resultado deberían tener “dignidad” y renunciar.

De nueva cuenta aseguró que, en el caso de Veracruz, a la salida de Jorge Winckler Ortiz, la seguridad mejoró.

“Estaba mal, mal, mal. Salió el procurador, desde luego hubieron (sic) otros cambios, pero es notorio de que mejoró la situación de seguridad”, aseveró.

Igualmente, tocó el caso de los Fiscales Anticorrupción, criticando que los largos periodos de permanencia de estos, solo garantiza impunidad.

ys