Un policía de la Fuerza Civil acusó en un video este 18 de octubre que sus superiores, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pretendían privarlo de la libertad en Xalapa. 

“Estoy responsabilizando a los compañeros Estatales al mando del comandante Tigre, son ellos los que me querían desaparecer, los que me querían hacer desaparición forzada como han hecho en otras ocasiones, desaparecer compañeros, ahora mi muerte no va quedar impune”, dijo el policía Cosme N quien pidió auxilio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con un video de Facebook, lo que fue minimizado por Cuitláhuac García al opinar que el policía no estaba “plenamente consciente”, declaró.

El temor de Cosme no es aislado. Crímenes, desapariciones forzadas y actos de extorsión son algunos de los delitos que entre agosto y octubre del 2022 se fincaron elementos de la Policía Estatal, lo que pone bajo la lupa a la secretaría a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, y al mismo funcionario.

La queja se suma a una serie de denuncias contra la dependencia en los últimos meses entre las que destaca la presunta desaparición forzada de un compañero de la corporación. Dos de los acusados tenían cargos directos para instruir la búsqueda de la víctima, Juan Alan Cuetero Meza, director de la Policía Vial, “El Archi”. 

CASO ARCHI: ALTOS MANDOS INVOLUCRADOS

El 29 de mayo, Juan Alan Cuetero Meza, conocido como El Archi, desapareció tras salir de su casa en la zona centro de la ciudad de Veracruz y mientras estaba a cargo de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. 

En jerarquía a la par, según organigrama de la misma SSP, su compañero Alan N, hoy detenido por la desaparición, tenía a su cargo la Dirección de Operaciones, una de las más importantes de la secretaría.

“Realizar los operativos y ejecutar los auxilios de la fuerza pública que se requieran, previa autorización de la superioridad” era una de las funciones que estaban en su competencia. A su cargo tenía a los elementos de seguridad de la Subdirección regional Norte, Centro y Sur, así como la de Agrupamientos y la de Información y Estadística Delictiva, según consta en el manual de la dependencia.

Un día después de la desaparición de El Archi, la SSP, en coordinación con la Dirección a cargo de Alan N, montó un operativo en el puerto de Veracruz en el que el automóvil de “El Archi” fue hallado a una cuadra del palacio municipal de Emiliano Zapata; el 31 de mayo, Gutiérrez Maldonado declaró que el funcionario había sido privado de la libertad por un grupo del crimen organizado.

La línea de jerarquía entre el hoy detenido y el secretario de Seguridad es casi directa. Solo los divide Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, actual subsecretario de Operaciones de la SSP y subordinado inmediato de Hugo Gutiérrez.

Zúñiga llegó al puesto el 15 de julio del 2019 como relevo de Eugenio Palma Bernal; ante medios de comunicación el secretario de Seguridad dijo que era parte de una estrategia para el reforzamiento de la logística y operaciones que se despliegan en Veracruz.

Gutiérrez, Zúñiga y Alan N tenían bajo su responsabilidad las acciones para dar con el paradero de Cuetero Meza. 

Una cuarta autoridad, subordinado por debajo de la Dirección de Operaciones, era quien de manera directa organizaba a los policías estatales en la zona de Veracruz-Boca del Río; este 13 de octubre fue detenido. A Ricardo de Jesús N le fue girada una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la desaparición del El Archi, así como a dos policías estatales más.

80 días habían pasado desde la última vez que se supo de Cuetero Meza cuando salió a la iglesia ese domingo. En medio de la visibilización y búsqueda por parte de familiares, Alan N fue removido del cargo en la Dirección de Operaciones y el 17 de agosto se le designó el puesto al frente de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, mismo que aún ostentaba al momento de su detención.

La madre de Cuetero denunció que a tres meses de la desaparición de su hijo la Fiscalía General del Estado (FGE) mantenía en opacidad la carpeta de investigación y solamente sabía que los dos celulares que usaba habían sido hallados el primero de junio a 100 metros de la caseta de vigilancia de la comunidad de Santa Fe, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

En entrevista para E-Consulta Veracruz, Lidia Enrique Meza López relató que en medio de la desesperación por hallar al joven de 32 años, había acudido en tres ocasiones a la Fiscalía por información y no se le habían facilitado los avances en la investigación.

“Le pido ayuda al presidente de la república, que jale la investigación a la federación, que investiguen, quiero saber, porque la fiscalía no me dice nada”, dijo. 

Después de más de cuatro meses de que no hay rastro de El Archi, existen tres imputaciones y una vinculación a proceso por la presunta responsabilidad en la desaparición forzada del joven. Todas son de elementos bajo tutela de la SSP.

SSP BAJO LA LUPA. CUITLÁHUAC RESPALDA

Un documento de la SEDENA filtrado por los hacktivistas “Guacamaya” reveló el 5 de octubre la presunta relación entre la actual administración Estatal y el crimen organizado. Se señaló que el Cártel del Noreste opera en Veracruz con protección de la SSP.

El documento de la Secretaría de Defensa de la Nación (SEDENA), calificado como “extra urgente” acusa que la guerra entre bandas criminales asentadas, principalmente en el sur de Veracruz, inició luego de que García Jiménez “está apoyando la entrada” de este cártel al estado.

De acuerdo con el documento en poder de E-Consulta Veracruz el Cártel del Noreste se encuentra bajo resguardo de Hugo Gutiérrez Maldonado en coordinación con la Policía Estatal y Fuerza Civil. Esto habría detonado una ola de hechos violentos en al menos cuatro municipios de la entidad.

Al respecto, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez evitó responder ante medios de comunicación si había sido o no notificado en su momento del documento fechado el día 16 de marzo del 2019 y puso en tela de duda que fuera real.
Así también, respaldó el trabajo de Gutiérrez Maldonado rechazando que fuera a existir una investigación tras el documento filtrado por Guacamaya.

“No lo respaldo yo, yo obviamente voy a respaldar a los 17 secretarios y secretarías. No… lo respalda los resultados (…) El trabajo, los datos duros”, insistió el gobernador.

Esta filtración puso bajo la mira a la SSP, que en al menos los últimos dos meses estuvo envuelta en polémica por la investigación y detención de elementos bajo su orden.

Durante la madrugada del 12 de octubre el conductor de un transporte de carga fue asaltado por sujetos desconocidos mientras se trasladaba en la carretera Puebla-Córdoba. Seis elementos policiacos fueron detenidos mientras cargaban patrullas con el contenido del tráiler; tres eran de la Policía Estatal de Veracruz.

Los elementos policiacos de Veracruz y seis de Puebla fueron detenidos tras el llamado de emergencia de pobladores de La Esperanza, en el límite de territorio veracruzano con poblano, conocido por rapiñas, asaltos, retenes falsos y hasta violaciones que se han registrado.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó liberar a los policías y fueron reinstalados en sus puesto. Cuitláhuac García dijo en conferencia que no hubo pruebas para comprobar que los elementos habían robado la mercancía y recibieron un castigo por “faltar a protocolos”.
Según la versión de autoridades, la detención se trató de una “confusión”, a consecuencia de la falta de coordinación entre la Guardia Nacional, los elementos de Veracruz y de la policía estatal de Puebla.

RECOMENDACIONES DE CEDH POR CRÍMENES

Días antes a la detención, el segundo día de octubre, dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) concluyeron que policías de la SSP son responsables del asesinato de  Carlos Navarro y Gustavo Ortiz en las instalaciones del Cuartel General “Heriberto Jara Corona” en Xalapa.

La madre de Carlos relató que el joven salió a trabajar el dos de mayo del 2020 y no volvió a casa. Las autoridades le notificaron el fallecimiento al otro día, cuando entregaron su cuerpo con moretones que habían sido maquillados y justificando que falleció por un infarto dentro del cuartel.

La muerte de Gustavo fue similar. Sus restos fueron entregados el 24 de octubre de 2020, tras ser detenido en la comunidad El Rosario en el municipio de Banderilla.

Sus familiares lo buscaron y hallaron el Audi de color negro en el Cuartel de San José, sin embargo, la SSP nunca les reportó la detención hasta que fue entregado sin vida, con heridas que fueron visibles hasta que familiares retiraron el maquillaje con el que se intentó ocultar los golpes. Las versiones de la detención iban desde un auto robado, hasta una riña, sin que se pudiera comprobar ninguna.

Se suman otros tres crímenes que tendrían a elementos de la SSP detrás. A inicios de la segunda semana de agosto, la FGE de Veracruz confirmó que el exsubdelegado de la policía estatal y un policía estatal habían sido vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso en dos hechos distintos.

El exsubdelegado Juan Roberto “N” habría atacado en la cabeza a una persona con un arma blanca, en el municipio de Coatzintla. Por este crimen se abrió el proceso penal 218/2022.

En San Andrés Tuxtla, el policía estatal Armando “N” fue acusado de un doble homicidio contra dos jóvenes de 29 años. A bordo de una moto, el elemento policiaco habría disparado contra Francisco y Florencio para privarlos de la vida, según consta en el proceso penal 213/2022.

Respecto a denuncias por extorsión contra transportistas, el secretario Hugo Gutiérrez confirmó el 8 de agosto que se abrieron seis carpetas de investigación contra los elementos de la corporación, derivadas de las acusaciones de integrantes la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC).

Para el gobernador Cuitláhuac García no es necesario usar “mano dura” como castigo a los elementos de seguridad de la SSP. El mandatario fue cuestionado sobre las detenciones por la desaparición del El Archi, a lo que respondió:

“El término de mano dura no es mi convicción, porque con esa mano dura se usaba de pretexto para violar derechos humanos e ir en represión contra manifestaciones políticas que deberían haber sido libres; mano dura no, apego a los principios que rigen propia Secretaría de Seguridad Pública, como se ha venido haciendo”, aseveró.

fm