Veracruz posee, a través de Ernesto Ruiz Flandes, el récord de sanciones contra una persona ocupando 11 espacios vigentes en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Así, el expresidente municipal de Altotonga se convierte en el mayor violentador de mujeres no solo en Veracruz, sino también en todo el país.

Ruiz Flandes ha sido condenado en 11 ocasiones a través de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) y por ello su nombre aparecerá en el registro por al menos 6 años.

Y es que este caso llevó a Veracruz a ser el segundo Estado con más sanciones por violencia política de género en el país. En la entidad 35 agresores en total han sido inscritos en el Registro.

Las demandas se siguen presentando principalmente con funcionarias municipales como víctimas; los casos versan sobre todo en la obstrucción del desempeño de sus encargos o el cuestionamiento por su capacidad de ejercer un cargo por el hecho de ser mujer.

Aunque en la mayoría de los casos los violentadores son varones, también existen casos de agresoras mujeres contra compañeras.

POSICIÓN DESHONROSA

El mismo Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirma el caso de dicho funcionario inscrito 11 veces en el registro.

La primera de las sanciones que le impuso el Tribunal Electoral de Veracruz a Ruiz Flandes fue dentro de la resolución del expediente TEV-JDC-552/2020; seguido del TEV-JDC-577/2020, TEV-JDC-540/2020, TEV-JDC-558/2020, TEV-JDC-635/2020 y acumulado TEV-JDC-24/2021.

Así como del expediente TEV-JDC-600/2020, TEV-JDC-89/2021, TEV-JDC-95/2021 y acumulado TEV-JDC-96/2021, TEV-JDC-431/2021, TEV-JDC-555/2021, y de los expedientes TEV-JDC-681/2021 y acumulados.

En todos los casos, fue acusado por quien fuera la regidora quinta, María Elena Baltazar Pablo, al no convocarla debidamente a las sesiones de cabildo.

Además, el edil le negó de manera reiterada el acceso a información sobre los estados financieros del municipio, le detuvo en diversas ocasiones sus percepciones ordinarias y extraordinarias, e igualmente obstaculizó el desempeño de sus funciones.

Por ejemplo, en el juicio TEV-JDC-558/2020, la exregidora acusó que los ediles que no pertenecen a la comisión de Hacienda, como era su caso, debían tener al menos 48 horas antes de celebrarse la sesión de cabildo para su aprobación, la información sobre los estados financieros del municipio.

Pese a que la funcionaria le solicitaba a la Tesorería que se le hiciera llegar la información necesaria, acusó que no acontecía de esta manera. Además, el alcalde no reparaba en la falta de información de ella y otros ediles y aun así convocaba a las sesiones de cabildo.

En otros casos, la regidora acusó que desde la Tesorería municipal se estaban reteniendo sus percepciones ordinarias y extraordinarias y al solicitar informes del por qué estaba ocurriendo esto, encontraba evasivas para no informarle ni pagarle.

OTRO EXALCALDE VIOLENTO

Javier Castillo Viveros, exalcalde de Alto Lucero, está inscrito dos veces en el padrón estatal y nacional bajo las sentencias TEV-JDC-574/2020 y TEV-JDC-45/2020.

El ex edil ejerció amenazas y violencia política contra quien fuera la síndica única, María Griselda Mora Fernández.

Entre otros agravios, la ex edil hizo saber al Tribunal que el expresidente le dirigía amenazas, insultos o injurias y que si lo seguía “chingando” ordenaría que “la levantaran”. 

Lo anterior porque en ocasiones la síndica no firmaba los estados financieros, era corrida de las sesiones de Cabildo y se le empezó a reducir su salario.

“Le ha dicho ‘mira tú, vieja pendeja, tú solo eres una empleada y solo te voy a dar 15 segundos para firmar o si no te vas a arrepentir porque ahora solo vas a ganar 10,000 pesos, si quiero mañana te mando a levantar’”.

Además, el exalcalde le insistía que no le pagaría más su salario completo e incluso, aunque mandara oficios al Congreso acusando lo que ocurría en el ayuntamiento, no le iban a hacer caso, pues su salario “lo había utilizado para pagarle al Secretario General del Congreso” y por ello por más oficios que enviara, todos eran devueltos al ayuntamiento.

“… refiriendo que en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz también le entregaba dinero a la titular de esa institución”.

VULNERARON A FUNCIONARIA EMBARAZADA 

Hermas Cortés García, exalcalde de Lerdo de Tejada también está inscrito dos veces por ejercer violencia política de género contra Grecia Nataly Alvarado González, síndica única.

En este caso, la actora solicitaba, entre otras cosas, el reembolso de gastos que sufragó de su bolsillo, principalmente de medicamentos y atención médica como consecuencia de un accidente que tuvo en el desempeño de su encargo.

Alvarado González exhibió que, pese a que en reiteradas ocasiones envió escritos a la tesorería y con copia al alcalde para su reembolso, era constantemente ignorada.

Al respecto, el Tribunal encontró que no devolverle los recursos o no establecer un seguro que cubriera dichos gastos, impactaba de manera directa en la economía de la actora, además de que se vulneraba su derecho de petición.

Igualmente, se indicó que, durante el embarazo de la exedil, el desempeño de su cargo se vio obstaculizado, amén de que se confirmó un trato diferenciado en su agravio.

CAMBIARON LA CHAPA A SÍNDICA

El exalcalde Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, también está inscrito dos veces por haber ejercido violencia contra la síndica María Josefina Gallardo Hernández y la regidora única Brenda Flores Apale.

En los juicios TEV-JDC-544/2020 y TEV-JDC-30/2021 se estableció, entre otras cosas, que, durante la sesión de Cabildo del 27 de julio de 2020, se impidió la intervención y votación de las mismas en la propuesta de remoción y nombramiento de servidores públicos.

Lo anterior actualizó la obstrucción de sus encargos como ediles y les causó agravio a sus funciones.
Además, también se encontró que el presidente municipal impidió la entrada y salida libre de sus áreas de trabajo, al ordenar el cambio de las cerraduras de sus oficinas y no darles la llave de acceso.

TAMBIÉN SANCIONAN A MUJERES

En la lista no solo hay hombres sancionados sino también mujeres, como el caso de Daicy Faibre Montoya, exalcaldesa de Nautla, sancionada bajo el expediente TEV-JDC-147/2021.

El Tribunal Electoral de Veracruz declaró la existencia de la violencia política en razón de género ejercida por la presidenta contra la regidora tercera del Ayuntamiento en mención, por la obstaculización al derecho político-electoral de ser votada –en su vertiente del ejercicio y desempeño del cargo– y, en consecuencia, ordenó su inscripción en los registros, local y nacional, de personas sancionadas en la materia, por un periodo de cuatro años.

Se llegó a tal determinación debido a que, contrario a lo alegado por la presidenta municipal, el trato diferenciado de no convocar a la citada regidora a las sesiones y no proporcionarle la información necesaria para desarrollar plenamente sus funciones, implica discriminación y un impacto diferenciado y desproporcional respecto a los demás integrantes del Cabildo, lo que entraña violencia política en razón de género.

Por ello además de ordenar a la presidenta a convocar a la edil a las sesiones de cabildo cumpliendo los requerimientos de la ley orgánica, se facilitaran las condiciones para que desempeñara sus funciones libre acoso, hostigamiento o cualquier conducta que de manera material o simbólica propiciara un ambiente hostil sobre la actora.

MEDIOS EJERCEN VIOLENCIA

En el registro también hay empresarios de medios de comunicación y periodistas. Son los casos de José Abella García y Wilber Mota Montoya.

En el primer caso, el empresario cordobés, dueño de un medio de comunicación, fue denunciado por la exalcaldesa Leticia López Landero; sobre él pesan los procedimientos especiales sancionadores TEV-PES-6/2020 y TEV-PES-8/2022.

Para el caso, el Tribunal encontró que las expresiones manifestadas en las notas emitidas por la “Compañía Periodística el Buen Tono S.A. de C.V”; y las efectuadas por un aspirante a la alcaldía de Córdoba -Abella García- en las entrevistas realizadas en “Cultura es lo Nuestro” Asociación Civil –estación de radio 98.3 FM– constituyeron la citada violencia, toda vez que denigraron y descalificaron a la presidenta municipal en el ejercicio de su función pública.

Los comentarios sexistas y cuestionando su desempeño en la alcaldía por su condición de mujer, provocaron de acuerdo con el Tribunal, afectaciones psicológicas, al tener como fin la humillación y señalamientos contra López Landeros.

El otro caso hace referencia a la violencia ejercida contra la hoy presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez.

En el expediente TEV-PES-300/2021 el Tribunal encontró que el excandidato a la regiduría 7 por Morena, Wilber Mota Montoya ejerció violencia política en razón de género contra la hoy edil.

Ostentándose como periodista y titular de una página de Facebook, manifestó que su único logro para aspirar a la candidatura, era ser la esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Boca del Río y excandidato a la gubernatura del estado.

Lo anterior, indica el tribunal, refuerza el estereotipo de que las mujeres que llegan a puestos de elección popular lo logran gracias a políticos varones con los que tienen una relación de afinidad, no por sus méritos propios, sus propuestas y sus trayectorias.

“Por esta razón, dichas expresiones utilizan un lenguaje discriminador que no podría enmarcarse al amparo de la libertad de expresión en materia de comicios, ello porque destaca los prejuicios que históricamente se han asignado a las mujeres y hombres para ejercer posiciones de subordinación y poder y, por tanto, refuerza el ejercicio del rol que histórica y tradicionalmente se les ha asignado a las mujeres frente a los varones”, detalla la sentencia.

TEV, REBASADO 

En entrevista, Claudia Díaz Tablada, magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz confirma que, si bien Oaxaca es la entidad con más casos de violencia política, la tarea es evitar que estos se sigan dando en territorio veracruzano.

“Son regidoras, síndicas y presidentas municipales -las principales agraviadas-; pero nos encontramos ante un fenómeno particular porque no solamente se está presentando esta violencia de hombre a mujer, sino que también de mujer contra mujer o de mujer hacia hombres”, destaca.

La magistrada recordó que las sentencias incluyen como sanción el impedimento de participar a un cargo de elección popular por una temporalidad en concreto.

“Lo que está buscando la autoridad es una medida ejemplar para efectos que sea del conocimiento de toda la gente y que desistan o que se inhiban de realizar este tipo de conductas”, acotó.

 

ys