Javier es un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz que sueña con comprar una casa para su familia. Actualmente, junto con su esposa y sus hijos menores de edad, renta una vivienda en la región de Xalapa.

Una de sus principales preocupaciones es que algo pueda pasarle en cumplimiento del deber y que su familia se quede sin un lugar propio para vivir. Por eso trató de gestionar uno de los créditos hipotecarios anunciados el pasado 16 de marzo por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para los efectivos de la dependencia.

Sin embargo, al acudir a Banorte “se topó con pared”. Javier relata que el personal comenzó a darle largas y le pidieron regresar días después. Los asesores le dijeron que los apoyos aún no estaban listos.

Días después, el elemento estatal nuevamente acudió a una sucursal y tras realizar el trámite sigue esperando la llamada del banco para que le confirmen si tiene o no tiene derecho a acceder a una vivienda, tras más de un mes de espera.

 

 

Javier expone que, ni con el aumento de sueldo que el actual gobierno concedió a los trabajadores, ni con el convenio que recientemente anunció el Ejecutivo junto con Banorte, es factible que él y la mayoría de sus compañeros se hagan de un techo.

Como Javier, los operativos generalmente deben de alquilar casa en la periferia de la ciudad y quienes tienen una propiedad usualmente es gracias al apoyo de sus familias.

“El Gobierno anunció créditos, pero no son especiales para los policías, es un crédito normal a partir del pago de la nómina, por eso con el sueldo no da para pagar, ya que hay que estar pagando como 5 mil pesos al mes.

 

“Es una ayuda de ‘chocolate’ porque uno va al banco, hace los trámites, pero pasan los días y ni siquiera te devuelven la llamada para avisar si te pueden ayudar o si de plano no te alcanza”, afirma.

 

De acuerdo con el gobierno estatal, en 2018 la entidad ocupaba el lugar 22 a nivel nacional en cuanto a los peores sueldos del personal de seguridad en el país. En 2021, previo a su Tercer Informe de Gobierno, García Jiménez destacó que los elementos de la SSP actualmente están entre los 10 mejor pagados del país.

El mandatario aseveró que en su administración se generó un incremento salarial del 27.6 por ciento; pasando de un sueldo mínimo de 12 mil 159 pesos a 15 mil 895 pesos mensuales, lo que en su opinión dignifica el trabajo policial y el bienestar de sus familias.

No obstante, el sueldo que actualmente perciben la mayoría de los elementos operativos es insuficiente para que los bancos opten por concederles un financiamiento hipotecario, pues pagarlo absorbería más del 30 por ciento de sus percepciones, según explicaron a Javier

 

SUEÑO CASI IMPOSIBLE

De acuerdo con los datos ofrecidos por las propias autoridades de Veracruz, será complicado que los policías puedan acceder a una vivienda. El gobierno incluso ofreció apoyos de 10 mil pesos a los primeros 500 elementos que buscaran acceder al crédito, pero sólo un puñado, de los 6 mil 183 elementos de fuerza, lo consiguió.

Sobre el problema que enfrentan los policías veracruzanos en este sentido, ha habido diversas manifestaciones.

 

 

Por un lado, desde el inicio de su administración, el gobernador Cuitláhuac García manifestó que buscaría mejorar las condiciones de los policías de Veracruz, cuya cifra de activos ha sido duplicada.

De esta manera, en enero de 2019 se realizó un incremento del 10 por ciento en los salarios de los policías, acto que se replicó en marzo de ese mismo año.

Ya para septiembre de 2021, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, destacó que la policía veracruzana era una de las mejores pagadas, con un incremento del 27 por ciento en las percepciones.

De esta manera, sostuvo que a la fecha los elementos ganan más de 15 mil pesos mensuales.

 

“Al inicio del actual gobierno el salario era de 12 mil 159.52 pesos y para 2021 ascendió a 15 mil 895.10 pesos lo que representa un incremento de 3 mil 735.58 pesos más”, dijo en una conferencia conjunta con el gobernador.

 

La mejora en estas condiciones, sostuvo el gobernador apenas en marzo pasado, posibilitaría la oportunidad de que los elementos accedieran a créditos para vivienda vía nómina a través del Grupo Banorte.

 

“Un paso más en la visión de garantizar mejores condiciones de trabajo a quienes arriesgan su vida por los demás, gracias a la confianza de la banca en esta administración”, expresó en un evento el 15 de marzo ante decenas de policías.

 

El gobernador dijo que el ofrecimiento de estos créditos provino directamente de Grupo Banorte, por el “buen manejo” financiero en la entidad.

Ahí anunció además que los elementos estarían exentos de avalúos y comisión por apertura, mientras que los primeros 500 en iniciar el trámite obtendrían 10 mil pesos adicionales, y en general habrá seguro de vida por 100 mil pesos, con servicios médicos y funerarios, además de un curso de educación financiera.

 

 

García Jiménez afirmó que una policía le contó la situación por la que pasaban hace algunos años, cuando tenían que endeudarse y ser víctimas de “prestamistas usureros”, con quienes dejaban hasta la mitad de su sueldo, por lo que se tornaba necesario formalizar procesos de este tipo.

Sin embargo, a un mes de ese anuncio frente a policías, apenas 12 de todos los elementos que iniciaron el trámite para acceder a los beneficios extras, han tenido éxito.

De acuerdo con José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas en el estado, esto se debe a que supuestamente los policías están en buró de crédito o no tienen capacidad de pago.

Este último supuesto se contrapone al incremento de los salarios como una hipótesis para acceder a los créditos.

Es decir, de 70 solicitudes que se habían hecho con corte al 22 de abril, cuando la autoridad realizó un acto para entregar el primer crédito, el grupo financiero rechazó 18 por incapacidad financiera, 6 por buró de crédito, 33 por falta de documentación y uno por cambio de crédito, según reportó el titular de Finanzas a medios de comunicación.

 

“No es que se les haya negado el crédito o que no quieran dárselos, simplemente se han rechazado porque no cumplen con la capacidad financiera o no les dan los ingresos porque traen otros créditos que están pagando”, mencionó Lima Franco.

 

Javier, quien pide la reserva de su nombre, señala que muchos de sus compañeros accedieron a créditos de nómina con dicha institución bancaria y actualmente esa es la principal limitante para que el banco los contemple como beneficiarios.

“El gobierno sí aumentó los sueldos al personal operativo, pero la mayoría tiene préstamos por nómina y por tal motivo no les dan el hipotecario. Por eso no sirve el apoyo que se anunció”, añadió el policía.

 

MAL SABOR DE BOCA

No es esta la primera vez que los policías o sus familias se quedan con un mal sabor de boca de parte de las autoridades veracruzanas.

Propiamente en esta administración, aunque se hizo entrega de 40 viviendas a viudas y deudos de policías caídos en el cumplimiento de su deber, a más de 300 elementos se le adeuda el pago de su finiquito y demás beneficios laborales.

Es el caso de los exelementos que integraban la extinta policía intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, que siguen esperando que el gobierno del estado responda por el cobro irregular de sus cheques que se hizo en esta capital mientras a ellos les entregaban documentos sin valor alguno.

Y si bien es cierto que la estafa se realizó en la administración de Javier Duarte de Ochoa, una de las afectadas confirmó que se reunieron con Cuitláhuac García cuando anduvo en campaña a la gubernatura y les prometió pagarles en caso de ganar.

 

 

Sin embargo, ahora la defensa legal de los afectados confirmó que el caso se judicializará, pues el gobierno morenista reconoció que no podrá pagar las liquidaciones hasta que se investigue qué pasó con el dinero que les correspondía a los efectivos, pues la Secretaría de Finanzas y Planeación reporta que el dinero ya fue pagado.

Los policías no tienen claro hasta el momento quién cobró los cheques de los policías en la ciudad de Xalapa, pero de acuerdo con los peritajes iniciales, todos fueron firmados con una sola pluma de punto fino, además de que las firmas eran idénticas a las de hace 25 años que ingresaron algunos a la corporación.

Al paso del tiempo y derivado de un cúmulo de enfermedades crónicas que ya presentaban algunos, se vieron imposibilitados para seguir plasmando sus rúbricas y entonces ponían solo sus huellas dactilares. Sin embargo, en los cheques aparecían las firmas.

A la fecha, los expolicías tienen edades que van desde los 60 hasta los 84 años y tras aquel despido, no pudieron recuperar su vida laboral ni los ingresos que les permitieran un retiro medianamente digno.

Al paso de estos casi 7 años de haberse extinguido la intermunicipal, al menos 16 personas han muerto esperando justicia para ellos y sus familias.

 

 

 

 

FP