María del Pilar Arteaga Sierra tiene 60 años y lleva siete esperando que el gobierno de Veracruz pague la liquidación que le corresponde por los 15 años que trabajó en la extinta policía intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla.

Ella y sus más de 400 compañeros presuntamente fueron estafados con “cheques falsos” en el gobierno de Javier Duarte y nunca pudieron cobrar su dinero. Las administraciones estatales posteriores prometieron que les harían justicia, pero hasta ahora no hay avances.

 

 

De hecho, la defensa legal de los afectados confirma que el caso se judicializará, ya que el actual gobierno de Cuitláhuac García reconoció que no podrá pagar las liquidaciones hasta que se investigue qué pasó con el dinero que les correspondía a los efectivos, pues la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) reporta que el dinero “ya fue pagado”.

“No pedimos nada que no sea lo que nos corresponde, lo que trabajamos por años”, explica María, quien lamenta que el lapso de 7 años algunos de sus compañeros ha fallecido esperando justicia.

 

“TE VAS PORQUE TE VAS”

La mujer se desempeñó principalmente en funciones administrativas dentro de la corporación, con el cargo de policía cuarto.

Antes, estaba en la cocina y luego la trasladaron al área de multas. María del Pilar rememora que en el momento que fue disuelta la intermunicipal (julio de 2015), acababa de pasar por dos operaciones complejas, la primera de una mastectomía y posteriormente de un aneurisma cerebral.

“Acababa de regresar de un derrame cerebral y una mastectomía. Nos quitaron el seguro. Les valió habernos corrido así de esa manera”, recrimina al narrar sus primeras impresiones del operativo “Blindaje Norte”, que sustituyó con elementos de la Marina, el Ejército, la Fuerza Civil y la SSP, a los llamados intermunicipales.

 

“Ese día me tocó guardia y con violencia me sacaron de mi oficina y con palabras altisonantes. Nos trataron bien mal y nos dijeron ‘te vas porque te vas’. Firmamos un papel en blanco. Yo no quería firmar, pero era ‘firmas porque firmas’ y con un arma atrás, imagínese”.

 

La expolicía cuenta que todos los elementos estaban desprevenidos al momento que arribaron los oficiales a cargo de la desaparición de la intermunicipal, al filo de las 4 de la mañana, sin permitir que pudieran sacar siquiera sus documentos personales mientras los nuevos encargados de la seguridad decomisaron los objetos privados y celulares que tenían en las oficinas.

Los compañeros que estaban francos o de descanso, fueron sacados de sus casas por los estatales, acusa, “al puro estilo del crimen organizado”.

De acuerdo con la afectada, así los mantuvieron hasta cerca de las 2 de la tarde, amenazados en todo momento para cumplir con los requerimientos de los policías estatales.

“Que teníamos que firmarlos -los papeles en blanco- o si no, nos cargaba la chingada; prometían que nos iban a liquidar conforme a derecho, pero así no fue. Al final no hubo nada, hasta ahorita”, lamenta.

 

DE POLICÍA A VENDER ANTOJITOS

Casi 7 años después, María no sabe ni cómo ha sorteado la serie de problemas posteriores a su despido y el engaño del que fue parte.

Derivado de sus operaciones, debe continuar un tratamiento neurológico en el que además de las citas médicas, debe consumir medicamentos de patente que le representan un costo elevado y cuando no puede, debe comprar genéricos, lo que incluso le arrebata hasta 2 mil pesos al mes, dinero que debe conseguir sola pues no tiene hijos ni está casada.

Pero María no se truena los dedos solo por ella. Entre sus compañeros defraudados hay algunos con enfermedades crónicas que los han llevado a perder sus piernas o alguna otra extremidad; quedaron ciegos o sufren de presión alta.

 

 

En algunos casos, las enfermedades ya las arrastraban al momento de la disolución de la corporación y no se jubilaban por la seguridad social que aún tenían. Ahora ni a eso llegan y, en el camino, varios han fallecido siendo sus hijos y viudas quienes siguen los procesos.

Del problema de los cheques cobrados por alguien más, en su caso ni siquiera tuvo el documento en sus manos.

Su edad no le permitió a María acomodarse en otro puesto similar o donde pudiera ejercer los conocimientos que tenía, por lo que terminó vendiendo comida sobre pedido, oficio donde en ocasiones algunas de sus hermanas le ayuda.

 

“Me da un poco, pero no como yo quisiera y sin seguro y comprando medicinas. Yo quisiera justicia tanto para mí como para todos mis compañeros”, exige.

 

La mujer recriminó que Ulises Rodríguez Landa, encargado de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) les haya prometido que serían pagados sus cheques de liquidación, pero posteriormente se haya retractado de sus dichos, tachándolos incluso de mentirosos al afirmar que él nunca hizo compromiso de ningún tipo.

También lamentó que la administración de Cuitláhuac García les ha dado la espalda, pues particularmente hizo vallas humanas en su campaña cuando se acercaron a él a pedirle ayuda y este se comprometió a pagar lo que “gobiernos corruptos” no hicieron. Aun con ello, seguirá luchando.

 

 

“Como debe de ser. Tras 15 años de desveladas, lluvia, sol, todo para nada. Pues yo sí quiero que me paguen y también a mis compañeros porque yo he trabajado, no estamos robando.

“Tengo fotos donde anduve con él (el gobernador Cuitláhuac García). Andaba con mis compañeros haciendo valla cuando andaba en sus campañas aquí en La Concha, en Poza Rica”, lamenta.

 

La estampa de las promesas lleva repitiéndose por dos administraciones y en ambos casos cuando se llegó al poder, las cosas cambiaron y comenzaron a darles largas.

Respecto a los señalamientos por hechos de corrupción e incluso de desapariciones forzadas a cargo de la intermunicipal de la zona norte, la mujer afirma categórica que no existió tal cosa en la corporación.

“Yo estoy limpia señor, estoy limpia”, subraya luego de que el gobierno de Javier Duarte justificó la medida señalando la infiltración del narco en las intermunicipales.

 

SOLO LES DAN LARGAS

Sobre el proceso penal 808/2019 el también expolicía y abogado Adder Juárez Téllez, confirmó que el proceso será judicializado pues si bien en una reunión en esta capital, Ulises Rodríguez Landa prometió que serían cubiertos sus pagos, posteriormente les informó que los más de 150 expolicías que representa, de los 400 afectados, ya estaban liquidados de acuerdo con los archivos que obran en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

El abogado manifiesta que Rodríguez Landa dejó claro que solamente si la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) determina que hubo fraude y los elementos no recibieron su pago conforme a derecho, es que se liberarán los cheques, de otra forma la promesa de pago no se concretará.

 

 

“Dio su palabra y dijo que era un hombre de palabra. Y no lo dijo solo delante de mí, lo dijo delante de los cuatro del comité. Desgraciadamente no tenemos como grabarlo porque nos quitan los teléfonos a la entrada, pero hay testigos”, señala.

 

Cabe recordar que, en febrero pasado, un grupo de expolicías llegó a Xalapa y se manifestó en las instalaciones de la Torre de la SSP exigiendo las liquidaciones tras el tiempo que trabajaron para la policía, por lapsos que van hasta los 25 años.

Incluso, este 14 de marzo, Juárez Téllez arribó por cuarta ocasión en un mes a las instalaciones de la Fiscalía General en Ávila Camacho, donde sostuvo una audiencia con el fiscal Manuel de Jesús González Gallardo, de la Fiscalía Anticorrupción, solo para que este confirmara que tras dos años y cinco meses después de haber puesto la denuncia correspondiente, no hay avance alguno y todo está en etapa de integración.

 

 

“Que no hay un avance, que sigue en etapa inicial. Hay una dilación y una omisión a los oficios turnados ya sea en la Unidad Administrativa de la SSP y en SEFIPLAN, donde queremos un proceso que se dé dignamente de acuerdo con los tiempos que deben llevar”, recriminó.

 

El abogado, quien también informó que han buscado la ayuda y acompañamiento de otras instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sostuvo que el mismo trato ha sido encontrado en estas peticiones pues, aunque se ha dado el acompañamiento, tampoco hay una resolución favorable para los extrabajadores.

Reiteró que la Secretaría de Finanzas tiene por cobrados los cheques que fueron liberados como finiquito para las centenas de elementos, aunque ha admitido no saber de dónde salió la partida para el cobro.

Ante ello, la dependencia le aseguró que enviaron oficios a la Contraloría Interna de la SSP para abrir la investigación correspondiente y se dé con los responsables.

“Sería un calvario, un proceso más largo y muy tedioso”, lamentó al recordar que todos los exelementos han tenido que desembolsar lo que no tienen para costear los viáticos y terminarse dando cuenta que las autoridades no avanzan en el caso.

Recordó que hasta el momento no está claro quién cobró los cheques de los policías en Xalapa, pero de acuerdo con los peritajes iniciales, todos fueron firmados con una sola pluma de punto fino, además de que las firmas eran idénticas a las de hace 25 años que ingresaron algunos a la corporación.

Al paso del tiempo y derivado de un cúmulo de enfermedades crónicas que ya presentaban algunos, se vieron imposibilitados para seguir plasmando sus rúbricas y entonces ponían solo sus huellas dactilares. Sin embargo, en los cheques aparecían las firmas.

A la fecha, los exelementos tienen edades que van desde los 60 hasta los 84 años y tras aquel despido, no pudieron recuperar su vida laboral ni los ingresos que les permitieran un retiro.

Al paso de estos casi 7 años de haberse extinguido la intermunicipal, al menos 16 personas han muerto esperando justicia para ellos y sus familias.

 

“El gobierno hubiera sido un poco más sensible en liquidar a quienes tenían ya la tercera edad y que tenían enfermedades crónico-degenerativas, pero no, barrió con todos”, recrimina.

 

 

 

 

 

 

FP