Abogados penalistas advirtieron que, pese a campañas de desinformación, desde el pasado tres de marzo las personas detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad pudieron solicitar su inmediata liberación, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró invalido ese delito. 

Celestino Espinoza Rivera, abogado penalista, descartó que la decisión de 11 ministros únicamente surtirá efecto hasta que sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado. Por el contrario, advirtió que ello ocurrió desde el tres de marzo de 2022, cuando el congreso de Veracruz se dio por notificado del fallo de la Corte. 

Celestino Espinoza Rivera

De acuerdo con la correspondencia del congreso local, fue la propia diputación permanente la que se dio por enterada de la invalidez del delito de ultrajes mediante el oficio SGA/MOKM/65/2022, el cual fue signado por el secretario de acuerdos de la Corte.  

"La declaración de invalidez de la Corte no es un acto legislativo, por lo tanto, ni el Congreso ni el Poder ejecutivo tienen que realizar acción alguna para que surta efectos, que se haya ordenado su publicación en Gaceta Oficial o en Diario Oficial no tiene que ver con la fecha en que surte efectos, sino únicamente para darle publicidad a la decisión”, apuntaló Espinoza Rivera. 

Pero no solo el congreso fue notificado de esta resolución de invalidez. La Suprema Corte también informó a Fiscalía y jueces de Veracruz, quienes deberían aplicar dicho criterio a personas detenidas únicamente por el delito de ultrajes, es decir, quienes durante su privación de la libertad no hayan sido imputados por otro delito.  

Aunado a la notificación de la SCJN a autoridades, la versión pública del Código penal de Veracruz ya contiene la declaración de invalidez por sentencia de la SCJN. 

Celestino Espinoza aclaró también sobre qué pasaría si los jueces llegaran a negar la libertad a los detenidos por ultrajes. 

"Los funcionarios judiciales que se nieguen a otorgar libertades solicitadas en audiencia, a recibir promociones para señalar fecha de audiencias o a negar la solicitud de sobreseimiento por la falsa apreciación de que la sentencia de la Corte debe estar publicada pueden ser sujetos de diferentes tipos de responsabilidad entre las que se incluyen la penal por incumplimiento de un deber legal”, respondió. 

El entrevistado aseguró que el desacato de los jueces podría derivar, incluso, en la solicitud de un juicio político contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero Cruz, por violentar los derechos humanos al ser omisa en notificar inmediatamente a sus juzgadores la manera de actuar ante esta declaración. 

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), al menos mil 33 personas fueron detenidas por este polémico delito, a partir del 12 de marzo de 2021, un día después de que se aprobaron modificaciones al artículo 331 del código penal. 

El 28 de febrero pasado la SCJN declaró invalidas esas modificaciones al considerar, entre otras cosas, faltas al principio de taxatividad o de claridad a la hora de redactar el delito de ultrajes, que castigaba hasta con dos años de prisión a quien “agrediera” de cualquier forma a cuerpos policiales. 

Tras el fallo de la Corte, abogados que simpatizan con el denominado Movimiento por la Justicia opinaron que estas campañas de información solo han servido para que la Fiscalía General del Estado (FGE) gane tiempo e impute nuevos delitos a los aun detenidos por ultrajes.

FP