Roberto ha pensado en el suicidio después de que fue detenido por ultrajes a la autoridad, a pesar de que su caso terminó de forma administrativa y no pisó la prisión. Él expone que su familia tuvo que endeudarse para pagar abogados, sobornos y también para que pudiera continuar su negocio tras quedar libre.

Relata que cuando fue detenido el pasado primero de octubre de 2021 su motocicleta fue asegurada y desde entonces no ha podido recuperarla, lo que colapsó su economía familiar al ser su principal herramienta de trabajo.

#Vídeo | Momento en el que elementos de la Fuerza Civil despojan a Roberto de su moto. @CEDHVeracruz @CNDH @FGE_Veracruz pic.twitter.com/O2QVDAzRnp

— e-veracruz.mx (@econsulta_ver) March 11, 2022

“Como hombre que trabaja todos los días me da mucha vergüenza pedir favores; a mí no me gusta pedirle nada a nadie, pero ahora lo tuve que hacer, porque si no mi hija y mi esposa se quedarían solas”, menciona.

A la fecha adeuda poco más de 40 mil pesos a familiares y amigos. Ante su desánimo, su suegra tramitó un crédito para prestarle el dinero y que adquiriera otra motocicleta. De esta forma ahora puede seguir con su venta de pan y volovanes en la región de Xalapa.

Pero el infierno de haber sido detenido por ultrajes a la autoridad sigue, afirma.

SALIÓ A COMPRAR PAÑALES

Fue un viernes que su esposa le pidió comprar pañales para su bebé. Él, por las prisas, se salió en su motocicleta sin un casco, en la comunidad de Pacho Viejo, donde cuidaba un rancho y a la vez vivía en una de las casas, con lo que se ahorraba la renta. 

De regreso, un retén de elementos de la Fuerza Civil lo detuvo cerca del penal y comenzaron a revisarlo de forma brusca, “tratándolo como a un perro, como a un animal”, recuerda.

“Yo no traía casco e inmediatamente supe que me iban a querer extorsionar por algún motivo, me preguntan de dónde vengo y a dónde voy y les digo que me dirijo a mi domicilio. Me dicen que me identifique, saco mi credencial que no es del municipio de Xalapa y me empiezan a cuestionar por qué traigo credencial de otro municipio.

“Yo le refiero ‘oficial limítese a hacer su trabajo, eso no es relevante’ y uno de ellos me contesta de forma vulgar ‘contesta lo que se te preguntó cabrón’ y ya me quedé callado porque estaban agresivos, saqué el teléfono y le comencé a hacer una llamada a mi esposa por cualquier cosa que me fueran a desaparecer. Me dicen cuelga el teléfono, nadie te dio permiso de hacer una llamada”, recuerda.

Afirma que, por ser una persona humilde, de piel morena y de baja estatura, los 8 policías lo discriminaron y lo empezaron a hostigar, se le abalanzaron a querer quitarle su teléfono y empezaron a golpearlo.

Cuando pidió auxilio y la gente alrededor empezó a congregarse en el retén, señala que los policías lo rodearon y simularon que dejaron de golpearlo. En realidad, lo peor estaba por venir.

Con la amenaza de romperle el dedo meñique si no entregaba las llaves de su motocicleta que sostenía precisamente con ese dedo, tuvo que entregarla. Lo esposaron y lo subieron a la patrulla. Parte de las agresiones quedaron grabadas en video por los vecinos.

¡Auxilio! Así gritaba Roberto, panadero xalapeño que fue detenido por ultrajes en 2021. Aunque no pisó la cárcel, no ha recuperado su moto que le decomisó la @SP_Veracruz y se endeudó porque era su medio de trabajo. En breve la historia @SolecitodeVer @CEDHVeracruz pic.twitter.com/FcO4Dv7fp0

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El hostigamiento no paró en la detención, sino que escaló al punto de que un elemento de nombre Héctor Getsemaní Colli Balan le tocó los testículos de manera brusca al subirlo en la patrulla, al tiempo que le gritaba que “era maricón”, lo que desató su ira.

“Me suben, me empiezan a golpear entre todos y me bajan la cabeza entre los asientos y uno se recarga en mi nuca. En el camino me van golpeando. Llegamos al libramiento de Coatepec y debajo de ese puente el que me venía golpeando se pasa a manejar y el otro se pasa conmigo.

“Yo tenía bastante miedo por mi vida y mi integridad, ya sabía que probablemente no iba a volver a aparecer”, recuerda al señalar que ha seguido de cerca las noticias donde los elementos participan en desapariciones forzadas o entregan a las personas al crimen organizado, por lo que no descartó que este fuese su fin.

Incluso pidió que lo mataran de una vez y dejaran de golpearlo. Los policías le decían que era un “pobre perro”. Para ese punto, el hombre empezaba a vomitar sangre.

“PÓRTATE BIEN”

Minutos después llegaron hasta el Cuartel de San José, en Xalapa, donde nuevamente el mismo elemento que presuntamente le tocó sus partes íntimas le advirtió que si se portaba bien y no andaba “de puto” lo dejarían encerrado solo 24 horas y posteriormente sería liberado. De lo contrario, lo mandarían a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con la intención de volver a su casa, indicó que, al pasar en revisión ante el médico legista, manifestó que se había caído de la motocicleta cuando iba de regreso, para justificar las lesiones.

Sin embargo, los elementos no cumplieron con su palabra. Tras la revisión, lo trasladaron a Coatepec donde fue presentado en la Fiscalía, pero rechazado por jurisdicción y remitido nuevamente a Xalapa. Entonces escuchó que podría ser acusado del delito de ultrajes a la autoridad, algo que no había escuchado en su vida.

“Llegando –a Coatepec- me recibe una señora y pregunta por qué me llevaron y respondieron que por ultrajes a la autoridad. Hasta ahí supe de qué se me estaba acusando. Cuando me detuvieron nunca me leyeron mis derechos, nunca me dijeron los motivos”, recrimina.

DIFIEREN ESTADÍSTICAS DE SSP Y FGE

Recientemente, el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, dijo en entrevista que el policía únicamente se limita a plasmar en el Informe Policial Homologado (IPH) las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y es la Fiscalía la que califica el tipo penal, lo que genera distintas estadísticas entre ambas instituciones

“En el camino pudiera parecer que fueron ultrajes, pero a la mera hora el ministerio público puede decir ‘no son ultrajes, en realidad es este delito’”, dijo Gutiérrez Maldonado, a pesar de que la SSP informó que detuvo a más de 5 mil personas por ultrajes a la autoridad, aunque la Fiscalía reporta mil personas sujetas a proceso por dicho delito desde marzo hasta enero de 2022.

Para el caso de Roberto no ocurrió así. Manifestó que, al ser trasladado por los policías de nueva cuenta a esta capital, estos lo acusaron de querer exhibirlos ante la Fiscalía y revelar lo que le hicieron; por ello se adelantaron a declarar ante Margarita Enríquez Ponce, Fiscal tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, del distrito judicial XI Xalapa.

A Roberto no le recibieron su declaración, solo lo obligaron a firmar un oficio donde los policías manifestaron que el hombre iba manejando de manera temeraria, que lo detuvieron y cuando quisieron revisarlo este los intimidó con la frase “no saben con quién se meten”.

Lo acusaron de hacer una llamada sospechosa, de romper él mismo su teléfono y aventarlo a los policías, así como de irse a los golpes contra los 8 elementos armados. Los policías manifestaron que siempre trataron de calmarlo, que lo trataron bien y que iba bajo los influjos del alcohol.

Que posteriormente solo lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial y ese fue el papel de la SSP. Que nunca hubo golpes ni amenazas. Roberto iba vestido con short y llevaba sandalias, por eso cuestiona cómo pudo haber agredido a 8 policías.

PAGAN MOCHE POR SU LIBERTAD

El proceso posterior fue tortuoso. Los policías quisieron extorsionar a los abogados de Roberto y exigieron mil 500 pesos, pero no para retirar los cargos, sino para variar la acusación de ultrajes a la autoridad por la de lesiones y amenazas. La familia del campesino también debía retirar la queja ante Asuntos Internos que ya había promovido su esposa. Accedió a dar el dinero.

Y sí, una vez libre, Roberto fue a Asuntos Internos, pero a ratificar su queja. Posteriormente, acudió al hospital para evaluar y asentar sus lesiones. Acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a interponer una queja y fue al corralón para solicitar la devolución de su motocicleta. No lo logró.

Desde entonces la vida de Roberto cambió no solo porque no pudo recuperar su motocicleta para volver a trabajar, sino que su familia política tuvo que pedir prestado para pagar a los abogados, las diligencias necesarias y hasta la extorsión que le exigieron los policías.

Igualmente, tuvo que cambiar sus rutinas, los lugares donde acude a vender sus productos. Incluso, pensó en quitarse la vida porque tras este episodio, muchas personas perdieron la confianza en él, incluido quien le dio trabajo en el rancho.

“Él me dijo ‘no sabemos cuál fue el motivo, si lo que hiciste fue algo grave, si tuviste la culpa. Pero yo ya contraté a otra persona’; no me dio el respaldo y dejé de recibir mi salario, se me cerraron las puertas”, narra visiblemente afectado y con voz entrecortada.

Roberto recuerda que le suplicó a su patrón no dejarlo sin trabajo, sobre todo en ese momento tan complejo, pues también debía seguir manteniendo a su familia. Pidió al menos un tiempo para conseguir otro empleo, otra vivienda y aunque su entonces jefe le dijo que sí, luego tuvo que dejar todo y terminó perdiéndose el respeto a él mismo.

El hombre pide que la Secretaría de Seguridad Pública reestructure su organización operativa y se castigue a los malos policías, especialmente a Héctor Getsemaní Colli Balan y Rigoberto Paredes Anell, a quienes tiene identificados como parte de los agresores.

El proceder de estos ha marcado para siempre a Roberto, a quien sus conocidos le dicen que “agradezca” que no lo hayan matado o violado. No tiene que agradecer nada. Al contrario, alguien tiene que caer por lo que le ocurrió, opina.

“Es bastante vergonzoso que un padre de familia se tenga que humillar, porque uno es la figura fuerte en la casa y verme destruido de esta manera me pegó, me quebraron, me quebró el Estado. Ya no quería yo seguir”, lamenta.