En distintos momentos de su administración, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ha tenido ultimátums para presidentes municipales, llegando a recomendarles no tomar partido por ningún grupo del crimen organizado.

El suceso más reciente ocurrió el pasado 28 de febrero. El ejecutivo llamó la atención a la alcaldesa de Sayula de Alemán, la morenista Lorena Sánchez Vega, luego de que ella acusó a un periodista de participar en el homicidio de su secretario paeticular, Octavio Acosta.

Sobre el tema, García Jiménez pidió “serenarse” a la presidenta municipal afirmando que no se debe “litigar en medios”.

Sin embargo, aprovechó para señalar que han identificado conflictos entre bandas del crimen organizado en el sur de la entidad, insistiendo en su llamado a los presidentes municipales para que no tomen partido por nadie.

“Nosotros tenemos un trabajo ya con anterioridad para determinar que estos casos se deben a la disputa que hay entre 2 grupos de la delincuencia organizada; el Cartel Jalisco Nueva Generación y una escisión de los Zetas que se están cambiando los nombres muy seguido.

“Que los alcaldes no entren en contacto con estos grupos delictivos porque luego les exigen, a cambio, favores; lo mejor es cortar la línea con ellos y actuar en contar de los 2 bandos, esa es la postura de este Gobierno, cero pactos con los bandos”.

DETUVIERON A MORENISTAS

No es esta la primera vez que Cuitláhuac García lanza advertencias contra los alcaldes. En mayo pasado, antes de las elecciones, afirmó que habían detectado que varios partidos postularon a candidatos que tenían ligas con la delincuencia, advirtiendo que los denunciaría.

“Lamentablemente, postularon a algunas personas los partidos, en mi opinión no deberían ser siquiera presentables a la opinión pública”, expuso.

En junio de 2021, días después del proceso electoral que culminó con estas nuevas administraciones, confirmó que dichos candidatos no fueron electos y por ende ya no los exhibiría o denunciaría.

Pero a su vez, ya estaba solicitando a los electos que no permitieran que los grupos del crimen organizado se infiltraran en sus gobiernos.

“Impidan que los grupos delictivos se les acerquen. Impidan dar la policía municipal al jefe de plaza. Impidan darles la tesorería, la dirección de obras públicas. No permitan que se les infiltren”, advirtió.

Así, a unos días de la llegada de los nuevos gobiernos, la autoridad ministerial detuvo a Fabián “N”, alcalde electo de Lerdo de Tejada, quien fue acusado de secuestro agravado y vínculos con grupos criminales. Actualmente, el morenista está preso en el penal federal de Gómez Palacio, Durango.

Su lugar en la presidencia sería tomado por Ángel “N” el 31 de diciembre. En lugar de eso, también fue detenido por secuestro agravado.

El de Lerdo de Tejada, era uno de los dos ediles electos de los que el gobernador afirmó que existían serias sospechas de relacionarse con la delincuencia.

EDIL DE ALVARADO, EN LA MIRA

Otra alcaldesa sobre la que García Jiménez ha vertido alguna advertencia es Lizzete Álvarez Vela, presidenta municipal de Alvarado, abanderada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Puede ser una imagen de 1 persona

En este caso lo hizo incluso antes de que llegara al cargo. Ya en diciembre del año pasado adelantaba que había una investigación contra la edil debido a que podría tener vínculos con la delincuencia organizada.

Y tras algunos episodios y manifestaciones que involucran igualmente al Instituto Tecnológico de aquella demarcación, confirmó que está en la mira de las autoridades de Veracruz por fomentar movilizaciones que tienen cerrado este espacio educativo.

“Detrás de esa toma no están los estudiantes o sus demandas legítimas, hay la intención de Tomás Hipólito Tiburcio, ex candidato de Podemos, que trae un pacto con la alcaldesa de Alvarado, entendemos que son muy amigos y a cambio de acuerdos políticos quieren cambiar al director, impulsar a alguno de ellos o al propio Tomás Hipólito”, dijo.

A la presidenta, el gobernador de la entidad la acusa de ser responsable “por reuniones que sostuvo con personas que nosotros consideramos ligadas a la denuncia organizada”, dijo en una pasada conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

ADVERTENCIA Y TRAGEDIA

Otro caso que tuvo un trágico desenlace el 11 de noviembre de 2021 ocurrió en Jamapa, donde fue asesinada la presidenta municipal, Florisel Ríos Delfín.

Tras su deceso, el propio gobernador confirmó que le había advertido a la alcaldesa sobre presuntas irregularidades entre sus colaboradores, así como con la policía municipal, presuntamente implicada con grupos criminales.

Además, también reconoció que la difunta tenía amenazas de muerte y aunque se las comunicó al Secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, la presidenta afirmó que este se negó a apoyarla porque presuntamente la edil se negaba a solventar las irregularidades.

Entonces el gobernador dijo que, al estar la policía bajo investigación, devolverles las armas habría sido una irregularidad y “eso no podía ser”.

“Tampoco podíamos actuar en complicidad de quien tiene una orden de aprehensión”, justificó Cuitláhuac García.

El gobernador señaló que la corporación tenía dos años con portación irregular de armas, cinco de nueve policías no pasaron exámenes de confiabilidad y eran sospechosos de omisión en el asesinato de dos personas.

“Existieron varios homicidios en Jamapa, entre ellos el de dos personas cuyos cuerpos fueron arrojados en las inmediaciones del municipio de Manlio Fabio Altamirano, y la policía de Jamapa pudiera estar involucrada”, sostuvo.

FP