Los ciudadanos que a la fecha integran los cuatro concejos municipales que sustituyen a los cabildos en Amatitlán, Tlacotepec, Jesús Carranza y Chiconamel, tras la anulación de las elecciones realizadas el 6 de junio de 2021, tienen una característica en común: carecen de trayectoria política y están ligados a Morena.

En casos como el de Amatitlán, las personas designadas por el Congreso son del equipo cercano de la candidata por el partido guinda, Alma Rosa Hernández Rodríguez, quien triunfó en los pasados comicios, pero rebasó el tope de gastos de campaña.

Según los propios pobladores, quienes han vertido tales opiniones en redes sociales, por ello están a la espera de que inicie el proceso extraordinario, ya que en su opinión los legisladores no designaron a ciudadanos imparciales dentro del gobierno que funcionará desde el 1 de enero hasta el 31 de junio, puesto que los elegidos incluso han fungido como representantes de Morena.

El caso se replica en los otros 3 ayuntamientos, en los que el Congreso designó sin justificar o dar razones para hacer los nombramientos.

Para el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Víctor Manuel Andrade Guevara, no es un tema menor. El caso pasa por la opacidad al desconocer cuáles son los méritos que llevaron a estas personas en puestos relevantes dentro de un municipio.

El académico afirma que lo deseable en este tipo de casos es que hubiese una consulta entre los ciudadanos para designar a alguien con quien la comunidad se sienta representado mientras se realiza la votación para integrar los Cabildos. De lo contrario se corre el riesgo de que las autoridades “jueguen a favor de alguno de los candidatos”, lo que podría calentar los ánimos al interior de las comunidades.

El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales IIHS/UV añade que la anulación de 4 elecciones, así como el desarrollo de 4 comicios extraordinarios, son un hecho histórico que sentará presentes dentro de la vida democrática del Estado, de ahí la relevancia de que todas las autoridades involucradas actúen con transparencia.

CONGRESO NO HA RESPETADO LA LEY

En un proceso electoral histórico, enmarcado por la violencia hacia candidatos de oposición, cuatro elecciones fueron anuladas en Veracruz: Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.

En los dos primeros casos, la anulación se debió a que no se contaba con las actas de escrutinio y cómputo que dieran certeza al resultado de la elección. En los dos restantes, los ganadores rebasaron los topes de gastos de campaña.

Andrade Guevara basa su observación de desconfianza de estos concejos en el cuestionable trabajo legislativo que se ha realizado en los últimos años, donde las determinaciones que toma el Congreso han sido calificadas, en más de una veintena de ocasiones, de inconstitucionales por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Han cometido en este Congreso, y muchos de sus integrantes que están repitiendo en el cargo (tras triunfar en el proceso electoral de 2021), particularmente el presidente de la Junta de Coordinación Política -Juan Javier Gómez Cazarín-, muchos abusos; han tomado medidas totalmente contrarias a la Ley y al Derecho.

“No hay confianza de los criterios que pudieron haber tomado y máxime si no los hacen públicos. No caracteriza al actual Congreso una inclinación del respeto a la Ley, no hay una autoridad ni credibilidad morales para pensar que pudieron haber tenido un criterio de responsabilidad al momento de designar a los miembros de los concejos municipales”, dijo.

Luego de la anulación de las elecciones que hicieron tanto tribunales locales como federales, el Congreso mandató la instalación de concejos municipales que fungirán como los cabildos hasta el último día de junio, pues se realizarán cuatro elecciones extraordinarias el próximo 3 de abril.

Al respecto, una de las funciones del Congreso, además de ordenar las elecciones extraordinarias, es la de instalar a los concejos que harán las veces de cabildo, aunque con personas prácticamente impuestas por la LXVI Legislatura con mayoría morenista.

Para el caso de Chiconamel, estarán al frente Aldo Esaú Monterrubio Juárez, como presidente; Yadira de Jesús Vega Hernández, como vocal primera; y Ambrosio Fernández Hernández como vocal segundo.

Para Jesús Carranza se designó a Ranferi Plata Rodríguez, como presidente; Yessica Hernández Peña, vocal primera; Hirvin Gorospe Zetina; vocal segundo; Denisse Vanesa Solís Calixto, vocal tercera; y Gilberto Yoshizaky Mauricio, vocal cuarto.

En este caso ocurrió lo mismo que en Amatitlán. Ranferi Plata está ligado a Morena y fue representante del partido en las pasadas elecciones. El ganadero llega al puesto a pesar de la disputa que habría ocasionado que otro contendiente, Pasiano “N”, del PT, actualmente sujeto a proceso penal, fuera el triunfador de esa contienda.

De Amatitlán, se acusa que las personas allegadas a la candidata de Morena, Alma Rosa Hernández Rodríguez, quien ganó las elecciones, pero rebasó los gastos permitidos, son las que llegaron a estos puestos.

Así, actualmente gobiernan Karla Berenice Ávila Cobos, Giselle Calderas Camacho, Víctor Manuel Corro Victoria, Iván de Jesús Alemán Castro, Elizabeth Condado Hernández y Tania Beatriz Ortiz Sosa.

El mismo caso de rebase de gastos ocurrió en Tlacotepec de Mejía, donde Francisco Murillo, candidato de Podemos pero que ya se había sumado a Morena, no reportó gastos por casi 70 mil pesos.

Por ello, ahora funciona el concejo municipal encabezado por Dante Flores Marini, Virginia Cortes Rojas y Javier Rebollo Pérez.

Respecto a estas designaciones, Víctor Andrade Guevara sostiene que gobernar sin el voto de los ciudadanos y con la alta probabilidad de imposición del partido mayoritario, requiere en su lugar de un Congreso responsable que represente a los veracruzanos y respete la diversidad de preferencias políticas y electorales.

“Al no transparentar los criterios por los cuales se decidió el nombramiento de los concejos municipales, eso genera cierta desconfianza, sobre todo en un marco en el que pudimos ver la competencia electoral previa, que estuvo cargada de una serie de irregularidades que no fueron contenidas”, advierte

TRAICIÓN A LOS ELECTORES

El académico también hizo énfasis en lo que llamó “traición a los electores”, es decir, el fenómeno de ser abanderado por un partido y una vez obtenido el triunfo, pasarse a las filas de otros, como el caso de los nuevos ediles que ahora son de Morena.

“Lo que vemos es que hay presumiblemente actos de coerción, de coacción para obligar a los funcionarios electos por otros partidos a pasarse al partido mayoritario. Aquí hay una intervención tanto de la autoridad gubernamental estatal como el consentimiento de quienes se postulan por un partido e inmediatamente se pasan a otro.

“Es una falta de congruencia total. Una falta de respeto a sus electores haber ganado por un partido y que ni siquiera haya transcurrido un tiempo e inmediatamente pasarse al partido gobernante. Esa no es una práctica democrática, es una práctica que traiciona los principios de representación, de honestidad, de congruencia política”.

Aunque dejó claro que hay culpa de los funcionarios que prefieren cambiar de partido antes o al momento de tomar el poder, Andrade Guevara fue enfático al señalar que de por medio existe la amenaza y la coerción “corporativa”, es decir, el uso completo del Estado para obligarlos a hacerlo como el cualquier régimen autoritario en la política mexicana.

Cabe recordar que, a mediados de diciembre pasado, Morena presumió la adhesión de alcaldes de oposición a sus filas.

Así, se pasaron a dicho Instituto alcaldes emanados de todos los partidos: Cirilo Doroteo Esteban, de Citlaltépetl; Agustín Ramos Hernández, de Ozuluama; Celerino Hernández Mena, de Tancoco; Néstor Rodolfo Rivera Pérez, de Tempoal.

Además, Armando Fernández de la Cruz, de Chicontepec; Fernando Luna Solís, de Zacualpan; Javier Hernández Candanedo, de Misantla y Abraham Landa Candanedo, de Tenochtitlan, quienes anunciaron su cambio el 14 de diciembre de 2021.

Un día después, se unieron Cruz Ulises Cuevas Hernández, de Juchique de Ferrer; Nora María Acosta Gamboa, de Totutla; Luis Silvestre Morales Viveros, de Chiconquiaco; Francisco Murillo López, de Tlacotepec de Mejía y cuyo triunfo fue arrebatado por tribunales.

Así como Gloria Sánchez Reyes, de Tenampa; José de Jesús Landa Hernández, de Las Vigas de Ramírez; David Sangabriel Bonilla, de Banderilla; y Raúl Velasco Hernández, de Tlacolulan.

Igualmente, se sumaron Damián Hernández Hernández, de Rafael Lucio; Margarita Hernández Martínez, de Tatatila; José Rodolfo Durán Méndez, de Coacoatzintla; Marcos Isleño Andrade, de Medellín de Bravo; Humberto Odiel Olano Carballo, de Las Minas.

También se incorporaron Isaac Alberto Anell Reyes, de Teocelo; Gildardo Apodaca Quiñones, de Tonayán; Salvador Hernández Hernández, de Acajete; Miguel Ángel Uribe Tovar, de Cazones de Herrera y Arantxa Lizbeth Zamitiz Sosa, de Soledad de Doblado.

El académico advierte que Morena ha aprovechado de los procesos penales abiertos contra excandidatos, como el caso de Ángel “N”, quien, a unas horas de tomar protesta como alcalde suplente de Lerdo de Tejada, fue apresado por la Fiscalía General del Estado (FGE), circunstancia simular a lo que ocurrió también en Cazones de Herrera, con la detención de Omar “N”, alcalde electo por MC.

“Esta es una práctica que emula lo peor del antiguo régimen, que fue el PRI. Es exactamente lo mismo y quizá hasta de peor forma porque utilizan los medios más deplorables para sumar fuerza política”.

El investigador sostuvo que es lamentable que un partido ni siquiera haga un ejercicio de autocrítica, al no reconocer que postuló a candidatos que incurrieron en actos delictivos, además de valerse de los hechos de violencia que estaba obligado a contener para atraer a quienes sustituirán a los candidatos iniciales.

“Esos actos son propios del PRI en sus peores tiempos y son totalmente antidemocráticos porque implican una traición a la voluntad ciudadana. Aplicar esas estrategias de coerción, utilizando a la autoridad y los recursos públicos es propio de un régimen que vivimos durante la etapa de predominio del PRI, lo cual nos indica que en Veracruz no han cambiado los procesos políticos.

“Siguen las mismas prácticas, los mismos vicios y en este caso ejecutados por una fuerza que se dice que busca el cambio”, crítica.

Finalmente, al académico advierte que, aunque la autoridad no dio pie al combate del clima de miedo que influyó en los resultados electorales del año pasado, están por ver la luz los resultados de un análisis del proceso electoral del 2021, donde habrá de evidenciarse de que las votaciones transcurrieron en un entorno de miedo y de la intervención del crimen organizado y la delincuencia.

“Eso nos indica que todavía hay mucho que hacer para consolidar instituciones y procesos electorales verdaderamente democráticos en Veracruz”.