Por primera vez, las personas que se encuentran dentro de prisión podrán votar, así lo determinó el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, no serán todos los presos, sino solo dos mil 185 personas que se encuentran en prisión preventiva.

Las personas privadas de su libertad que se encuentran en prisión preventiva no están sentenciados por ningún delito, razón por la que sus derechos políticos siguen activos y, por ende, tienen derecho a votar. 

Se trata de una prueba piloto en la que el INE permitirá que estas poco más de dos mil personas voten de manera anticipada en las elecciones a diputaciones federales. 

Dicha jornada de votación se llevará a cabo el 17 de mayo y podrá extenderse hasta por tres días, aseguró el órgano electoral. 

De las dos mil 185 personas en prisión que podrán votar, mil 680 son hombres y 505 mujeres, número que podría disminuir si alguna de éstas no manifiesta su interés de participar o no estén inscritos en el Padrón Electoral.

Este es un número menor, pues actualmente hay alrededor de 90 mil personas que son susceptibles a tener este derecho al voto.

"(Esta decisión está) encaminada a que las personas que están en prisión preventiva y, por ende, no han recibido sentencia condenatoria pueden ejercer su derecho al sufragio, lo que constituye una medida de gran importancia en favor de los derechos humanos", señaló la consejera electoral Dania Ravel Cuevas.

La consejera Claudia Zavala Pérez, por su parte, aseguró que este plan piloto es el inicio para perfeccionar el voto a personas con prisión preventiva. 

El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, sostuvo que la prueba piloto que está implementando el INE "demuestra que es perfectamente posible garantizar derechos superando dificultades técnicas".

El director general de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, Juan José García Ochoa, señaló que serán la autoridad facilitadora entre el INE y las personas privadas de la libertad, para que puedan ejercer su derecho por primera vez.

La directora de Documenta A.C., María Sirvent, prevé que de ser un ejercicio exitoso, se logrará replicar hasta conseguir que todas las personas privadas de su libertad puedan ejercer su derecho al voto y a la información, así como conocer las plataformas de los candidatos y candidatas.

La fundadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, Valentina Lloret, consideró que este ejercicio permitirá romper con círculos de exclusión y aislamiento de personas en prisión preventiva, además de ampliar la visión sobre la reinserción social.