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AMLO pedirá a FGR informe de derrame en Tuxpan durante 2010

  • Carlos Caiceros
Movilizaciones continúan en Tuxpan y otras entidades; afectados acusan a excanciller Luis Videgaray de excluirlos de acuerdo reparatorio

Pescadores del municipio de Tuxpan, sumados a los de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, continúan exigiendo un acuerdo compensatorio por los daños ambientales provocados en el derrame de petróleo ocurrido en 2010 en el Golfo de México.

Los afectados se manifestaron esta mañana en el puente Tuxpan, situación que le fue señalada al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este lunes.

Al respecto, el Ejecutivo Federal dijo que solicitará un informe a la FGR sobre la denuncia que presentaron los afectados.

En la denuncia se acusa al excanciller, Luis Videgaray; al exembajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, y al representante Legal de la empresa British Petroleum Exploration & Production, William J. Noble, de realizar un cuerdo irregular.

“Es un asunto que lleva la Fiscalía, vamos a pedir que informen sobre este caso y saber más”, declaró López Obrador.

Incluso el Ejecutivo federal no descartó gestionar una mesa de negociación entre las partes en conflicto como las que se implementaron con los contratos asignados a la compañía TransCanada para la operación de gasoductos.

“Nada más que nos informe la Fiscalía como va la denuncia; es probable también que haya participado la Procuraduría del Medio Ambiente y hablar con los afectados y ayudar en la conciliación”, proyectó el presidente.

Los pescadores de distintas entidades, incluyendo los de Tuxpan en Veracruz, reclaman una indemnización por las afectaciones que provocó la explosión ocurrida en abril de 2010 en la plataforma Deepwater Horizon, ubicada en el Golfo de México.

El pasado mes de septiembre del año en curso, pescadores denunciaron al ex Canciler, al ex embajador de México en Estados Unidos y al representante Legal de la empresa British Petroleum, acusando un ejercicio indebido del servicio público y uso abusivo de funciones, por el acuerdo de desistimiento voluntario en favor de la compañía por el que la petrolera pagó a México 25 millones 500 mil dólares.

Los denunciantes señalan que no fueron incluidos en el fondo de compensación que British Petroleum dispuso, pues no se informó públicamente de dicho acuerdo, ni el destino final y aplicación de los recursos recibidos por el mismo.