Xalapa, Ver.-  En el marco de una ‘disculpa pública’ por el desalojo de adultos mayores en el año 2015 -cuando exigían el pago de sus pensiones- el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez plantea una reducción al presupuesto del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para el pago de las mismas en el Ejercicio Fiscal 2020.

El recorte, que se aplica a otras áreas de gobierno, poderes públicos y organismos autónomos, atentaría contra el derecho humano y constitucional que garantiza el pago de una pensión digna a trabajadores del Estado.

El ajuste se asume como un insulto a jubilados y pensionistas, afirmó Adriana Chávez Tejeda, presidenta de la Coalición de Pensionistas del Estado de Veracruz (Copipev), quien amagó con movilizaciones y reuniones con diputados para garantizar en el papel el subsidio al IPE.

El saqueo a las arcas del Instituto, considerado la caja chica de administraciones priistas, ha obligado al gobierno en turno entregar fondos extraordinarios, en calidad de subsidio, para garantizar el pago de pensiones y prestaciones a 30 mil 692 extrabajadores.

En 2019 se etiquetaron tres mil 129 millones de pesos; para el 2020 el monto que proyecta la Secretaría de Finanzas es de dos mil 812 millones de pesos, 317 millones de pesos menos, recursos que serían insuficientes para cumplir con el compromiso económico que se tiene con los trabajadores inactivos.

El propio proyecto de presupuesto, que se entregó el 10 de noviembre al Congreso local, plantea que el gobierno de izquierda busca reducir el monto que aporta para completar el pago de pensiones, al obligar al IPE incrementar sus ingresos.

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IPE planea recuperar cartera vencida

La propuesta de García Jiménez para apoyar la operación del IPE impactaría en los propios trabajadores que ahí cotizan, al obligar al pago de préstamos vía nómina.

El pasado 29 de agosto, se emitió el oficio SFP/1242/2019 en el que el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, estableció los lineamientos generales de austeridad y contención del gasto del Instituto.

Los objetivos, que se harán efectivos a partir de 2020, detallan que se debe incrementar la recaudación de cuotas y aportaciones de los entes incorporados, es decir, se cobrará los pasivos que mantienen.

Además, se buscará promover la incorporación de nuevos entes que coticen en el IPE; incrementar los productos financieros y el fortalecimiento de la Reserva Técnica que es de mil millones de pesos.

Irán tras los trabajadores que han incumplido con el pago de préstamos a corto plazo, para reducir la cartera vencida; medida que alcanzará a  ayuntamientos y otros entes, pues se firmarán convenios para que la deuda se descuente de manera directa a las participaciones federales.

Y se proyecta que la cobranza de préstamos domiciliados se dé vía nómina de los derechohabientes; además que la propia Sefiplan va a celebrar un convenio para reconocer la deuda con el IPE que se calcula es de 8 mil millones de pesos.

En documento detalla que los pensionados cotizaron en promedio 11 mil pesos, y el Instituto tiene que hacer frente a pensiones de más de 20 mil pesos, lo que tampoco abona al desequilibrio de los ingresos y los egresos del IPE.

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Pensionados saldrían a las calles a exigir mayor presupuesto

La integrante de Copipev, Adriana Chávez Tejeda, recordó que el gobierno del estado cuenta con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) -la 32/2018- en la que se les pide garantizar el pago puntual de pensiones.

En ese sentido, recordó que el gobierno está obligado a garantizar las pensiones de los jubilados a través del presupuesto de egresos, de lo contario estarían dispuesto a salir a la calle para obligar a que el dinero sea etiquetado.

“No pueden hacer eso de recortarlo y decir no, ya no alcanza, para nada, nosotros cotizamos 30 años, algunos más de 40 años, y ahora no pueden dejar al IPE desprotegido y quitarle el presupuesto”, planteó en entrevista con E-Consulta Veracruz.

La reducción, dijo, es una ofensa para los pensionados, y una violación más a los derechos humanos de quienes en otro momento formaron parte del sector productivo del estado, “no nos pueden salir con que ya no hay”.

El pasado 13 de noviembre el gobernador Cuitláhuac García, ofreció una disculpa pública a 35 pensionados que fueron golpeados en diciembre del 2015, mientras exigían al gobierno de Javier Duarte el pago de su pensión.

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Se busca garantizar el subsidio a través de convenios

Fuentes consultadas al interior del IPE, expusieron que los 2 mil 800 millones que se incluyen al proyecto de presupuesto es el recurso federal que se etiqueta cada año del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de la Entidades (Fafet), y se requiere al menos 600 millones de pesos de aportación del Estado.

El propio Instituto de Pensiones tiene ingresos por 4 mil millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones, que resulta insuficiente para cubrir los compromisos anuales del pago a pensiones y aguinaldo de jubilados.

Se conformó que existe pláticas con funcionarios de Sefiplan con la intención de garantizar la aportación a través de pago de deudas de cuotas y aportaciones del DIF, que debe 30 millones de pesos; del Tecnológico de San Andrés que adeuda 80 millones de pesos; el Tecnológico de Misantla que tiene pendiente el pago de 85 millones de pesos y el Cecytev que suma 370 millones de pesos.

Anualmente el IPE eroga 8 mil millones de pesos, de esos 210 millones de pesos corresponden al gasto operativo del instituto, el resto es para prestaciones y pensiones, gastos de funeral, invalidez, vejez, y jubilación de ex burócratas. Tan solo por el pago de aguinaldo se erogan 680 millones de pesos en el mes de diciembre.