Xalapa, Ver.- El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, se negó a pagar cerca de 3 millones de pesos a un proveedor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); tras ser multado por ello con 4 mil pesos, se amparó para no saldar esa infracción, consiguiendo la protección de la justicia federal.

El mandatario morenista, quien apenas en marzo pasado anunció el inicio de pago a proveedores del Gobierno del Estado, que arrastran adeudos desde la administración de Javier Duarte de Ochoa, buscó unos meses después, librarse de esas obligaciones institucionales acudiendo a los tribunales.

Como gobernador electo, señaló públicamente una y otra vez que cumpliría con dichas obligaciones heredadas de sus antecesores, pero un año después de esas declaraciones, la promesa quedó en el olvido.

García Jiménez promovió el pasado 6 de septiembre una demanda de amparo indirecto en el Juzgado Primero de Distrito, donde se le concedió la suspensión provisional, contra actos del Juez Decimoquinto de Distrito.

El gobernador reclama que como parte del juicio ordinario mercantil 67/2016 se le haya impuesto una multa de 4 mil pesos que no está dispuesto a pagar.

"El proveído del catorce de agosto de dos mil diecinueve y notificado el quince del mismo mes y año, dictado dentro del juicio ordinario mercantil 67/2016, por el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual impone una multa consistente en la cantidad de $4,000. 00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)", señala como acto reclamado.

En el amparo promovido, radicado en el expediente 819/2019, el mandatario afirma que el Juez Decimoquinto violó sus derechos humanos al imponerle esa sanción, que deriva de la condena de fecha 20 de junio de 2017, en la que debía pagar a María del Carmen Monroy García, la cantidad de 2 millones 209 mil 800 pesos, por concepto de almuerzos vendidos a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), actualmente a cargo de Zenyazen Escobar García.

Adicionalmente, en fecha 21 de febrero de 2018, se resolvió que el gobierno de Veracruz debía pagar también intereses moratorios generados por el pago principal al 24 de diciembre de 2017, en el orden de 651 mil 891 pesos.

El juez, apercibió este año al gobernador y al secretario Zenyazen Escobar que, de no pagar, les haría extensiva una multa, por 4 mil pesos, que finalmente hizo efectiva el pasado 14 de agosto; para no pagar dicha multa, el mandatario prefirió ampararse.

En el mismo proveído, el juez decimoquinto advirtió al gobernador y al secretario de educación a que, si no pagaban la multa, esta se elevaría a 7 mil 955 pesos con 48 centavos, lo que, de acuerdo con el mismo juzgador "dada la reticencia de la autoridad requerida para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria dictada en el presente juicio, y que, establecer una cantidad mínima podría generar para el erario público mayores gastos en su cobro que el importe de la multa misma".

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PROMESA INTERRUMPIDA

El pasado 3 de abril, y tras dos años de no recibir abonos de parte del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares; la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) inició el pago de proveedores de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

En un protocolo celebrado en las instalaciones de la Sefiplan, y con la asistencia de los dirigentes de cámaras empresariales, el titular de la dependencia José Luis Lima Franco anunció un primer abono de 8 millones de pesos a los acreedores del Gobierno de Veracruz.

En ese entonces, Lima Franco anunció una “planeación de entrega de pagos” para los socios de las cámaras de Comercio (Canaco), la de la Industria de la Construcción (CMIC), además de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa (CCE-X).

Lo anterior, aún y cuando al iniciar funciones, la Sefiplan, la Contraloría General del Estado y los órganos de control en las dependencias aplicaron trabas para reconocer las deudas con los empresarios. De hecho, en enero pasado, la Sefiplan admitió que por un “error en el sistema”, se carecía de la totalidad de la información de respaldo del adeudo entre el Gobierno de Veracruz con las cámaras.

Esto, agregado a la falta de una cifra exacta del adeudo real del Poder Ejecutivo con el gremio empresarial, al calcularse en un monto inicial de 11 mil millones de pesos, para después a 5 mil millones y al final, 2 mil millones de pesos.

El Gobierno de Veracruz anunció a los empresarios pagar un monto de 100 millones de pesos para todos los acreedores en 2019, sin embargo, en el caso de ciertas agrupaciones, como Empresas SOS, el reclamo es de 470 millones de pesos para 110 asociados.

Ante tales reclamos, el titular de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco admitió que debido a la falta de validación de los documentos de respaldo de la deuda institucional, la dependencia no los registró como pasivos de periodos anteriores.

Por lo anterior urgió a mejorar los candados del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz Versión 2.0 (SIAFEV 2.0), en los procesos de pago a proveedores y contratistas; además de la integración del Proceso de la Tesorería con el de ingresos y presupuestos.

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UNA EMPRESA MULTIUSOS

En el caso de la proveedora María del Carmen Monroy García, la prestadora suministró “cajas con almuerzos” a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) durante el ejercicio de Javier Duarte de Ochoa; y ante la falta de pago, la interesada procedió con formular denuncia contra los funcionarios de la dependencia en 2016.

Aunque la empresaria igual recibió invitaciones del Gobierno de Veracruz para participar en licitaciones públicas simplificada, como la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur), varió en la prestación de sus servicios.

Por ejemplo, en la convocatoria LS116T-00000-020-13, Monroy García pasó de vender “cajas de almuerzo” a proporcionar arrendamiento de transportes para el Hay Festival del año 2013.

De hecho, el despacho de abogados y auditores “Contadores y Abogados Corporativos”, en ese entonces encabezado por el ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, detectó irregularidades en el servicio de arrendamiento de vehículos del extinto Instituto de la Infraestructura Física de Escuelas, en el ejercicio 2009.

En ese entonces, el ente investigado pagó 110 mil pesos por la renta de automotores, y de esta cifra pagó 40 mil pesos a María del Carmen Monroy García; sin embargo, no existe autorización para dicho rubro y no existen constancias de la utilización del servicio.